La distinción es técnica y decisiva. Que el agua del río cumpla con los parámetros para ingresar al proceso de potabilización no significa que el agua que sale del grifo ya sea segura para beber. Para cualquier morador de Los Santos o Herrera, la diferencia entre «agua potabilizable» y «agua potable» no cambia por ahora su rutina: seguir sin poder llenar un vaso del caño y bebérselo con confianza. El Idaan realiza trabajos de desinfección de las tuberías, mientras las potabilizadoras Roberto Reina, en Herrera, y Rufina Alfaro, en Los Santos, reciben ya, según Navarro, agua con calidad suficiente para ser tratada.
«La cuenca del río La Villa se logró estabilizar», sostuvo el ministro ante los diputados. «La conclusión del proceso es que el agua hoy se puede potabilizar y llega con calidad a las dos potabilizadoras», afirmó. Navarro atribuyó la mejoría a las medidas adoptadas durante la crisis, con participación de las autoridades, las comunidades y los productores de la zona. Es un progreso real. También es, quince meses después, un progreso que todavía no ha tocado ningún grifo.
Conviene no restarle mérito a lo logrado. Que una cuenca contaminada por sedimentos, agroquímicos y aguas residuales se estabilice en poco más de un año no es un resultado menor. El propio ministro destacó la participación de los productores porcinos: según explicó, los porcinocultores adoptaron las medidas exigidas por las autoridades y pagaron las multas impuestas durante el proceso. La pregunta que cabe formularle al Órgano Ejecutivo no es si hizo algo, sino por qué tomó quince meses hacer lo que —a juzgar por el propio relato oficial— era técnicamente posible antes.
Para atender la emergencia, el Estado destinó una partida extraordinaria de $5.9 millones. De esos recursos, cerca de $2 millones correspondieron a programas de reforestación, según Navarro, y el resto reforzó el monitoreo de la calidad del agua y la capacidad de Miambiente para detectar contaminación, además de fortalecer los equipos e infraestructura de la institución. Parte del dinero se destinó a construir, ya en plena crisis, la capacidad de vigilancia que habría convenido tener antes de que el río se contaminara.
Entre las instalaciones intervenidas está el laboratorio Los Canelos, en Santa María, Divisa, que el ministro calificó como un laboratorio «de categoría mundial» y que se refuerza ahora para convertirse en un centro de operaciones de emergencia de Miambiente para el centro del país. Bien por el laboratorio. Cabe preguntarse por qué el centro del país necesitó una crisis ambiental de esta magnitud para merecer una instalación de esa categoría.
Un espejo que llega con la factura por delante
Navarro calificó lo ocurrido en Azuero como «un espejo en el que nos tenemos que mirar todos los panameños» y advirtió que «lo que ocurrió en Azuero es el extremo de lo que vamos a vivir todos si no tomamos acción rápida». El diagnóstico es correcto. Pero llega en la misma comparecencia en la que se sustenta el presupuesto para 2027, y no antes de la crisis, cuando habría servido para prevenir en lugar de para ilustrar. Entre las amenazas, el ministro enumeró la contaminación por aguas residuales, los agroquímicos, la deforestación y la sedimentación.
Ninguno de esos fenómenos es nuevo ni secreto para quien haya seguido la actividad agropecuaria de Azuero durante las últimas décadas. La cuenca del río La Villa, compartida por Herrera y Los Santos, abastece a una de las zonas de mayor tradición ganadera y agroindustrial del país; la tensión entre esa actividad y la calidad de las fuentes de agua no la inauguró la crisis de 2025, apenas la hizo visible con una crudeza que el monitoreo previo no logró anticipar a tiempo para la población.
El propio ministro admitió el costo de no prevenir: «Las consecuencias van a ser devastadoras y no solamente en materia ambiental, sino en materia económica», señaló. Es un argumento a favor de la prevención formulado después del hecho. La pregunta que corresponde a la Comisión de Presupuesto —y que el material disponible no recoge que se planteara con contundencia— es qué mecanismo de vigilancia permanente, y no de reacción de emergencia, evitará que otra cuenca del país necesite quince meses y una partida extraordinaria para volver a ser potabilizable.
Panamá no carece de precedentes de contaminación de fuentes de agua que derivaron en emergencia sanitaria. En diciembre de 2013, la aparición de dietilenglicol en jarabes distribuidos por la Caja de Seguro Social —el llamado caso del envenenamiento masivo— dejó al descubierto cómo la ausencia de controles previos puede tener un costo humano irreparable, y cómo la respuesta institucional tiende a llegar cuando el daño ya está hecho. El patrón se repite: reconocimiento tardío de que prevenir sale más barato que remediar, seguido de la promesa de que la próxima vez se actuará distinto.
Quince meses entre la alerta y la recuperación de la cuenca es un plazo que cualquier ciudadano de Los Santos o Herrera puede medir en algo más tangible que informes técnicos: en el agua que aún hierve antes de tomarla, en las botellas compradas mientras el Idaan termina de desinfectar tuberías, en la confianza que se recupera más lentamente que los parámetros químicos de un río. La situación del agua que recibe la población sigue bajo atención de las autoridades.
El paso siguiente lo marcan dos calendarios. Uno, técnico: el Idaan debe concluir la desinfección de las tuberías para que el Minsa pueda declarar el agua apta para el consumo humano en los hogares de Azuero, sin que las autoridades hayan precisado una fecha. Otro, presupuestario: la Asamblea Nacional debe aprobar en tercer debate el Presupuesto General del Estado para 2027, dentro del cual se sustenta la asignación de Miambiente. Un presupuesto que se defiende con el argumento de la última crisis superada será tan creíble como los indicadores verificables que lo acompañen de que la próxima —si persisten agroquímicos, deforestación y aguas residuales sin resolver en el resto del país— se detectará en semanas y no en meses. Mientras tanto, en Azuero, el río ya se puede potabilizar. El grifo, todavía no.