El aplazamiento de la declaración de Aldama no es un acto procesal menor. El empresario venezolano, que compareció como testigo en el juicio oral ante el Supremo hace apenas dos semanas y cuyas revelaciones sobre los mecanismos de pago de las comisiones sacudieron el procedimiento, tenía pendiente una declaración en sede de la Audiencia Nacional en el marco de las diligencias de investigación del caso Koldo en su vertiente de financiación irregular de partidos políticos. La Sección Cuarta de la AN, que investiga si parte de las comisiones generadas por los contratos de material sanitario durante la pandemia llegaron a financiar actividades del PSOE, ha reprogramado la comparecencia sin dar explicación pública de las causas del aplazamiento. Fuentes cercanas al procedimiento apuntan a «dificultades de coordinación entre las defensas» y a la necesidad de completar el análisis de nuevos documentos entregados esta semana por la UDEF de la Policía Nacional.
El rechazo del Supremo a la libertad provisional de Koldo García es el segundo en menos de tres semanas. La Sala Segunda ya denegó en abril una primera petición de la defensa, y ahora mantiene su criterio con una argumentación reforzada: el riesgo de fuga no ha disminuido porque García mantiene vínculos económicos y familiares en dos países que no tienen tratado de extradición operativo con España, y porque la expectativa de una condena severa —el fiscal pide 19,5 años— constituye en sí misma un incentivo para el abandono del territorio nacional. Los abogados de García han anunciado que recurrirán al Tribunal Constitucional alegando vulneración del artículo 17 de la Constitución, que garantiza el derecho a la libertad personal.
La ponencia de Marchena es el gran incógnito del panorama judicial español en este momento. El magistrado, que lleva en la Sala Segunda desde 2004 y que presidió el juicio del procés en 2019, se enfrenta a un procedimiento de una complejidad fáctica y jurídica inusual: 29 acusados, 14 sesiones de juicio oral, más de 80 testigos, 4.000 folios de informe de la UDEF, acusaciones que van desde la corrupción activa y pasiva hasta el blanqueo de capitales y la asociación ilícita, y peticiones de pena que oscilan entre los 3 años del abogado instrumental y los 24 años solicitados para el exministro Ábalos. La ponencia deberá resolver, entre otras cuestiones, si las declaraciones de Aldama como testigo de la acusación son suficientemente fiables para sustentar condenas de primer grado, dado que el propio Aldama está imputado en la causa y tiene interés directo en minimizar su responsabilidad penal señalando a los demás.
El calendario judicial tiene un componente político que nadie menciona abiertamente pero que todos tienen presente. El juicio oral finalizó el viernes 9 de mayo. Si Marchena trabaja a un ritmo normal — y las ponencias de su Sala se extienden habitualmente entre 6 y 10 semanas — la sentencia llegaría entre mediados de junio y finales de julio. Pero fuentes con acceso al entorno del Supremo hablan de una posibilidad más temprana: la semana del 19 de mayo. Es decir, cuatro días después de las elecciones andaluzas. Esta proximidad temporal no es consecuencia de ninguna instrucción política — los magistrados del Supremo son inamovibles e independientes — sino de la lógica interna del procedimiento: la ponencia está avanzada porque Marchena llevaba semanas trabajando en ella mientras el juicio oral se desarrollaba en paralelo, como es habitual en los grandes procedimientos.
La defensa de Ábalos ya ha anticipado su estrategia post-sentencia. El abogado del exministro ha anunciado en un comunicado que, cualquiera que sea el fallo, interpondrá recurso de casación ante el propio Supremo y, simultáneamente, una demanda de amparo ante el Tribunal Constitucional alegando que la admisión de determinadas pruebas obtenidas en la fase de instrucción vulneró el derecho a la defensa y el secreto de las comunicaciones. En un horizonte más largo, los abogados no descartan acudir al TEDH, aunque ese trámite requeriría agotar previamente la vía interna española, lo que podría extender el proceso judicial hasta 2028 o 2029.
La dimensión política del caso no se agota en los acusados presentes en el banquillo. La Audiencia Nacional sigue abierta en su instrucción, y la ampliación de la investigación a los pagos en obras públicas con vinculación al PSOE que se ha conocido este miércoles representa una nueva línea de avance que los investigadores consideran prometedora. Según fuentes de la Sección Cuarta, la UDEF ha identificado una serie de transferencias realizadas entre 2020 y 2022 desde cuentas instrumentales vinculadas a la trama Koldo hacia empresas de gestión de eventos que habían prestado servicios en congresos y actos del partido. El instructor ha pedido información bancaria adicional a tres entidades financieras y ha enviado un exhorto a las autoridades de Andorra para obtener información sobre dos cuentas en ese país.
La sensación que domina los pasillos judiciales esta noche es que el caso Koldo está a punto de entrar en su fase más políticamente explosiva. La sentencia del Supremo fijará el marco de responsabilidades penales del núcleo duro de la trama. La instrucción de la Audiencia Nacional ampliará o no el perímetro de imputados hacia figuras de mayor peso orgánico en el PSOE. Y los audios del caso Kitchen — filtrados hace semanas pero cuya valoración judicial por la Sala Segunda del Supremo está prevista para el 19 de mayo — podrían añadir una capa adicional de complejidad política a un paisaje ya saturado de litigios.
Los abogados penalistas más curtidos en grandes procedimientos coinciden en un diagnóstico: el caso Koldo no terminará con la sentencia del Supremo, sino que se ramificará en múltiples procedimientos simultáneos que podrían extenderse durante años. En ese escenario, la pregunta que más preocupa al PSOE no es si Ábalos será condenado — eso parece probable dado el peso de la acusación — sino cuántos más nombres propios de la estructura del partido aparecerán en los autos de la Audiencia Nacional antes de que el caso se clausure definitivamente.
