El informe, resultado de 184 entrevistas a funcionarios de gobierno, trabajadores humanitarios, líderes indígenas y comunitarios y organizaciones de derechos humanos, sostiene que las cifras disponibles apuntan a un fuerte aumento de casos desde 2023. Niños y niñas indígenas representan casi la mitad de los casos documentados, y más del 30% de los menores reclutados tenían entre 10 y 14 años, un rango de edad que, según el derecho internacional humanitario, convertiría su reclutamiento en un posible crimen de guerra.
"Se están llevando a toda una generación", dijo a la ONG un líder indígena citado en el informe, quien advirtió: "Están poniendo en riesgo la existencia de nuestra comunidad y nuestra cultura". La organización recogió testimonios de familias que llevan años sin noticias de sus hijos e hijas tras ser captados por estructuras armadas que operan en zonas rurales de difícil acceso para el Estado colombiano.
Juanita Goebertus, directora para las Américas de HRW, señaló a EL UNIVERSAL que a estos menores "les arrebatan la infancia y los convierten en piezas para la guerra. Los alejan de sus familias, los usan como mensajeros, para recopilar información o participar en combates, y las niñas quedan particularmente expuestas a la violencia sexual, incluidas relaciones forzadas con comandantes". Su recuperación y reintegración, cuando logran salir, describió, "es un camino largo y difícil. Muchos nunca vuelven a casa".
Facebook y TikTok como vías de captación
Uno de los hallazgos que más atención concentra es el señalamiento directo a las plataformas digitales. HRW afirma haber revisado más de 70 cuentas y 40 publicaciones en redes sociales que, según la organización, glorificaban la pertenencia a grupos armados e invitaban a usuarios a unirse a sus filas mediante ofertas de trabajo que funcionarían, en esencia, como artimañas destinadas al reclutamiento. Los reclutadores también habrían empleado foros de chat públicos y servicios de mensajería privada para contactar directamente a menores.
HRW acusa a las plataformas de no haber sido efectivas para detectar ni eliminar ese contenido, ni haber prevenido adecuadamente su difusión. "En algunos casos, sus algoritmos parecían promover estas publicaciones, lo que muy probablemente amplió considerablemente el alcance de los grupos armados", alerta el informe.
El documento atribuye el aumento de casos a una combinación de factores estructurales: la pobreza, la exclusión social, la violencia doméstica y las barreras de acceso a la educación en zonas rurales, condiciones que los grupos armados aprovechan para ofrecer a los menores promesas de poder, dinero y prestigio. HRW documentó además una red de intermediarios y reclutadores civiles que reciben pagos de hasta mil dólares por cada niño o niña captado, equivalentes a unos 16,897 pesos al tipo de cambio citado en el informe.
Según la organización, el reclutamiento ha ocurrido incluso dentro de escuelas rurales y residencias escolares, espacios que deberían representar protección para la niñez. El reporte no precisa plazos ni compromisos concretos por parte del gobierno colombiano ni de las empresas tecnológicas señaladas para atender sus recomendaciones.
Una práctica arraigada en el conflicto colombiano
El fenómeno no es nuevo en la historia reciente de Colombia. Durante el conflicto armado con las FARC, previo al acuerdo de paz firmado en La Habana en 2016, organismos internacionales ya habían documentado el uso sistemático de menores como combatientes, mensajeros o auxiliares dentro de las filas guerrilleras. El proceso de desmovilización que siguió al pacto buscó erradicar esa práctica, pero las cifras actuales muestran su persistencia entre las disidencias que rechazaron el acuerdo y las estructuras que se rearmaron con posterioridad.
Para México, el caso colombiano ofrece una referencia de un debate que también se libra en el país: el papel de las plataformas digitales en la exposición de menores a redes de reclutamiento delictivo. La captación de niñas, niños y adolescentes por células del crimen organizado ha sido documentada por organizaciones de derechos humanos en estados con alta disputa territorial, un patrón que comparte con Colombia la lógica de aprovechar la vulnerabilidad social en zonas con débil presencia estatal.
En San Lázaro, legisladores de la LXVI Legislatura han impulsado en comisiones iniciativas relacionadas con la protección de la niñez frente a contenidos violentos en internet, aunque ninguna ha derivado hasta ahora en un dictamen específico sobre reclutamiento forzado. El debate se inscribe en un marco jurídico internacional que México y Colombia comparten como Estados parte de la Convención sobre los Derechos del Niño y de su Protocolo facultativo relativo a la participación de menores en conflictos armados, que prohíbe el reclutamiento de personas menores de 18 años por grupos armados.
HRW adelantó que continuará dando seguimiento a la respuesta de las plataformas y de las autoridades colombianas, en un contexto donde persisten disputas territoriales entre disidencias armadas por el control de rutas de narcotráfico y economías ilegales en zonas con fuerte presencia de comunidades indígenas.