La figura de la insistencia permite a la Asamblea Nacional ratificar un proyecto pese a las objeciones del Órgano Ejecutivo, siempre que reúna la mayoría requerida en el pleno. El respaldo de 50 diputados superó con holgura el umbral necesario y dejó en minoría a los seis que votaron en contra. Concluido el tercer debate, el expediente pasa a la sanción del Ejecutivo, un desenlace que —dado el origen de la objeción presidencial— permanece abierto y que, según lo consignado, no se ha resuelto a la fecha.
El proyecto introduce cambios sustanciales al régimen vigente desde 2022. Su punto más discutido atañe a los pastos marinos: mientras la ley actual prohíbe de forma general las actividades de construcción o modificación en esas zonas, la reforma habilita al Ministerio de Ambiente a autorizar determinadas intervenciones mediante permisos administrativos, siempre que —según los términos de sus impulsores— no impliquen un daño irreversible al ecosistema.
Robinson, quien preside el PRD y defendió personalmente la iniciativa, sostuvo que la reforma no debilita la protección ambiental sino que la especializa. Argumentó que los pastos marinos y los arrecifes coralinos son ecosistemas distintos que requieren tratamientos técnicos diferenciados, y que el proyecto otorga al Ministerio de Ambiente la facultad de regular y fiscalizar actividades compatibles con la conservación, sin renunciar a la prohibición de aquellas que generen daños irreversibles.
Como parte de su defensa, el diputado exhibió ante el pleno un video en el que el ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro, se pronunció a favor de permitir ciertas intervenciones. "Se pueden hacer algunas intervenciones en donde no haya un impacto fatídico para el pasto marino, sino que pueda darse desarrollo con sostenibilidad sin afectar gravemente ni de forma fatal los pastos marinos de Bocas", se escucha decir a Navarro en la grabación difundida en la sesión.
Robinson vinculó la reforma con el potencial turístico de zonas costeras como el Caribe de Colón y la comarca Guna Yala. "En el Caribe de Colón, en la comarca Guna Yala y en el resto del país es necesario que nosotros podamos tener la posibilidad de seguir creciendo en la materia del turismo", afirmó, y comparó el manejo de los pastos marinos con prácticas agrícolas: "El pasto marino es como la hierba (…) a veces sembrar arroz, a veces sembrar maíz. Eso es lo que hacemos en la tierra". El diputado rechazó de forma tajante los señalamientos que vinculan la protección de los pastos marinos con la salud de los corales: "El que está tratando de decir que el pasto marino va a acabar con los corales marinos está mintiendo", dijo.
Las objeciones de la Presidencia
La objeción del Ejecutivo se concentra precisamente en ese punto. El análisis de la Presidencia advirtió que el cambio de régimen —de una prohibición general a un esquema de permisos administrativos— flexibiliza de manera significativa las restricciones vigentes sin que el proyecto establezca criterios técnicos, límites o parámetros legales suficientemente claros para el otorgamiento de esas autorizaciones. A juicio del Ejecutivo, esa ausencia de reglas podría dejar un margen amplio de discrecionalidad en manos del Ministerio de Ambiente.
La objeción por inexequibilidad es el mecanismo mediante el cual el Órgano Ejecutivo cuestiona la compatibilidad de una disposición legal con la Constitución antes de sancionarla. Cuando el mandatario formula este tipo de objeción, el proyecto regresa a la Asamblea Nacional, donde el pleno puede acoger las observaciones, modificar el texto o insistir en su versión original mediante una nueva votación, como ocurrió en este caso.
El trasfondo remite a la Ley 304 de 2022, que estableció por primera vez en Panamá un marco integral de protección para los sistemas de arrecifes coralinos, los pastos marinos y las especies asociadas. Aquella norma surgió en un contexto de creciente atención regional a la conservación de ecosistemas marinos costeros, considerados hábitats esenciales para la biodiversidad del Caribe y el Pacífico panameños.
La tensión entre conservación ambiental y desarrollo turístico no es nueva en el debate legislativo panameño. Proyectos vinculados a la explotación de zonas costeras y comarcales han generado fricciones recurrentes entre el Órgano Ejecutivo y sectores que impulsan el crecimiento del turismo en áreas como Bocas del Toro, Guna Yala y el Caribe de Colón, regiones que concentran buena parte de los ecosistemas de pastos marinos y arrecifes coralinos del país.
Los seis diputados que votaron en contra no detallaron públicamente, según lo registrado en la sesión, los argumentos específicos de su disenso más allá de las observaciones ya planteadas por la Presidencia. El resultado de 50 votos a favor refleja un respaldo amplio dentro del pleno a la iniciativa de Robinson, pese a la oposición expresa del Ejecutivo.
De cara a los próximos días, el expediente queda a la espera de que la Presidencia se pronuncie sobre los pasos a seguir tras la insistencia legislativa. El marco constitucional panameño contempla distintas vías para dirimir este tipo de diferendos entre el Legislativo y el Ejecutivo, incluyendo eventuales recursos ante la Corte Suprema de Justicia si persisten dudas sobre la constitucionalidad de la norma, aunque no consta hasta el momento que se haya activado ese mecanismo.