El primer pago documentado data del 5 de diciembre de 2022: 81.360 euros para un proyecto de «trabajo doméstico decente», según consta en las referencias del Consejo de Ministros bajo el epígrafe del departamento de Díaz. Desde entonces, Trabajo ha repetido cada año una partida de entre 50.000 y 59.000 euros destinada a la Red Iberoamericana de Inspecciones de Trabajo, un programa de cooperación técnica entre organismos de inspección laboral de América Latina y España.
A esa financiación recurrente se han sumado aportaciones específicas: 89.382 euros en 2025 y 23.466 euros en 2026 para «formación para la inclusión de personas LGTBIQ+ en el mundo laboral»; 46.895 euros en 2025 para el «fortalecimiento de la economía social» en América Latina; 100.000 euros en 2026 para «coherencia de políticas sobre economía social y solidaria»; y 100.000 euros en 2024 para un proyecto de cooperativas en el «Territorio Palestino Ocupado». Todas estas partidas figuran registradas bajo la gestión del Ministerio de Trabajo y Economía Social en las referencias públicas del Consejo de Ministros, lo que sitúa al departamento de Díaz como proponente y gestor.
La secuencia se ha mantenido estable durante los últimos cuatro años, coincidiendo con el mandato de Díaz al frente de la cartera. El 7 de julio de 2026, apenas quince días antes de que el Gobierno formalizara la candidatura, el Consejo de Ministros aprobó una contribución adicional de 1,7 millones de euros dentro de un paquete de 25 aportaciones voluntarias de España a organismos internacionales que sumó 72,3 millones de euros. Esa última partida fue tramitada por el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación a petición de Trabajo.
El mismo paquete incluyó fondos para otras agencias de Naciones Unidas: 3,9 millones para UNICEF, 8,1 millones para el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), otros 8,1 millones para ONU Mujeres y 5,9 millones para la Organización Mundial de la Salud (OMS). Se trata de aportaciones voluntarias que España realiza de forma habitual a organismos multilaterales en el marco de su política de cooperación internacional.
De la candidatura al aval de Moncloa
El Gobierno oficializó el 22 de julio la propuesta de Díaz para optar a la dirección general de la OIT, organismo especializado de Naciones Unidas creado en 1919 y encargado de fijar normas laborales internacionales y promover el «trabajo decente» entre sus Estados miembros. Fue el propio Pedro Sánchez quien la postuló: «Por primera vez, una mujer y nuestro país estarían al frente de esta institución fundamental para la defensa del trabajo digno y la justicia social», manifestó el presidente, que añadió que la ministra «ha demostrado con políticas y resultados su compromiso con los derechos laborales, el diálogo social y la prosperidad de España».
Moncloa acompañó el anuncio con un balance de la gestión de Díaz desde 2020: la reforma laboral pactada con sindicatos y patronal, que según el Ejecutivo «ha contribuido a reducir la temporalidad a mínimos históricos a la vez que ha conseguido el récord de empleo de la historia de España»; la ley de plataformas digitales, conocida como «ley rider»; y la mayor subida del salario mínimo interprofesional «de la democracia». El comunicado destacó además que España es «el país del mundo que más convenios ha firmado con la OIT (141), muestra de su compromiso con la institución». El Ejecutivo enmarca todas esas reformas «en el seno del diálogo social con 30 acuerdos».
El PP ha cuestionado en los últimos días la coincidencia temporal entre el aumento de la financiación española a la OIT y el proceso de postulación de la ministra, aunque no ha presentado hasta la fecha una denuncia formal ante ningún organismo de control. El Ministerio de Trabajo no ha respondido públicamente a esas objeciones más allá de remitirse a los comunicados de Moncloa sobre la candidatura.
Las aportaciones voluntarias de los Estados a agencias de Naciones Unidas son una práctica habitual y regulada, sin que exista una vinculación normativa directa entre la financiación de un país y la elegibilidad de sus candidatos a cargos directivos. La elección del director general de la OIT corresponde a su Consejo de Administración, integrado por representantes de gobiernos, empleadores y trabajadores de los Estados miembros, en un proceso que no depende formalmente del volumen de las contribuciones económicas.
España ya ha presentado candidaturas a organismos internacionales en otras ocasiones. El precedente más asentado es el de la Organización Mundial del Turismo, con sede en Madrid desde 1975, cuya relación con la financiación española ha sido objeto de debate parlamentario en distintas legislaturas.
El cargo de director general de la OIT lleva aparejada una retribución superior a 150.000 euros netos anuales, a la que se sumarían una ayuda para vivienda de 156.000 euros y dietas por unos 43.000 euros, según los datos aportados en la documentación del proceso. Si resultara elegida, Díaz podría continuar como vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo hasta el final de la legislatura, dado que la incorporación efectiva a Ginebra no sería inmediata.
La candidatura debía presentarse antes del 31 de agosto de 2026 y la elección se conocerá en noviembre, en el marco del Consejo de Administración del organismo. La votación determinará si Díaz se convierte en la primera mujer y la primera española en dirigir la OIT desde su fundación, mientras en España el debate sobre la financiación pública a organismos internacionales previsiblemente continuará en sede parlamentaria en las próximas semanas.
