El reclamo de Cortés se centra en la escala de deducciones que aplica el BNP a quienes optan por adelantar el cobro de sus Cepanim en efectivo en lugar de esperar el vencimiento del título. Según la tabla vigente de la institución, el descuento va del 15% para los certificados que vencen en 2029 hasta el 26% para los que vencen en 2032, en incrementos del 5% anual por cada año adicional de espera: 20% para vencimiento en 2030 y 23% para 2031.
"El 99% de quienes están haciendo este trámite no lo hacen porque quieran desprenderse del documento, sino porque necesitan esos recursos", declaró el dirigente en una entrevista televisiva, al insistir en que solo quienes cuentan con cierta holgura financiera pueden permitirse esperar el vencimiento pleno de los títulos sin recurrir al canje anticipado.
El gerente general del Banco Nacional, Javier Carrizo, respondió que la tasa aplicada es "razonable" y rechazó que la institución esté lucrando con el mecanismo. Explicó que el porcentaje de descuento se calcula a partir del costo anual de los fondos del banco, que se ubica entre 4.5% y 5%, multiplicado por el número de años que la entidad debe esperar antes de poder cobrar al Estado el valor del certificado.
Carrizo argumentó que cobrar una tasa menor a la aplicada generaría pérdidas para el banco, una situación que consideró inviable frente a la responsabilidad que la institución tiene con sus más de un millón de depositantes. El gerente anunció además que la tabla de descuentos, fijada inicialmente en 5% anual, será revisada cada seis meses para ajustarse a las variaciones del mercado financiero, de forma que el porcentaje de deducción disminuya de manera proporcional a medida que se acerque la fecha de vencimiento de cada certificado.
Frente a las condiciones ofrecidas por el banco estatal, un segmento de jubilados ha optado por acudir al sector cooperativo. Según indicó Cortés, la Cooperativa de Servicios Múltiples de los Funcionarios de la República de Panamá (COOFREP R.L.) ofrece una tasa unificada de 13.07% por la negociación conjunta de los cuatro certificados, una cifra sensiblemente inferior a la que aplica el BNP en los tramos de mayor plazo.
Carrizo calificó esa alternativa cooperativa como un "terrible negocio" para quienes la utilizan, en contraste con el mecanismo del banco estatal. Cortés cuestionó públicamente esa valoración: "Escuché al gerente del banco referirse al tema de los Cepanim y señalar, en una entrevista, que la cooperativa que actualmente está realizando estos pagos estaba haciendo un mal negocio. Ante eso, yo me pregunto: ¿Acaso lo que está haciendo el Banconal sí es un buen negocio? Por eso insisto en que, desde mi punto de vista, el banco está haciendo negocio con los Cepanim", respondió el dirigente gremial.
El origen de la controversia, según el Movimiento Mundo de Jubilados, se remonta al diseño mismo del programa de Certificados de Pago Negociables de la Caja de Seguro Social (CEPADEM), cuando se optó por saldar deudas mediante documentos negociables en lugar de desembolsos directos en efectivo. "Hemos estado en desventaja, porque se aceptó la propuesta de pagar mediante documentos negociables", sostuvo Cortés, quien considera que esa decisión colocó desde el inicio a los beneficiarios en una posición de desventaja frente a las entidades financieras que hoy intermedian el canje.
El mecanismo de los Cepanim se inscribe en un problema que ha marcado la relación entre la Caja de Seguro Social y sus asegurados: el pago tardío o fraccionado de sumas adeudadas a jubilados por conceptos como intereses de mora acumulados. La fórmula del certificado negociable buscó aliviar la presión financiera inmediata sobre la entidad, trasladando a los propios beneficiarios la decisión de esperar el plazo completo o asumir un descuento por liquidez anticipada.
El uso de instrumentos de deuda del Estado para saldar obligaciones no es inédito en la historia económica panameña. Los certificados negociables funcionan bajo una lógica financiera básica: un título que vence a varios años solo puede convertirse en efectivo hoy asumiendo un descuento que refleja el tiempo de espera y el costo del dinero, principio que subyace a la tabla del BNP y a la tasa que ofrecen las cooperativas.
La disputa expone una tensión de fondo: mientras el BNP defiende que su tasa refleja el costo real de fondeo de una institución con obligaciones frente a más de un millón de depositantes, los jubilados consideran que el Estado, a través de sus propios instrumentos de pago, termina beneficiando a la banca en detrimento de personas que, según el gremio, acuden al canje por necesidad y no por elección financiera.
El Movimiento Mundo de Jubilados ha planteado que las autoridades económicas revisen el diseño del programa, ya sea mediante una reducción adicional de las tasas de descuento o mediante mecanismos que permitan a la Caja de Seguro Social asumir directamente parte del costo financiero que hoy recae sobre los beneficiarios. No consta hasta el momento una posición del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ni de la Caja de Seguro Social sobre eventuales ajustes al esquema.
La revisión semestral anunciada por el gerente del Banco Nacional marca el próximo punto de referencia para este debate. De materializarse ajustes en el costo de fondos de la institución, la tabla de descuentos aplicable a los certificados con vencimiento entre 2029 y 2032 podría modificarse, un extremo que tanto jubilados como autoridades bancarias deberán confirmar en los próximos meses.
