La controversia se centra en la forma en que el viceministerio habría presentado los datos de consumo, que las gremiales consideran construidos sobre una base metodológica que no correspondería con las condiciones actuales del sector. El cuestionamiento de fondo no apunta únicamente a la cifra en sí, sino a la manera en que esta habría sido utilizada para caracterizar el estado de la actividad agrícola del país.
Desde el sector productivo se sostiene que la lectura estadística difundida no se corresponde con la crisis que atraviesan distintos rubros, entre ellos la caída de ingresos de pequeños y medianos productores frente a costos de insumos, combustibles y fertilizantes que continúan bajo presión. Las gremiales, según trascendió, describen la reducción del consumo reportada como un dato que no coincide con la realidad que enfrentan en el territorio.
El viceministerio de Agricultura y Ganadería no ha ofrecido hasta el momento una respuesta pública detallada a los cuestionamientos sobre la metodología o el alcance del estudio citado. Tampoco consta que CID Gallup —firma de investigación de mercado y opinión con presencia regional en Centroamérica— haya emitido una aclaración específica sobre el uso que se dio a sus resultados en el debate público salvadoreño.
El Ministerio de Agricultura y Ganadería es la institución del Órgano Ejecutivo encargada de diseñar y ejecutar la política estatal en materia agropecuaria, forestal y de desarrollo rural. Sus viceministerios presentan de forma periódica indicadores sobre producción, consumo y comercialización de rubros como granos básicos, café, caña de azúcar y ganadería, información que en ocasiones anteriores también ha sido objeto de debate entre el sector privado agropecuario y las autoridades.
Una tensión que se repite con distintos gobiernos
Las gremiales del agro salvadoreño, que agrupan a productores de granos básicos, hortalizas, café y otros rubros, han mantenido históricamente una relación de tensión con las cifras oficiales cuando estas no coinciden con la percepción de quienes producen en el terreno. La discrepancia no es nueva: desde la década de 1990, distintas gremiales agropecuarias han disputado en público cifras oficiales de cosechas, precios de garantía y niveles de importación, en un patrón que se ha repetido con administraciones de distinto signo tras la firma de los Acuerdos de Paz de 1992 y la posterior apertura comercial del agro.
El Banco Central de Reserva (BCR) publica de forma periódica indicadores sectoriales que incluyen la evolución del producto interno bruto agropecuario, cuya participación relativa en la economía nacional ha mostrado una tendencia declinante en las últimas décadas frente al peso creciente del sector servicios y las remesas familiares. Cualquier discusión sobre el estado del consumo agropecuario suele remitirse, en última instancia, a esos indicadores macroeconómicos oficiales, que constituyen la referencia técnica más citada en este tipo de debates.
Las gremiales agropecuarias, por su parte, no han detallado públicamente qué metodología alternativa proponen para medir el consumo interno de productos del agro, más allá de señalar que la cifra difundida no corresponde con la realidad que enfrentan los productores. La ausencia de una medición independiente contrastable deja el debate anclado en la percepción de cada parte.
La disputa tiene además una dimensión que trasciende lo técnico: las cifras de consumo y producción agrícola suelen emplearse como argumento en discusiones sobre seguridad alimentaria, un tema sensible en un país que depende en parte de las importaciones de granos básicos para cubrir su demanda interna. En ese terreno, el modo en que se presenta la evolución del consumo puede respaldar o cuestionar la política sectorial del Órgano Ejecutivo.
No existe hasta la fecha un mecanismo formal, previsto en la normativa salvadoreña, que obligue a las instituciones del Órgano Ejecutivo a someter a validación externa independiente los estudios estadísticos que emplean para sustentar declaraciones públicas sobre el desempeño de un sector económico. Esa carencia deja este tipo de controversias en el terreno del debate político y mediático, más que en el de un arbitraje técnico reglado.
La Asamblea Legislativa, a través de comisiones como la de Agricultura y Medio Ambiente, tiene la facultad de citar a funcionarios del Órgano Ejecutivo para que rindan cuentas sobre la gestión de políticas sectoriales, incluida la agropecuaria. No consta, sin embargo, que se haya programado una comparecencia específica vinculada a esta controversia. La Corte de Cuentas de la República, como ente fiscalizador, examina la ejecución de recursos públicos, aunque su competencia no alcanza la validación metodológica de estudios de consumo.
De cara a los próximos meses, el punto de fricción entre el viceministerio y las gremiales seguirá condicionado por la publicación de nuevos indicadores oficiales sobre producción y consumo, así como por la evolución de los precios internacionales de insumos agrícolas, citados de forma recurrente por productores salvadoreños como uno de los principales factores de presión sobre su actividad. La eventual difusión de datos actualizados del BCR o del propio MAG será el próximo escenario en el que ambas posiciones vuelvan a medirse.
