El porcentaje balear encabeza un ranking en el que el peso de la compra extranjera se concentra en el litoral mediterráneo y en los archipiélagos. Tras las islas se sitúan la Comunidad Valenciana (31,03%), Canarias (29,33%), la Región de Murcia (23,71%), Cataluña (17,63%) y Andalucía (15,95%), según la misma fuente. El Colegio de Registradores subraya que todas las comunidades autónomas registraron incrementos trimestrales en ese peso, un fenómeno generalizado que en Baleares alcanza su expresión más pronunciada.
A escala nacional, la demanda extranjera tocó en el segundo trimestre un máximo histórico tanto en términos porcentuales como absolutos, con algo más de 26.800 operaciones sobre un total de 167.934 compraventas registradas en España. Esa cifra total supone un descenso del 5,7% respecto al primer trimestre del año y encadena dos trimestres consecutivos de caída en el conjunto del mercado, en contraste con el avance sostenido de la demanda foránea.
El reparto por nacionalidades dibuja un perfil diverso de comprador. Los británicos encabezan la lista con el 6,99% de las compras por extranjeros, seguidos de neerlandeses (6,94%), alemanes (6,11%), marroquíes (6,09%), rumanos (5,7%), italianos (5,13%), franceses (4,97%) y polacos (4,33%). Por áreas geográficas, el 57,39% de esas operaciones corresponde a ciudadanos de la Unión Europea, el 16,75% a otros países europeos no comunitarios, el 8,83% a compradores africanos, el 6,75% a asiáticos y el 6,35% a sudamericanos, según la estadística registral.
El precio medio de la vivienda en España alcanzó en el segundo trimestre un nuevo máximo histórico, con un crecimiento del 3,14% respecto al periodo anterior, situándose por encima de los niveles previos al estallido de la burbuja inmobiliaria de 2007. Aquel ciclo, que desembocó en la crisis financiera de 2008 y en una oleada de ejecuciones hipotecarias documentada en los años posteriores por el Consejo General del Poder Judicial, sigue siendo la referencia obligada de cualquier análisis sobre el mercado residencial español.
Baleares se confirma en ese contexto como la segunda comunidad autónoma más cara del país, con un precio medio de 4.311 euros por metro cuadrado, solo por detrás de la Comunidad de Madrid (4.477 euros). A escala de capitales de provincia, Palma ocupa la cuarta posición con 4.291 euros por metro cuadrado, superada únicamente por San Sebastián (6.420 euros), Madrid (5.534 euros) y Barcelona (5.045 euros), según el mismo registro.
Un debate sobre restricciones que topa con el marco europeo
La combinación de máxima proporción de compra extranjera, precios en récord y una oferta limitada por la orografía y el suelo urbanizable insular ha reavivado en Baleares el debate sobre qué papel debe jugar la Administración regional para frenar el impacto de la demanda internacional en el acceso a la vivienda de la población residente. El Govern balear, presidido por Marga Prohens (PP), ha defendido medidas centradas en incrementar la oferta de vivienda protegida y agilizar la tramitación urbanística, mientras que formaciones de la oposición han reclamado limitaciones más directas a la compra por no residentes, en la línea de las restricciones aplicadas en países como Dinamarca. El Gobierno central mantiene abierta desde 2024 la discusión sobre un posible recargo fiscal a la compra de vivienda por extranjeros no residentes en la Unión Europea, una propuesta que no ha cristalizado hasta la fecha en una norma tramitada en el Congreso ni publicada en el Boletín Oficial del Estado.
El marco jurídico vigente no contempla restricciones generales a la compra de inmuebles por parte de ciudadanos extranjeros en España, salvo excepciones ligadas a zonas de interés para la defensa nacional, reguladas por la Ley 8/1975, que exige autorización militar para adquisiciones en determinadas áreas costeras y fronterizas, incluidas partes del litoral balear. Fuera de ese supuesto, la libre circulación de capitales dentro de la Unión Europea y los tratados bilaterales de inversión con terceros países dificultan cualquier limitación férrea a la compra extranjera sin chocar con obstáculos legales de alcance europeo e internacional.
El fenómeno balear tiene además una dimensión estructural: la limitación física del suelo en un territorio insular, unida a la presión de un potente sector turístico, genera una competencia por la vivienda entre uso residencial, uso turístico y segunda residencia de no residentes que apenas encuentra parangón en la España peninsular, salvo, en menor medida, en enclaves como la Costa del Sol o la Costa Blanca. Ese desajuste se traduce en indicadores de esfuerzo de acceso a la vivienda que el Banco de España viene monitorizando desde hace más de una década, con un peso del precio sobre la renta bruta disponible de los hogares especialmente elevado en comunidades como Baleares, Madrid o Cataluña.
De cara a los próximos meses, el Colegio de Registradores publicará su siguiente Estadística Registral Inmobiliaria, con los datos del tercer trimestre —el de máxima actividad turística—, que permitirán comprobar si la tendencia alcista de la demanda extranjera y de los precios se mantiene. En paralelo, el Govern balear tiene pendiente concretar el desarrollo de su plan de vivienda, mientras que en Madrid continúa sin fecha definida la tramitación de cualquier iniciativa legislativa sobre fiscalidad diferenciada a la compra extranjera.
