La inquietud de los servicios de inteligencia españoles se centra en la proximidad geográfica entre la futura planta y las instalaciones de Navantia en Ferrol, uno de los astilleros con mayor vinculación a la industria de defensa española y estadounidense. Allí se construyen, entre otros programas, las fragatas F-110 de la Armada, un proyecto que incorpora componentes tecnológicos sensibles y una estrecha coordinación con contratistas de Estados Unidos. Es esa vinculación con la industria de defensa norteamericana la que, según el material disponible, dota al expediente de una dimensión especialmente delicada.
Esas mismas fuentes sostienen que la Ley de Aceleración Industrial, presentada el pasado marzo, supone de facto una "reorientación de su política económica" hacia los terceros países con peso dominante en sectores tecnológicos clave.
Un umbral de 100 millones para las inversiones de terceros países
El proyecto de ley se centra en los riesgos para la seguridad nacional y afecta a inversiones extranjeras superiores a 100 millones de euros procedentes de países que posean más del 40% de las capacidades de producción mundial en vehículos eléctricos, pilas y baterías, energía solar y materias primas fundamentales. Para todas ellas fija condiciones precisas: mayoría accionarial europea, transferencia de tecnología, integración en las cadenas de valor de la Unión y creación de empleo. SAIC —que, según los datos citados por las fuentes comunitarias, fabricó el año pasado el 60% de los vehículos eléctricos adquiridos a nivel mundial— encaja en varios de esos umbrales.
La Comisión sostiene que los Estados miembros y ella misma evalúan "caso por caso" si una adquisición concreta supone una amenaza para la seguridad o el orden público y, en su caso, proponen medidas para mitigar los riesgos. "La Comisión es consciente de los posibles riesgos que la propiedad extranjera podría suponer para nuestras infraestructuras", señalan las fuentes consultadas, que añaden que "se considera la prohibición de una IED en los casos en que no parezca posible mitigar los riesgos". No obstante, subrayan que el Estado miembro receptor será el responsable último de la investigación, la decisión final y el seguimiento de las medidas. "La Comisión no está en condiciones de pronunciarse sobre operaciones concretas por motivos de confidencialidad", zanjan.
Cosco, Hamburgo y el precedente de los puertos
El caso ferrolano no es el primero en que una compañía china se instala en un enclave estratégico europeo. La naviera estatal Cosco posee un 24,9% de una de las principales terminales del puerto de Hamburgo —primero comercial de Alemania y tercero de Europa—, una operación que recibió el visto bueno del entonces canciller Olaf Scholz y que provocó una tormenta política en el país. Cosco y la también pública China Merchant Ports mantienen participaciones en puertos de Francia, Bélgica, Italia y Grecia. Estos antecedentes se enmarcan en un fenómeno que se remonta a la década pasada, cuando capital asiático aprovechó procesos de privatización y necesidades de financiación en el sur de Europa, especialmente tras la crisis de deuda de 2010-2012, para entrar en infraestructuras consideradas sensibles.
Al margen de la nueva ley, la Unión dispone ya de dos instrumentos de defensa comercial: el régimen de control de las subvenciones extranjeras y el sistema de control de las inversiones directas extranjeras, que trata de identificar si una operación compromete la seguridad o el orden público de un Estado miembro. Las fuentes comunitarias remarcan que ambos mecanismos se combinan con una revisión más amplia de las relaciones económicas con Pekín.
En España, el mecanismo de control de inversiones extranjeras directas se reforzó en 2020, cuando el Gobierno estableció un régimen de autorización previa para operaciones en sectores estratégicos, entre ellos la defensa, las infraestructuras críticas y las tecnologías sensibles. Corresponde en última instancia al Ejecutivo decidir si autoriza, condiciona o veta la inversión de SAIC en Ferrol, en coordinación con los mecanismos europeos.
Ni Defensa ni el CNI han realizado declaraciones públicas sobre el contenido exacto de sus advertencias. SAIC Motor tampoco ha difundido comunicado alguno sobre la controversia surgida en torno a la ubicación de su planta. La compañía, participada mayoritariamente por el Estado chino, ha protagonizado en los últimos años una expansión acelerada en los mercados europeos con marcas como MG.
El expediente se produce en paralelo a la tensión comercial entre Bruselas y Pekín por los aranceles a los vehículos eléctricos chinos, que la Comisión adoptó tras concluir una investigación sobre las subvenciones estatales al sector. La respuesta china con medidas sobre productos agrícolas y de lujo europeos ha marcado desde entonces la relación bilateral, un telón de fondo que condiciona la lectura política de operaciones como la de Ferrol.
A partir de ahora, el foco se situará en si el Gobierno impone condiciones específicas a la inversión —como garantías de transferencia tecnológica o limitaciones de acceso a determinadas zonas— y en el calendario de tramitación de la Ley de Aceleración Industrial en las instituciones europeas, un texto que, presentado en marzo, previsiblemente fijará el rasero para futuros proyectos de capital extranjero en sectores estratégicos. El proyecto de SAIC continúa, mientras tanto, en fase de tramitación administrativa en Galicia.
