La calificación de 27 puntos en control de la corrupción coincide con la que Transparencia Internacional asignó a México en su Índice de Percepción de la Corrupción. La convergencia entre dos ejercicios de metodología distinta apunta a que el problema no es una percepción aislada, sino un patrón sostenido a lo largo de los últimos sexenios.
El fenómeno opera bajo, al menos, cuatro modalidades que funcionan de forma simultánea y que, en conjunto, actúan como un gravamen sobre la actividad económica. La primera es la corrupción "al menudeo": el pago a un policía de tránsito para evitar una multa, la dádiva en un hospital público para adelantar una cita o receta, la mordida en una escuela pública para obtener un lugar, o el pago a un policía ministerial para inclinar una investigación. Son transacciones cotidianas de bajo monto individual pero altísima frecuencia, en las que se transfiere riqueza del particular al funcionario a cambio de una ganancia o para minimizar una pérdida.
La segunda modalidad se origina en la discrecionalidad regulatoria: cuando una norma se redacta de forma ambigua, el funcionario que la aplica adquiere margen para otorgar, negar o condicionar licencias y permisos, así como para inclinar el resultado de inspecciones y auditorías, y de ahí extraer una renta indebida. Afecta de manera directa la apertura y operación de negocios.
Del "moche" al pacto con el crimen
El tercer tipo se concentra en la contratación pública: obra, adquisiciones y proveeduría de bienes y servicios a dependencias gubernamentales, además del ejercicio del gasto. El favoritismo, los "moches" y el desvío de recursos son las formas más documentadas. El caso de Segalmex —la empresa paraestatal encargada de programas de abasto alimentario— es referencia obligada de este fenómeno: el desvío de recursos se estimó en 15,000 mdp.
La cuarta modalidad es la vinculación entre funcionarios públicos, electos o designados, y organizaciones del crimen organizado, que operan y crecen a cambio de una fracción de las ganancias ilícitas. Es un fenómeno que se ubica en expansión durante los últimos ocho años, con particular incidencia en administraciones municipales, donde la lógica de "plata o plomo" ha condicionado el ejercicio de la función pública, hasta llegar a casos de funcionarios electos que deben su cargo al apoyo recibido de los cárteles.
En el componente de justicia civil y mercantil, con 35 sobre 100, el índice evalúa si ciudadanos y empresas pueden resolver disputas ante tribunales independientes e imparciales. La lógica económica es directa: cuando una empresa confía en que el poder judicial hará cumplir los contratos, puede relacionarse con proveedores o clientes nuevos con base en criterios de eficiencia. Cuando esa confianza no existe, limita sus relaciones a un círculo reducido de contrapartes conocidas, lo que deriva en una asignación de recursos subóptima y, en consecuencia, en menor valor agregado, menor inversión y menor crecimiento.
El componente de justicia penal obtuvo la calificación más baja de los tres: 25 sobre 100. Este indicador mide la capacidad del sistema de procuración e impartición de justicia para investigar delitos, sancionar a los responsables y garantizar el debido proceso, un área donde México arrastra rezagos estructurales desde la implementación del sistema penal acusatorio en 2016.
El marco normativo que regula la actuación de jueces, fiscalías y órganos de control anticorrupción se sostiene en la Constitución, la Ley General de Responsabilidades Administrativas y el Sistema Nacional Anticorrupción, creado en 2016. Su efectividad depende de la autonomía real de las fiscalías estatales y de la Fiscalía General de la República, cuya independencia del Ejecutivo ha sido motivo de debate recurrente en el Congreso de la Unión.
Un antecedente ineludible es el de la llamada "Casa Blanca", el señalamiento inmobiliario de 2014 que involucró a la entonces primera dama y que, pese a las investigaciones periodísticas y la intervención de un contralor especial, no derivó en sanciones, episodio interpretado en su momento como evidencia de la debilidad de los mecanismos de rendición de cuentas frente a actores con poder político.
La administración federal ha sostenido en la mañanera y en comparecencias ante San Lázaro que el combate a la corrupción es un eje central de su proyecto de gobierno. La bancada mayoritaria en la LXVI Legislatura ha cuestionado la metodología de organismos como el World Justice Project, al argumentar que no refleja plenamente los cambios institucionales impulsados en años recientes. Legisladores de oposición, por su parte, han empleado estos indicadores para exigir comparecencias de secretarios del gabinete y fortalecer las facultades de fiscalización de la Auditoría Superior de la Federación.
De cara a los próximos meses, el debate estará marcado por la discusión del paquete económico y el Presupuesto de Egresos de la Federación para el siguiente ejercicio fiscal, donde el gasto destinado a fiscalías, al Poder Judicial de la Federación y a órganos anticorrupción será objeto de escrutinio en la Cámara de Diputados. La Cuenta Pública que revise la Auditoría Superior de la Federación en los próximos periodos ordinarios podría aportar elementos adicionales sobre el destino de recursos en dependencias señaladas previamente por irregularidades.