El expediente describe una ruta contable elemental: recursos que salen de la Autoridad Nacional de Descentralización hacia una junta comunal y que, según sospecha la fiscalía, no terminaron donde la ley los destinó. La cifra bajo investigación, que supera los $400,000 según el Ministerio Público, no es una línea perdida en un Presupuesto General del Estado que se cuenta en miles de millones de dólares: en un corregimiento de la comarca es la diferencia entre una escuela con techo y una que gotea, entre un camino transitable y uno intransitable en invierno.
El Programa de Interés Social no fue concebido para financiar comodidades, sino para llegar a los lugares donde el Estado suele llegar tarde. De ahí la paradoja que el caso deja al descubierto: el mismo diseño pensado para saltar la burocracia y entregar recursos con rapidez a las comunidades más postergadas resultó, presuntamente, más fácil de intervenir que de fiscalizar. Cuanto más cerca del beneficiario final, menos controles encima. Descentralizar el gasto exige descentralizar también la vigilancia, y ese segundo paso, en Peña Blanca, quedó en entredicho.
Conviene ser precisos, como exige esta casa: se trata de una investigación en curso, con imputación de cargos por formalizar ante un juez de garantías, no de una sentencia. El exrepresentante y la extesorera conservan la presunción de inocencia y el derecho a ejercer su defensa dentro del proceso penal que ahora se abre. La diligencia, liderada por la Fiscalía Superior Anticorrupción con respaldo de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) y la Policía Nacional, permitió recuperar equipo tecnológico que será incorporado como evidencia, según el informe oficial.
El período auditado —2021 a 2023— es tiempo suficiente para que cualquier irregularidad, de haberla, dejara de ser un desvío puntual para convertirse en patrón sostenido. Y lo hizo, según la hipótesis fiscal, dentro de la estructura que por definición debería ser la más cercana y la más rendidora de cuentas ante su propia comunidad. Si el control falla en la escala más pequeña de la administración pública, la pregunta que sigue es qué ocurre en las escalas donde el dinero se cuenta por millones.
Un delito con historia en la República
El peculado —apropiarse de fondos públicos administrados por razón del cargo— tiene en Panamá una trayectoria tan larga como la propia República, y las juntas comunales no han sido ajenas a ella. La creación de la Autoridad Nacional de Descentralización y la transferencia directa de recursos a los corregimientos, impulsada en la última década, buscaba justamente acercar el gasto a la gente; casos como el de Peña Blanca recuerdan que acercar el gasto sin acercar el control abre un flanco que la fiscalización aún no cierra.
La marco procesal es claro. Los exfuncionarios serán puestos a órdenes de un juez de garantías, quien en la audiencia de control resolverá sobre la imputación de cargos y las medidas cautelares. El Ministerio Público ha adelantado que solicitará medidas proporcionales a la gravedad del daño económico reportado. Ese es el terreno donde deberá dirimirse todo: con evidencia, contradicción y las garantías del proceso penal acusatorio.
Que el engranaje judicial haya actuado —denuncia, evidencia, operativo— es la parte del sistema que responde como debe. La pregunta legítima que puede hacerse la ciudadanía es por qué ese mecanismo tarda en activarse mientras los recursos, presuntamente, ya seguían otro rumbo. La fiscalización preventiva, que en el gasto estatal recae sobre el refrendo de la Contraloría General, opera de otra manera en los fondos descentralizados, y ahí radica buena parte del debate de fondo.
La comarca Ngäbe Buglé no es una periferia abstracta: es el hogar de decenas de miles de personas cuyas necesidades básicas —agua, caminos, escuelas, salud— dependen de que estos programas funcionen sin fugas. Cada dólar desviado no compite con un lujo, sino con una obra pendiente. Mientras una comunidad esperaba resultados, el capital que debía sostenerlos circulaba, según la fiscalía, por otro lado.
Ahora corresponde al Órgano Judicial hacer su parte. De la audiencia deberá salir claridad: si hubo delito, que se sancione conforme a la ley; si no lo hubo, que la investigación lo demuestre con la misma diligencia con que se ejecutó el operativo. Los plazos inmediatos son cortos: la comparecencia ante el juez de garantías está prevista para las próximas horas, y de esa vista dependerá el rumbo cautelar del caso.
Peña Blanca, entretanto, sigue esperando lo mismo que antes de que estallara el caso: que el dinero público llegue, se quede y se convierta en algo tangible. La lección que deja el episodio, con independencia de su desenlace, es que la fiscalización del gasto no puede detenerse en la puerta del corregimiento más alejado del país, porque es justo allí donde más se necesita.