Según el relato de la PNC, el contacto se inició a través de una red social donde se anunciaba la venta de la motocicleta. Tras acordar el precio y el punto de encuentro, el interesado solicitó una prueba de manejo antes de formalizar el pago, práctica habitual en este tipo de transacciones entre particulares. Al subirse al vehículo, no volvió al lugar convenido, lo que llevó a la víctima a acudir a las autoridades.
A partir de esa denuncia, según la corporación, se abrió la investigación que derivó en la identificación y posterior captura del señalado en Soyapango, uno de los distritos más poblados del área metropolitana de San Salvador. El caso se tramita bajo la calificación de hurto.
El hurto está tipificado en el Código Penal salvadoreño y sanciona el apoderamiento de bienes muebles ajenos sin el consentimiento del dueño y sin que medie violencia o intimidación sobre las personas. Ese elemento —la ausencia de fuerza o amenaza— es el que lo distingue del delito de robo, penado con mayor severidad.
Chacón Lemus se encuentra en calidad de imputado. Conforme al procedimiento penal salvadoreño, corresponde a la Fiscalía General de la República (FGR) dirigir la investigación y, de hallar mérito, formular la acusación. El caso deberá pasar por la audiencia inicial ante un juzgado de paz, donde se resolverá sobre la medida cautelar aplicable y si existen elementos para continuar con la instrucción.
Será ese mismo juzgado el que valore, según los criterios legales, el riesgo de fuga y de obstaculización antes de fijar la medida correspondiente, que puede ir desde la detención provisional hasta medidas sustitutivas. Hasta que no exista sentencia firme, el imputado mantiene su condición de inocente, conforme a la garantía de presunción de inocencia contemplada en el artículo 12 de la Constitución de la República.
Las autoridades no detallaron si el capturado registra antecedentes penales ni si existen otras denuncias similares en su contra. Tampoco informaron sobre el estado en que fue recuperada la motocicleta ni si ya fue devuelta a su propietario. La defensa del imputado, cuando sea designada, tendrá la oportunidad de controvertir los elementos que presente la fiscalía en las etapas siguientes.
Las estafas y hurtos vinculados a ventas de vehículos pactadas por redes sociales no son un fenómeno nuevo en el país. La PNC ha alertado en distintas ocasiones sobre el riesgo de concretar compraventas de bienes de alto valor —motocicletas, vehículos, celulares— a través de plataformas digitales sin medidas de seguridad, como acudir acompañado o realizar la transacción en instalaciones policiales habilitadas para ese fin en algunas delegaciones.
El caso ocurre bajo el régimen de excepción, vigente desde marzo de 2022, período en el que se han intensificado los operativos policiales y las capturas por distintos delitos. No obstante, el hurto de bienes entre particulares corresponde al fuero penal común y no a los tipos penales asociados a estructuras de pandillas que motivaron la declaratoria de la medida, que suspende varias garantías constitucionales y ha sido prorrogada mensualmente por la Asamblea Legislativa.
El desenlace del proceso dependerá de las etapas siguientes: de arrojar la investigación elementos suficientes, la FGR presentará la acusación formal; de no hallarse mérito, el caso podría ser sobreseído en las fases iniciales. El juzgado de paz competente será el encargado de resolver los primeros pasos del procedimiento en los plazos que fija el Código Procesal Penal.
