"Estamos ya en proceso de enfrentar este reto, de ordenar estas 1,200 plantas de tratamiento de aguas residuales que están colapsadas a nivel nacional", afirmó Navarro ante los diputados de la comisión. El ministro fue enfático al señalar que el fenómeno no se concentra en una región particular: "no hay un solo distrito, no hay un solo circuito en el que no hayan plantas de tratamiento de aguas residuales colapsadas", sostuvo. El titular de Miambiente no detalló, sin embargo, sobre qué universo total de instalaciones se calcula esa cifra.
El dato de mayor gravedad expuesto por el ministro se refiere a las plantas ubicadas aguas arriba de potabilizadoras operadas por el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan), lo que representa un riesgo directo para las fuentes de agua destinadas al consumo humano. Navarro habló de 17 plantas en esa condición. Consultada posteriormente, Marylin García Paredes, directora de Verificación del Desempeño Ambiental de Miambiente, precisó que el ministerio ha identificado 24 sistemas de tratamiento de aguas residuales (STAR) —entre plantas propiamente dichas y tanques sépticos— situados aguas arriba de tomas de agua para abastecimiento poblacional, con potencial afectación sobre las fuentes hídricas.
Según el desglose ofrecido por García Paredes, esos 24 sistemas se distribuyen así: 11 en Panamá Oeste, siete en Panamá Norte, tres en Panamá Metro, dos en Los Santos y uno en la provincia de Colón. La funcionaria no detalló la ubicación exacta de cada instalación, un dato relevante para las comunidades que dependen de esas fuentes hídricas. El ministro, por su parte, fue contundente al describir el estado general de los cuerpos de agua: "todas las quebradas y ríos del país están contaminados", declaró, y atribuyó la situación a una herencia que, según su exposición, corresponde a administraciones previas.
Las prioridades de un plan aún en elaboración
Miambiente y el Idaan preparan un plan conjunto para atender el problema de manera escalonada. La primera prioridad serán las 17 plantas situadas aguas arriba de potabilizadoras del Idaan, por el riesgo directo que representan para el suministro de agua potable. La segunda recae sobre 117 plantas que en su momento fueron aceptadas por el Idaan para su administración y que hoy también se encuentran colapsadas, un antecedente que expone las limitaciones institucionales para sostener en el tiempo instalaciones ya transferidas al Estado.
Como tercera línea de intervención se contemplan otras instalaciones ubicadas en ríos de relevancia demográfica y económica, entre ellas las que inciden sobre la cuenca del río Pacora. Navarro remarcó que el plan continúa en fase de elaboración, aunque la intención declarada de la cartera es iniciar las primeras intervenciones antes de que concluya 2026. El ministro reconoció que todavía no existe una estimación del costo total de recuperar y operar las instalaciones, y explicó que el desafío no se agota en la reparación física: exige personal técnico especializado, suministro eléctrico constante, insumos químicos, sistemas de bombeo y mantenimiento permanente.
El ministro de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot), Jaime Jované, aportó cifras concretas sobre las 41 plantas de tratamiento que están bajo responsabilidad de esa cartera. Como referencia, citó el caso de la planta de Altos del Lago, en la provincia de Colón, cuyo mantenimiento mensual ronda los $23,000, es decir, cerca de $276,000 anuales solo para esa instalación. Jované detalló que poner las 41 plantas del Miviot en óptimo funcionamiento requeriría una inversión inicial de $30 millones, a la que se sumarían entre $3 millones y $5 millones anuales en operación y mantenimiento una vez recuperadas.
"Por más que haya el recurso, si no hay el personal técnico capacitado para poder administrar, dar mantenimiento y, a lo largo del tiempo, llevar esa planta, tenemos problemas", advirtió Jované, en una observación que traslada el debate del financiamiento a la capacidad institucional del Estado. Las cifras del Miviot ofrecen una escala de referencia para dimensionar el reto: si el mantenimiento de 41 plantas demanda hasta $5 millones anuales, la operación sostenida de 1,200 instalaciones supondría una carga recurrente de magnitud considerable sobre el Presupuesto General del Estado.
Un modelo de construcción cuestionado durante tres décadas
Navarro atribuyó buena parte del problema a un esquema que, según explicó, se ha repetido durante las últimas tres décadas: promotores privados de proyectos urbanísticos construyen las plantas de tratamiento como requisito para obtener sus permisos, las operan durante un periodo limitado y posteriormente las entregan —o las abandonan— sin garantía de continuidad en el mantenimiento. Ese patrón explicaría, según su exposición, por qué el colapso se extiende de manera uniforme por todo el territorio, sin distinción de provincia o régimen municipal.
La sustentación del presupuesto de Miambiente forma parte del proceso constitucional de vistas presupuestarias que cada año realiza la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, previo a la discusión y aprobación del Presupuesto General del Estado. En estas comparecencias, los ministros están obligados a justificar ante los diputados las partidas solicitadas para el año fiscal siguiente, un mecanismo de control que en las últimas legislaturas ha servido para exponer públicamente rezagos estructurales en distintas carteras del Órgano Ejecutivo.
La gestión del agua y el saneamiento ha sido de forma recurrente uno de los puntos más sensibles de la agenda pública panameña. El Idaan, creado en 1961, ha enfrentado señalamientos periódicos por la insuficiencia de infraestructura de saneamiento frente al crecimiento urbano, particularmente en Panamá Oeste y Panamá Norte, dos de las zonas con mayor densidad de sistemas colapsados según el desglose de Miambiente. La contaminación de ríos como el Juan Díaz y el Matías Hernández en el área metropolitana ha sido objeto de reclamos comunitarios durante años, y el saneamiento de la bahía de Panamá ha figurado entre los proyectos de infraestructura ambiental de mayor costo asumidos por el Estado en las dos últimas décadas.
De cara a los próximos meses, la Asamblea Nacional deberá continuar el trámite del Presupuesto General del Estado para 2027, en el que previsiblemente se discutirán las partidas destinadas a la recuperación de estas plantas. Miambiente, por su parte, tendrá que presentar el plan de trabajo definitivo junto con el Idaan y precisar tanto el costo total del proceso como el cronograma de intervenciones, información que hasta la fecha de la comparecencia ante la comisión seguía pendiente de definirse.