El AMSS concentra buena parte de la actividad económica del país y también buena parte de sus problemas de movilidad. El parque vehicular salvadoreño ha crecido de forma sostenida en las últimas dos décadas, mientras la red vial primaria del área metropolitana no ha experimentado ampliaciones proporcionales, lo que se traduce en tiempos de desplazamiento cada vez mayores para quienes manejan a diario entre los municipios que la componen.
El mecanismo de aprobación de este tipo de financiamiento está definido en la Constitución de la República, que en su artículo 148 establece que la contratación de empréstitos voluntarios requiere la ratificación de la Asamblea Legislativa. Un préstamo de esta naturaleza sigue el trámite ordinario a través de la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto antes de llegar al pleno para su ratificación en el Salón Azul.
El BCIE es uno de los organismos multilaterales que tradicionalmente ha financiado infraestructura vial en El Salvador, junto con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial. Con sede en Tegucigalpa y del que El Salvador es país fundador junto con Guatemala, Honduras, Nicaragua y Costa Rica, la entidad ha financiado en las últimas décadas una parte significativa de la infraestructura carretera centroamericana, priorizando en su cartera regional los proyectos de conectividad e integración vial.
La participación del BCIE en proyectos de esta magnitud no es inédita. Administraciones sucesivas del Órgano Ejecutivo han recurrido a organismos multilaterales para financiar corredores, distribuidores viales y pasos a desnivel en el AMSS a lo largo de las últimas décadas, en un esfuerzo continuado por descongestionar los accesos a la capital.
La congestión vehicular en el AMSS ha sido objeto de diagnóstico técnico durante años. Los principales cuellos de botella se concentran en los accesos a la capital, particularmente en los ejes que conectan Santa Tecla, Soyapango y Apopa con el centro de San Salvador, corredores por los que transita a diario el grueso de la población laboral de la región metropolitana.
Hasta el momento no se ha detallado públicamente el listado completo de obras específicas que se financiarán con los $135 millones ratificados, ni los plazos de ejecución de cada tramo. Tampoco se ha precisado si el desembolso se realizará de forma escalonada conforme avancen los proyectos o si existe ya un cronograma de licitaciones asociado al Ministerio de Obras Públicas.
Escrutinio y fiscalización del endeudamiento
El endeudamiento externo salvadoreño ha sido un asunto de escrutinio recurrente. La Corte de Cuentas de la República tiene entre sus competencias fiscalizar el uso de los fondos provenientes de préstamos internacionales una vez ejecutados, una tarea que asumirá cuando arranque la intervención de los tramos viales previstos. La movilidad en el AMSS incide directamente en la actividad económica, dado que la región concentra una proporción elevada del producto interno bruto del país.
La bancada oficialista, con mayoría en la Asamblea Legislativa desde las elecciones legislativas de 2024, ha respaldado en el pleno las iniciativas de endeudamiento presentadas por el Órgano Ejecutivo durante la actual legislatura. No se ha reportado, según la información disponible, una votación dividida o un pronunciamiento de rechazo por parte de alguna fracción legislativa en torno a este préstamo específico.
El precedente más citado en el debate sobre endeudamiento para infraestructura vial en el AMSS corresponde a los préstamos con organismos multilaterales suscritos en años anteriores, cuyas obras tuvieron efectos desiguales sobre la reducción del tráfico, en parte porque no fueron acompañadas de una planificación integral del transporte público en el área metropolitana. Ese antecedente marca el listón con el que se comparará el rendimiento del nuevo financiamiento.
A partir de ahora, la atención se centrará en la fase de ejecución: la suscripción formal del contrato de préstamo con el BCIE, la identificación pública de los tramos viales a intervenir y los plazos de licitación de las obras. La Corte de Cuentas de la República tendrá la tarea de fiscalizar, en su momento, el uso efectivo de los $135 millones una vez iniciada la ejecución de los proyectos anunciados.
