La incorporación de los agentes se hará «de manera gradual, según la capacidad y disponibilidad institucional», precisó la Alcaldía de Panamá. La cesión se ampara, según la comuna, en el Manual de Procedimiento de Recursos Humanos de Carrera Administrativa y en la Ley 9 de 1994, que regula el préstamo temporal de servidores públicos —estén o no en carrera administrativa— entre instituciones para el desempeño de funciones relacionadas con los objetivos institucionales, sin exceder el periodo presupuestado.
La solicitud de refuerzo partió del propio director del Sistema Penitenciario, Chanan Singh, quien el 20 de julio pidió formalmente al alcalde Mizrachi el apoyo de los agentes municipales por seis meses, con el propósito declarado de «fortalecer las labores de seguridad y apoyo operativo» de esa entidad. La petición llegó mes y medio después de la fuga de 195 privados de libertad del complejo penitenciario La Joyita, en Las Garzas, calificada como la mayor evasión registrada en el país.
Un respaldo del Gabinete a un cuerpo que el Ejecutivo rechaza
El convenio coloca a la ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, como aliada institucional de una Policía Municipal cuestionada de manera reiterada por el Órgano Ejecutivo. El cuerpo fue creado mediante el Acuerdo Municipal No. 162 del 17 de junio de 2025, aprobado por el Consejo Municipal de Panamá a instancias del alcalde Mizrachi. El presidente José Raúl Mulino y el ministro de Seguridad Pública, Frank Ábrego, han cuestionado su legalidad desde el inicio.
El acuerdo cobra relieve porque llega mientras la Corte Suprema de Justicia tramita una demanda de inconstitucionalidad contra el Acuerdo Municipal No. 162, presentada por el diputado de la bancada Seguimos, Ernesto Cedeño. El procurador de la Nación, Luis Carlos Gómez Rudy, opinó que la creación de la Policía Municipal es inconstitucional, tras ser consultado por el pleno de la Corte sobre ese recurso.
El propio ministro Ábrego había presentado con anterioridad una demanda contra el mismo acuerdo municipal, al igual que el jefe de la Policía Nacional, Jaime Fernández. El pleno de la Corte Suprema rechazó ese recurso alegando «defectos formales» en el «concepto de infracción», sin entrar a resolver el fondo sobre la constitucionalidad del cuerpo municipal.
El mandatario también se pronunció sobre el litigio a principios de agosto, cuando afirmó que la Policía Municipal «no se puede transformar en otra policía» y comentó: «Ojalá se tumbe eso». Sus declaraciones se produjeron poco después de un incidente ocurrido el 3 de agosto en el edificio Hatillo, sede de la alcaldía capitalina, cuando exfuncionarios municipales acudieron a reclamar el pago de sus prestaciones laborales.
En ese episodio, la respuesta de agentes de la Policía Municipal derivó en el uso de fuerza que dejó a un antiguo trabajador con traumas en la cabeza, por lo que fue hospitalizado en estado grave. El incidente reavivó las críticas hacia el cuerpo municipal, semanas antes de que se formalizara el préstamo de agentes al Sistema Penitenciario.
Blandón: «¿Qué es lo que está pasando?»
El exalcalde José Blandón cuestionó el nuevo convenio y sostuvo que el traslado de los agentes se está «obligando» en medio de la discusión y los recursos de inconstitucionalidad presentados contra la creación de la Policía Municipal. «Van a servir como custodios en las cárceles. ¿Qué es lo que está pasando?», cuestionó.
Blandón señaló además que el Municipio de Panamá cuenta con numerosas instalaciones que requieren vigilancia, entre ellas parvularios, bibliotecas, parques y centros deportivos. «En vez de estar haciendo eso, han estado haciendo cuanta cosa para satisfacer las ansias de figuración del alcalde», afirmó. La Alcaldía de Panamá defendió el préstamo como una medida amparada en la normativa de recursos humanos y no se pronunció públicamente sobre esos señalamientos.
La cesión se enmarca en un sistema penitenciario que históricamente ha registrado episodios de sobrepoblación y evasiones. La fuga de La Joyita, con 195 privados de libertad, se sumó a antecedentes de crisis carcelarias que en distintas administraciones motivaron traslados de personal y refuerzos operativos hacia la Dirección General del Sistema Penitenciario, entidad encargada de la seguridad en las cárceles del país.
El desenlace del convenio dependerá en buena medida de lo que resuelva la Corte Suprema de Justicia sobre la demanda contra el Acuerdo Municipal No. 162, un fallo que podría determinar la continuidad o disolución de la Policía Municipal antes de que concluya el periodo de seis meses pactado, previsto de julio a diciembre de este año. Mientras tanto, la coincidencia entre el respaldo del Ministerio de Gobierno al alcalde Mizrachi y el rechazo expreso del Ejecutivo a su cuerpo municipal mantiene abierta una controversia que atraviesa a la vez al Órgano Ejecutivo, la alcaldía capitalina y el máximo tribunal del país.