Durante años, los caminos de estas comunidades del occidente del país permanecieron sin pavimentar, expuestos a la erosión provocada por las correntadas en el invierno y a la acumulación de polvo en la época seca. Esa condición, común en buena parte de la red vial rural salvadoreña, dificultaba el tránsito de vehículos y personas, especialmente en los meses de mayor precipitación, cuando las superficies de tierra se volvían prácticamente intransitables para el traslado de mercancías agrícolas.
Las cuadrillas de la DOM trabajaron de forma ininterrumpida hasta culminar cada una de las obras contempladas, según la información difundida sobre el proyecto. Los trabajos incluyeron la nivelación y compactación de la superficie, la construcción de una base estabilizada de suelo cemento y la colocación de una carpeta asfáltica de siete centímetros de espesor, un estándar técnico habitual en obras de este tipo para resistir el paso de vehículos pesados y las condiciones climáticas de la región.
Como obras complementarias, se instalaron cordones cuneta, canaletas, badenes y reductores de velocidad —también llamados túmulos—, además de obras de paso con tubería de 36 pulgadas de diámetro, muros de contención y señalización vial. Estos elementos buscan asegurar un sistema de drenaje adecuado, aspecto crítico en zonas donde las lluvias intensas suelen deteriorar rápidamente las vías que carecen de infraestructura de evacuación de aguas, y facilitar una circulación más cómoda y segura para conductores y peatones.
La mayoría de los residentes de San Luis, Santa Rosa y Santa Bárbara se dedica a actividades agrícolas, comerciales e industriales, sectores que, según la información del proyecto, ahora cuentan con mejores condiciones para el transporte de personas y mercancías. La obra también habría incrementado el valor de las propiedades en la zona y generado oportunidades de empleo durante su ejecución, un efecto habitual en proyectos de infraestructura municipal.
Financiamiento y fiscalización pendientes de detalle
La información divulgada no precisa el monto total invertido en el proyecto ni la fuente específica de financiamiento utilizada, datos relevantes para contrastar la ejecución con los techos presupuestarios aprobados por el concejo municipal para el ejercicio fiscal en curso. Las alcaldías salvadoreñas suelen ejecutar obras de este tipo con fondos propios o con transferencias del Fondo para el Desarrollo Económico y Social de los Municipios (FODES), que se nutre de un porcentaje de los ingresos corrientes netos del Presupuesto General de la Nación.
La distribución y el uso de esos recursos están sujetos a la fiscalización de la Corte de Cuentas de la República, encargada de auditar el manejo de los fondos públicos municipales. En el marco del Código Municipal, los concejos deben rendir cuentas del destino de las transferencias y de la contratación de obras de infraestructura vial.
San Sebastián Salitrillo es uno de los distritos que integran el municipio de Santa Ana Oeste, resultado de la reestructuración territorial aprobada por la Asamblea Legislativa en 2023, que redujo el número de municipios del país de 262 a 44 mediante la fusión de comunas colindantes, agrupadas en 44 municipios distribuidos en los 14 departamentos. Ese proceso buscó, según se argumentó entonces, optimizar la administración de fondos y mejorar la cobertura de servicios básicos en zonas rurales, aunque sus críticos advirtieron sobre el riesgo de alejar la gestión de las comunidades más pequeñas.
La inversión en infraestructura vial rural no es un fenómeno aislado en el occidente del país. La pavimentación de caminos vecinales ha sido una demanda recurrente de las comunidades agrícolas de la zona, que dependen del traslado de sus cosechas hacia mercados locales y regionales y para quienes el estado de las vías incide directamente en los costos logísticos de los pequeños productores.
Los habitantes de los cantones beneficiados podrán constatar en los próximos meses si las obras complementarias de drenaje resisten la temporada lluviosa, que en el país se extiende hasta octubre y que históricamente ha servido como prueba real para la durabilidad de este tipo de intervenciones viales. La rendición de cuentas ante la Corte de Cuentas y el concejo municipal permitirá, en su momento, verificar el costo y el origen de los recursos empleados en el proyecto.
