La postura saudí se produce en un momento de tensión sostenida en las rutas del mar Rojo y el golfo de Adén, corredores por los que transita una parte sustancial del comercio entre Asia, Europa y África oriental. Según la declaración del Consejo de Seguridad, los incidentes con misiles contra suelo saudí se registran desde el 13 de julio y las acciones contra embarcaciones comerciales fueron notificadas desde el 22 de ese mes, una secuencia que ha reactivado la preocupación de navieras y aseguradoras por la seguridad de la vía.
El Consejo de Seguridad hizo pública su condena el viernes 7 de agosto y reclamó a los hutíes el cese de sus operaciones militares. El texto invoca de forma directa la Resolución 2216, aprobada por el propio Consejo en abril de 2015, que exige a este grupo armado yemení el abandono de las zonas tomadas por la fuerza, la entrega de armas sustraídas a las instituciones estatales y el fin de las acciones que amenacen la paz y la seguridad de Yemen y de la región.
En su comunicado, el Ministerio de Asuntos Exteriores saudí subrayó que el pronunciamiento del Consejo reafirma la obligación de acatar el Derecho Internacional y las resoluciones adoptadas en el seno de Naciones Unidas. Riad enmarcó ese respaldo en la defensa de la soberanía, la unidad, la independencia y la integridad territorial de Yemen, y reclamó rechazar cualquier conducta que pueda desestabilizar la región o comprometer la libertad y la seguridad de la navegación marítima.
El Gobierno saudí llamó a la comunidad internacional a asumir sus responsabilidades y a garantizar la ejecución de las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad. Reclamó, según su propia nota, una respuesta contundente ante unas actuaciones que, a su juicio, no solo ponen en riesgo la seguridad regional y el comercio internacional, sino que también entorpecen los esfuerzos diplomáticos para lograr una salida negociada al conflicto en Yemen.
Riad reiteró que seguirá comprometida con la defensa de su territorio y su soberanía, reivindicando el derecho del país a adoptar las medidas necesarias para proteger a sus ciudadanos, sus recursos y sus instalaciones frente a posibles ataques, siempre dentro del marco del Derecho Internacional. Al mismo tiempo, renovó su apoyo al Gobierno yemení reconocido por la comunidad internacional y al trabajo del enviado especial del secretario general de la ONU para el país.
Una guerra con más de una década de recorrido
El pulso entre los hutíes —movimiento armado de confesión zaidí, rama del chiismo, con base en el norte de Yemen, que operan bajo la denominación de Ansar Alá— y el Gobierno yemení reconocido internacionalmente se remonta a 2014, cuando el grupo tomó la capital, Saná, y forzó la salida del entonces presidente Abdrabuh Mansur Hadi. Arabia Saudí, junto con Emiratos Árabes Unidos y otros socios regionales, intervino militarmente en marzo de 2015 para intentar restaurar al Gobierno depuesto, en una guerra que la ONU ha descrito en distintos informes como una de las mayores crisis humanitarias del mundo.
Desde finales de 2023, los hutíes ampliaron su radio de acción más allá de las fronteras yemeníes, con ataques con drones y misiles contra buques comerciales en el mar Rojo y el estrecho de Bab el-Mandeb, en un contexto que el propio grupo ha vinculado a la guerra en la Franja de Gaza y a su respaldo declarado a la causa palestina. La escalada obligó a numerosas navieras a desviar rutas hacia el cabo de Buena Esperanza, con el consiguiente incremento de costes y plazos de tránsito, y llevó a Estados Unidos y a otros países a desplegar activos navales en la zona para proteger el tráfico mercante.
La reanudación de ataques directos contra suelo saudí desde julio, tras un periodo de relativa contención, reabre los temores a una escalada regional que involucre de nuevo directamente al territorio del reino, algo que no se producía con esta intensidad desde los ataques de septiembre de 2019 contra las instalaciones petrolíferas de Saudi Aramco en Abqaiq y Khurais, que paralizaron temporalmente una parte significativa de la capacidad de producción de crudo del país.
Riad reivindicó su derecho, amparado en el Derecho Internacional, a proteger a su población, sus recursos naturales —entre ellos las infraestructuras petrolíferas que sostienen buena parte de su economía— y sus instalaciones estratégicas frente a nuevos ataques. El país reiteró su respaldo al Gobierno yemení reconocido por Naciones Unidas y al trabajo del enviado especial del secretario general de la ONU, encargado de mediar en las negociaciones de paz.
Por parte de los hutíes no se ha registrado hasta el momento una respuesta directa a la declaración del Consejo de Seguridad ni al comunicado saudí. El grupo ha defendido en anteriores pronunciamientos que sus acciones contra Arabia Saudí y contra buques vinculados a Israel o a sus aliados constituyen una respuesta a lo que califica de agresión contra la población palestina, un argumento que Riad y otros actores internacionales rechazan.
El alcance de la declaración y los pasos siguientes
La declaración aprobada el viernes no constituye una resolución vinculante con mecanismos de sanción automática, sino un pronunciamiento político de condena que refuerza el marco ya existente de la Resolución 2216. Este tipo de textos del Consejo suele aprobarse por consenso entre los quince miembros, incluidos los cinco permanentes con derecho de veto —Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Rusia y China—, cuya coincidencia contrasta con posturas más distantes en otros expedientes de Oriente Medio.
El precedente más directo de esta censura colectiva es la propia adopción de la Resolución 2216 en 2015, aprobada tras la ofensiva hutí sobre Adén, que impuso un embargo de armas al grupo y exigió su retirada de las zonas ocupadas. Aquella resolución no logró en la práctica poner fin al conflicto, lo que ilustra las limitaciones de estos instrumentos cuando no van acompañados de mecanismos de aplicación efectivos sobre el terreno.
A partir de ahora, la atención se centra en si la declaración del Consejo se traduce en medidas adicionales, como un refuerzo de las patrullas navales internacionales en el mar Rojo o nuevas gestiones del enviado especial de la ONU para reactivar un proceso de paz estancado. Riad ha dejado claro que seguirá vinculando cualquier avance diplomático a la garantía previa de seguridad para su territorio y para el tráfico marítimo, una condición que previsiblemente marcará el tono de las próximas gestiones internacionales sobre Yemen.
