La protesta se desarrolló entre las chabolas y construcciones precarias levantadas con plásticos, lonas y otros materiales de fortuna en las que estas personas permanecen desde la crisis migratoria registrada el pasado 30 de julio, cuando un elevado número de personas accedió a la ciudad autónoma en un episodio que desbordó los recursos de acogida disponibles. Los manifestantes insistieron de forma reiterada en que no desean regresar a Marruecos y exigieron ser escuchados por las autoridades españolas para poder tramitar formalmente sus solicitudes de protección internacional.
Esa figura jurídica está regulada en España por la Ley 12/2009, de 30 de octubre, reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria, que exige la valoración individualizada de cada expediente por parte de la Oficina de Asilo y Refugio (OAR), dependiente del Ministerio del Interior. Según testigos presenciales citados por los medios que cubrieron la concentración, algunas de las ONG y colectivos que prestan asistencia diaria en el asentamiento ayudaron a varios migrantes a elaborar y redactar los carteles exhibidos durante la protesta, además de acompañar y jalear la movilización, sin que conste una convocatoria oficial detrás de un acto descrito como espontáneo.
El contexto inmediato es la presión sostenida sobre los dispositivos de acogida de Ceuta desde finales de julio. La ministra de Sanidad, Mónica García, negó que exista un "colapso sanitario" en la ciudad autónoma, pese a que los centros de salud ceutíes han atendido a 5.800 personas desde el inicio de la crisis migratoria, según las cifras que citó la propia ministra.
Un precedente reciente: la crisis de mayo de 2021
La situación en Ceuta no es inédita. La ciudad autónoma, frontera terrestre de la Unión Europea con Marruecos junto con Melilla, ha vivido episodios de entrada masiva de migrantes en varias ocasiones. El más recordado es el de mayo de 2021, cuando más de 8.000 personas cruzaron la frontera en apenas 48 horas tras una relajación de los controles marroquíes, en el marco de una crisis diplomática entre Rabat y Madrid vinculada al Sáhara Occidental. Aquel episodio derivó en la devolución de miles de personas a Marruecos, una práctica que organizaciones humanitarias y el Defensor del Pueblo cuestionaron por su compatibilidad con las garantías del procedimiento de asilo.
El derecho de asilo en España se rige, además de por la ley nacional, por el Reglamento europeo de Dublín y por el Pacto sobre Migración y Asilo aprobado por la Unión Europea, que establece criterios comunes para determinar qué Estado miembro es responsable de examinar cada solicitud y fija estándares mínimos de acogida. Las organizaciones no gubernamentales presentes en Ceuta reclaman desde hace años mayor celeridad en la tramitación de expedientes y denuncian que las condiciones de los asentamientos informales, como el del Trampolín, incumplen los estándares de acogida digna previstos en la normativa europea.
Las posiciones de las partes
Fuentes del Gobierno español no han efectuado declaraciones específicas sobre la protesta del domingo, si bien el Ejecutivo ha defendido en anteriores episodios similares que la gestión de la crisis migratoria en Ceuta se ajusta al marco legal vigente y ha reclamado mayor implicación y financiación por parte de la Unión Europea para sostener los dispositivos de acogida en las fronteras exteriores del espacio Schengen.
Marruecos, por su parte, mantiene un papel central en el control de sus fronteras con Ceuta y Melilla en virtud de acuerdos de cooperación migratoria con España y la UE, que incluyen apoyo económico y técnico a cambio de la contención de los flujos hacia territorio español. Rabat no se ha pronunciado públicamente sobre la concentración, aunque en episodios previos ha reiterado su disposición a colaborar en la identificación y eventual retorno de sus nacionales, un extremo que rechazan de forma expresa los propios manifestantes concentrados en el Trampolín.
Las ONG que operan sobre el terreno continúan prestando asistencia básica —alimentación, atención sanitaria de primer nivel y apoyo legal— a la población del asentamiento, en un contexto de recursos limitados y de dependencia de la colaboración entre las administraciones autonómica, estatal y las entidades del tercer sector.
A corto plazo, el foco se sitúa en el plazo que los propios huelguistas se han marcado, el miércoles 19 de agosto, fecha en la que han advertido que evaluarán si mantienen o intensifican su protesta de no recibir respuesta de las autoridades sobre la tramitación de sus solicitudes. No consta hasta el momento que el Ministerio del Interior o la Delegación del Gobierno en Ceuta hayan activado un cauce específico de interlocución con los concentrados.
La crisis del Trampolín se enmarca, en un plano más amplio, en la presión migratoria que atraviesan de forma recurrente las fronteras meridionales de la Unión Europea, desde Canarias hasta el Mediterráneo central, y que ha llevado a Bruselas a impulsar el nuevo Pacto Europeo de Migración y Asilo, cuya aplicación efectiva por parte de los Estados miembros, incluida España, sigue siendo objeto de seguimiento por parte de la Comisión Europea.
