La causa contra Ochy llegó a manos del máximo tribunal por el fuero que ostenta como diputado del Parlacen. Conforme al artículo 2495 F del Código Judicial, corresponde al pleno de la Corte Suprema autorizar toda medida cautelar restrictiva de la libertad de un legislador —principal o suplente—, así como los secuestros, aprehensiones o cautelaciones que recaigan sobre sus bienes. Por esa condición, la magistrada Ariadne García fue designada fiscal de la causa.
El fallo se sustentó en los artículos 21, 23 y 32 de la Constitución, que consagran garantías del debido proceso y de la libertad personal, así como en los artículos 2495 F y 2574 del Código Judicial y en el artículo 12 del Código Procesal Penal. Ese artículo 12 establece que las medidas de coerción restrictivas de la libertad u otros derechos son excepcionales, y ordena al juez de garantías observar su carácter subsidiario, provisional, proporcional y humanitario al decretarlas. La Corte concluyó que, en el caso de Ochy, esos criterios se cumplieron.
La detención provisional es una medida cautelar orientada a asegurar la comparecencia del investigado, no una sanción ni una declaración de responsabilidad penal. Ochy continúa amparado por la presunción de inocencia mientras la causa sigue su curso. El habeas corpus rechazado por el pleno buscaba precisamente cuestionar la legalidad de la privación de libertad, argumento que los magistrados no acogieron.
El origen: la compra de Epasa con fondos públicos
El caso New Business tiene su origen en la adquisición de las acciones de Editora Panamá América, S.A. (Epasa), por parte de una sociedad —New Business— que, según la investigación, fue utilizada por un grupo de funcionarios y contratistas del Estado para canalizar fondos públicos con ese fin. Dentro de ese proceso, la jueza Baloisa Marquínez llamó a juicio a Ochy.
El recorrido judicial del diputado atraviesa varias etapas en dos países. El 5 de diciembre de 2023 fue detenido en Costa Rica en el marco de una investigación distinta, también relacionada con presunto blanqueo de capitales, causa de la que fue sobreseído por las autoridades costarricenses.
Pese a ese sobreseimiento, Ochy permaneció detenido en territorio costarricense luego de que el Estado panameño solicitara formalmente su extradición, esta vez vinculada al caso New Business. El trámite culminó con su traslado a Panamá el 2 de julio de 2025, fecha en la que quedó a disposición de las autoridades judiciales panameñas. Desde entonces ha permanecido bajo detención provisional mientras se sustancia la instrucción sumarial.
El fuero que ampara a Ochy determina que sea la Corte Suprema, y no un juzgado penal ordinario, la instancia que resuelve tanto las medidas cautelares como los recursos interpuestos durante la instrucción. Los integrantes del Parlacen gozan de inmunidad procesal en términos análogos a los de los diputados de la Asamblea Nacional, lo que traslada al pleno del máximo tribunal el conocimiento de estos incidentes.
El precedente más citado en Panamá sobre el juzgamiento de altas figuras con fuero es el proceso seguido contra el expresidente Ricardo Martinelli, cuya extradición desde Estados Unidos en 2018 y posterior juzgamiento marcaron la práctica reciente del país en materia de causas de alto perfil ante el máximo tribunal. Ese antecedente ilustra el papel central que la Corte asume cuando un investigado goza de inmunidad.
Consultada la situación de la defensa, ni Ochy ni sus abogados han difundido públicamente una posición sobre la decisión tras la notificación del Edicto No. 1028. El expediente permanece bajo reserva sumarial, conforme a las reglas del sistema penal vigente, que restringen el acceso público a las piezas procesales mientras dura la instrucción. El Ministerio Público, por su parte, ha sostenido la legalidad de la medida cautelar a través de la fiscalía designada.
El proceso continúa en fase de instrucción sumarial, etapa en la que corresponde a la fiscal Ariadne García reunir los elementos probatorios que sustenten o descarten una eventual acusación. De avanzar la causa, el expediente podría derivar en una audiencia de imputación y, posteriormente, en un eventual juicio ante la propia Corte, dado el fuero del investigado.
Cualquier variación en la medida cautelar, así como un eventual llamamiento a juicio, deberá pasar nuevamente por el pleno del máximo tribunal. El desenlace seguirá marcado por los plazos de la instrucción y por las decisiones que la Corte adopte respecto a la situación jurídica de Ochy y del resto de personas vinculadas al expediente New Business.