El traslado de partida es el mecanismo por el cual una entidad estatal reasigna recursos ya contemplados en el Presupuesto General del Estado hacia una necesidad específica. Moreno lo expuso ante los diputados que integran la comisión junto con el diagnóstico de la AAUD sobre la situación de los vertederos en la península de Azuero, y aclaró que hasta el momento no se ha formalizado ninguna contratación con cargo a esos fondos.
Según explicó el administrador general de la AAUD, el vertedero de Chitré concentra una de las mayores preocupaciones por su cercanía al centro urbano y al aeropuerto de la ciudad, lo que agrega un riesgo por la presencia de aves para las operaciones aéreas. En Las Tablas, la situación se complica por la permanencia de personas dentro del propio vertedero, que realizan quemas frecuentes de desechos que han llegado a afectar zonas de playa cercanas.
Con los fondos aprobados, la AAUD prevé ordenar los residuos acumulados, construir muros perimetrales con el propio material del vertedero, confinar los desechos con arcilla y habilitar celdas de disposición que prolonguen la vida útil de estos sitios. Moreno indicó que la estrategia contempla también brindar mantenimiento y acompañamiento técnico a los municipios de la región, que actualmente carecen de capacidad suficiente para el manejo adecuado de la disposición final.
Licitación pública frente a contratación directa
Uno de los puntos que generó mayor debate fue la modalidad de contratación de los equipos pesados. Moreno señaló que la AAUD prevé una licitación pública para el alquiler de maquinaria —entre ella un tractor, una motoniveladora, una pala excavadora, una retroexcavadora y camiones volquete de 20 yardas—, con un costo estimado de $139,200, ya que la entidad no cuenta con equipos propios suficientes. La idea, agregó, es mantener maquinaria especializada que pueda rotar entre los distintos municipios de Azuero.
El diputado Carlos «Tito» Afú manifestó su desacuerdo con esa vía. Según señaló, un proceso de licitación pública podría prolongarse más de diez meses, un plazo que consideró incompatible con la urgencia de los vertederos de la región. Afú planteó como alternativa evaluar una contratación directa, al advertir que la demora en la adjudicación podría derivar en una crisis de desechos en Azuero.
Moreno respondió que la vía de licitación pública se ajusta al marco normativo vigente para la adquisición de bienes y servicios del Estado, procesos que quedan sujetos en última instancia al refrendo del contralor general de la República para su validez. La discusión sobre plazos y modalidades quedó abierta, sin que la comisión adoptara una posición definitiva sobre el mecanismo de contratación.
El interrogante sobre Cerro Patacón
El diputado José Pérez Barboni cuestionó si el traslado de partida para Azuero podría restar recursos a los trabajos adelantados en el relleno sanitario de Cerro Patacón, principal sitio de disposición del área metropolitana, que meses atrás presentó afectaciones y cuya situación, por el momento, se encuentra controlada. Moreno aclaró que los fondos destinados a Azuero no afectarán esas labores: recordó que ya existe una orden de proceder para la construcción de una tina de vertido en Cerro Patacón, por un monto de $4.4 millones, obra que avanza de forma independiente.
La AAUD, entidad responsable del manejo de los desechos sólidos a nivel nacional, ha inspeccionado hasta el momento el 79% de los vertederos existentes en el país, mientras que un 19% ha sido intervenido con alguna acción correctiva, según los datos presentados por Moreno ante la comisión. Las cifras dan cuenta de un problema que trasciende a Azuero y que la entidad ha identificado como prioridad en distintas regiones.
La situación de los vertederos a cielo abierto no es nueva en Panamá. Desde hace más de una década, distintas administraciones han enfrentado señalamientos por la falta de rellenos sanitarios técnicamente adecuados fuera de la capital, lo que ha llevado a que numerosos municipios del interior dependan de vertederos sin controles ambientales suficientes. El manejo de los fondos municipales para el aseo urbano es, además, materia habitual de fiscalización por parte de la Contraloría General.
El traslado de partida avalado por la Comisión de Presupuesto deberá seguir el trámite correspondiente dentro de la Asamblea Nacional antes de que los recursos puedan ser ejecutados por la AAUD. La entidad no precisó ante los diputados un cronograma detallado para el inicio de las intervenciones en Las Tablas, Guararé, La Villa, Pedasí, Pocrí, Tonosí y Chitré, aunque Moreno insistió en que la prioridad inmediata es el ordenamiento de los sitios más críticos.
El punto que resta por definir es la compatibilidad entre los plazos de la licitación pública anunciada por la AAUD y la urgencia planteada por los diputados de la región. De la resolución de esa disyuntiva —licitación pública o contratación directa— dependerá la rapidez con la que los municipios de Azuero puedan contar con maquinaria especializada para atender uno de los problemas ambientales más persistentes del interior del país.