Mamdani explicó que su equipo jurídico revisó “todas las vías disponibles conforme a la ley aplicable” para determinar si la ciudad podía actuar por cuenta propia en caso de que Netanyahu pisara suelo neoyorquino. La conclusión, según sus propias palabras, fue que la administración municipal “no tiene la autoridad legal independiente para hacer cumplir esta orden”. En el mismo video, el alcalde llamó al gobierno federal a “unirse a la CPI y ejecutar esta orden”, y sostuvo que “el gobierno federal, sin embargo, sí la tiene”.
La CPI, con sede en La Haya, afirmó en 2024 que tenía motivos razonables para creer que Netanyahu era responsable de presuntos crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad relacionados con la ofensiva militar israelí en la Franja de Gaza, emprendida tras el ataque transfronterizo de Hamás del 7 de octubre de 2023. El tribunal fue creado por el Estatuto de Roma, adoptado en 1998 y en vigor desde 2002, y solo puede actuar cuando los Estados parte no investigan ni juzgan los crímenes de su competencia.
Ni Israel ni EE. UU. forman parte del Estatuto de Roma, lo que en la práctica limita el alcance jurídico de cualquier orden de la CPI sobre territorio estadounidense. El tribunal no dispone de fuerza policial propia y depende de la cooperación de los Estados para ejecutar sus órdenes de detención. Ese es precisamente el margen que Mamdani intenta cubrir apelando a la voluntad política de Washington, y no a una obligación jurídica exigible ante los tribunales estadounidenses.
En su mensaje, el alcalde afirmó que “cualquiera con sus ojos, con su corazón, con su conciencia, debería reconocer la devastación que ha causado y entender que le corresponde estar ante un tribunal de justicia”. Añadió que coincide con la CPI en que Netanyahu “debe ser arrestado y juzgado por sus crímenes, como también lo creo en el caso de cualquier otra persona acusada por la CPI”. Días antes, el sábado, había declarado que “el primer ministro Netanyahu pertenece a La Haya” y lo había calificado de “criminal de guerra”, según recogió The New York Times.
Trump había prometido el lunes, también a través de redes sociales, que Netanyahu “no será arrestado, de ninguna manera, forma o figura, mientras esté en los Estados Unidos de América”, en referencia a una posible asistencia del primer ministro israelí a la Asamblea General. El presidente estadounidense justificó su posición señalando que Netanyahu “está luchando contra la República Islámica de Irán”.
La oficina de Netanyahu respondió con críticas tanto hacia Mamdani como hacia el tribunal internacional de La Haya, y afirmó que la CPI no tiene jurisdicción en EE. UU. ni en Israel. Israel ha mantenido esa posición desde que se conoció la orden de arresto en 2024, cuando cuestionó la legitimidad de la decisión del tribunal.
El episodio expone la tensión entre los poderes municipales y las competencias exclusivas del gobierno federal en materia de política exterior en el sistema constitucional estadounidense, que impide a alcaldías o gobiernos estatales negociar o ejecutar por su cuenta compromisos internacionales. La postura de Mamdani, por tanto, carece de efecto jurídico directo y se sitúa en el plano de la presión política.
La relación de Colombia con el tribunal de La Haya
Para el lector colombiano, el caso ilustra la lógica de cooperación que rige a la CPI. Colombia ratificó el Estatuto de Roma en 2002 y durante casi dos décadas fue objeto de un examen preliminar del tribunal por crímenes cometidos en el marco del conflicto armado interno. Ese examen se cerró formalmente en 2021, en aplicación del principio de complementariedad, tras la puesta en marcha de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), creada por el Acuerdo de Paz de 2016 con las antiguas FARC como mecanismo de justicia transicional. La experiencia muestra que la actuación de la corte depende de que el Estado investigue por sí mismo y, en su defecto, de la voluntad política de cooperar, el mismo factor que hoy condiciona el caso de Netanyahu.
En la región, un antecedente comparable es Venezuela, donde la Fiscalía de la CPI abrió en 2021 una investigación formal por presuntos crímenes de lesa humanidad. A diferencia de Israel y EE. UU., Venezuela sí es Estado parte del Estatuto de Roma, lo que en teoría facilita —aunque no garantiza— la ejecución de eventuales órdenes de la corte. El contraste subraya que la pertenencia al tratado es condición necesaria pero no suficiente para que las decisiones del tribunal se cumplan.
De cara a los próximos meses, el foco estará en si Netanyahu asiste efectivamente a la Asamblea General de la ONU en septiembre, escenario que tanto Trump como Mamdani daban por probable en sus declaraciones, y en si el gobierno federal estadounidense mantiene su negativa a cooperar con la CPI. Salvo un giro en la posición de Washington, la orden de arresto seguiría sin ejecutarse mientras el primer ministro israelí permanezca en territorio de EE. UU.
