La captura se enmarca en el régimen de excepción, vigente de forma ininterrumpida desde el 27 de marzo de 2022, cuando la Asamblea Legislativa lo aprobó por primera vez a solicitud del Órgano Ejecutivo tras un repunte de homicidios atribuidos a las pandillas. La medida ha sido prorrogada mes a mes por el pleno legislativo desde entonces y suspende garantías constitucionales, entre ellas el plazo ordinario para que un detenido sea puesto a la orden de un juez y el derecho de defensa en las primeras horas tras la captura.
Las autoridades policiales no detallaron si Castillo Montecino contaba con antecedentes penales previos ni si figuraba en alguna requisitoria judicial vigente al momento de la captura. Tampoco precisaron si la intervención derivó de labores de inteligencia o de un operativo de verificación en el cantón San Sebastián, una zona rural del distrito de Santa Rosa de Lima.
La pertenencia a agrupaciones ilícitas y organizaciones terroristas está tipificada en el Código Penal y en la Ley de Proscripción de Pandillas, vigente desde 2010, con penas que se agravan cuando se acredita un rol de liderazgo o de financiamiento dentro de la estructura. La calificación jurídica corresponde en primera instancia a la Fiscalía General de la República (FGR), que deberá presentar el requerimiento fiscal ante el juzgado competente que reciba el caso.
La MS-13 fue declarada organización terrorista por la Asamblea Legislativa en 2015, decreto que consolidó la base legal para el tipo penal bajo el cual sería procesado el detenido. La estructura, surgida entre migrantes salvadoreños en Los Ángeles, California, en los años ochenta, se expandió en el país tras las deportaciones masivas desde Estados Unidos en la década de 1990, un fenómeno que marcó las tres décadas siguientes de política de seguridad en El Salvador.
Del proceso individual a las audiencias colectivas
Bajo el régimen de excepción, los tribunales especializados contra el crimen organizado han tramitado un elevado número de causas por pertenencia a organizaciones terroristas desde 2022, en muchos casos mediante audiencias colectivas que agrupan a decenas de imputados detenidos en distintos operativos. El detenido deberá ser puesto a la orden del juzgado correspondiente dentro de los plazos ampliados que contempla la medida, donde se resolverá su situación jurídica y se definirá si el caso pasa a la fase de instrucción ante un juzgado especializado.
El Órgano Ejecutivo, a través del despacho de seguridad pública, ha defendido de forma reiterada el régimen de excepción como la herramienta central de su estrategia contra las pandillas y le ha atribuido la reducción sostenida de la tasa de homicidios. Según cifras divulgadas por la PNC, El Salvador pasó de figurar entre los países con mayor tasa de homicidios por cada 100,000 habitantes en Centroamérica a ubicarse entre los de menor incidencia registrada en la región en los últimos años.
La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) y organizaciones de la sociedad civil han señalado en informes previos irregularidades en algunos procesos masivos, entre ellas capturas basadas únicamente en la presencia de tatuajes o en señalamientos vecinales sin verificación judicial individualizada. Sectores de la oposición legislativa han cuestionado, en cambio, la ausencia de controles judiciales durante las prórrogas mensuales y el hacinamiento carcelario derivado de las capturas masivas.
La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ha recibido múltiples demandas de inconstitucionalidad contra distintos aspectos del régimen de excepción desde 2022, sin que conste a la fecha una resolución que lo declare inconstitucional en su totalidad. El mecanismo de suspensión de garantías está previsto en la Constitución de la República y requiere aprobación legislativa por periodos determinados, lo que obliga al pleno a votar cada prórroga.
El caso de Castillo Montecino se suma a las capturas individuales que continúan reportándose en distintos departamentos, más de cuatro años después del inicio del régimen de excepción. No trascendió si el detenido cuenta con representación legal privada o si su defensa será asumida por la Procuraduría General de la República.
La PNC no indicó si el operativo en el cantón San Sebastián dejó otras capturas o decomisos asociados, ni si continúan diligencias abiertas en la zona. El expediente quedará bajo reserva mientras la FGR completa las investigaciones previas a la presentación formal del requerimiento fiscal ante el tribunal competente, paso que marcará el inicio del proceso judicial contra el detenido.
