El balance difundido por el Ministerio Público da cuenta de una actividad delictiva concentrada en hechos patrimoniales —robos y hurtos— junto con casos de violencia doméstica y lesiones personales. Es un patrón que las fiscalías panameñas suelen reportar en fechas de alta afluencia pública como el carnaval, cuando aumenta la concentración de personas en calles y establecimientos comerciales.
Uno de los episodios documentados ocurrió la tarde del 12 de febrero de 2024 en un establecimiento comercial del sector de Cuatro Altos, en el corregimiento de Cristóbal. Según el relato de la Fiscalía, tres ciudadanos habrían participado en la tentativa de robo del local, pero fueron aprehendidos por agentes de la Policía Nacional cuando intentaban huir del sitio.
Los tres aprehendidos fueron presentados por la fiscal del caso, Tatiana Aguilar García, ante el Juzgado de Garantías, instancia que —conforme al sistema penal acusatorio vigente en el país desde 2011— resuelve en audiencia de imputación si existen elementos suficientes para vincular formalmente a una persona con un delito. En esa audiencia se les imputó el delito de tentativa de robo y el juzgado dispuso detención provisional en su contra.
Esa medida cautelar responde al riesgo procesal —fuga o entorpecimiento de la investigación— y, conforme al Código Procesal Penal, no implica pronunciamiento sobre la culpabilidad ni equivale a una condena. Las tres personas detenidas permanecen, según lo informado, en la fase de imputación, a la espera de que el proceso avance hacia la etapa intermedia o de juicio.
Otro de los hechos señalados por el Ministerio Público se registró también el 12 de febrero de 2024, en el sector de Margarita, igualmente dentro del corregimiento de Cristóbal. Allí, cuatro ciudadanos habrían hurtado láminas de acero utilizadas en tanques de almacenamiento de aceites, en instalaciones de la zona portuaria e industrial colonense.
Estas cuatro personas fueron aprehendidas en flagrancia por la Policía Nacional y remitidas por la Sección Primera de Delitos contra el Patrimonio Económico de Colón ante el Tribunal de Garantías el 14 de febrero de 2024. En esa audiencia, dos de los hombres se acogieron a un acuerdo de pena de 48 meses de prisión y los otros dos aceptaron una pena de 63 meses, en el marco de la figura que permite negociar la sanción a cambio de la aceptación de responsabilidad, prevista en el Código Procesal Penal.
Ese acuerdo equivale, en términos procesales, a una resolución condenatoria de cumplimiento consentido, distinta de un fallo dictado tras juicio oral. A diferencia de los detenidos por la tentativa de robo en Cuatro Altos, quienes conservan la presunción de inocencia mientras avanza el proceso, estos cuatro ciudadanos sí aceptaron una sanción penal por esta vía.
Un despliegue continuo durante los cuatro días
La Sección de Atención Primaria de la Fiscalía de Colón, encargada de recibir y tramitar denuncias en tiempo real durante eventos masivos, mantuvo un esquema de trabajo continuo a lo largo de los cuatro días de carnaval. El Ministerio Público indicó que, como resultado de ese despliegue, se logró la aprehensión de ocho personas, de las cuales siete fueron llevadas ante el Tribunal de Garantías por la presunta comisión de delitos que alteran la paz social, categoría que en la práctica fiscal incluye desde riñas y desórdenes públicos hasta agresiones en espacios de aglomeración.
El Ministerio Público no detalló en su reporte si esas siete personas enfrentan actualmente medidas cautelares, imputación formal o si sus casos fueron resueltos mediante figuras alternas como la suspensión condicional del proceso.
El carnaval de Colón, uno de los más concurridos del país junto al de la ciudad de Panamá y Las Tablas, atrae cada año a miles de visitantes a los corregimientos de la provincia, lo que históricamente se traduce en un refuerzo de los operativos de seguridad de la Policía Nacional y en la activación de fiscalías de turno permanente por parte del Ministerio Público.
La provincia de Colón, con una economía marcada por la actividad portuaria, la Zona Libre y el tránsito de mercancías vinculado al Canal de Panamá, registra de forma recurrente hechos de criminalidad patrimonial que las autoridades asocian a la concentración de bienes y actividad comercial en corregimientos como Cristóbal.
La Fiscalía Regional de Colón y Guna Yala no indicó si prevé mantener un esquema similar de atención continua para futuras temporadas de alta afluencia, aunque el refuerzo operativo durante las fechas de carnaval se ha consolidado como una práctica habitual del Ministerio Público en distintas provincias en los últimos años.