Según el documento elaborado por el departamento autonómico, entre finales de mayo y mediados de junio se sucedieron varios episodios de violencia en los centros citados. Se relatan casos de menores que regresaron a las instalaciones bajo los efectos de sustancias estupefacientes y protagonizaron altercados con agresiones a otros internos y amenazas al personal educativo, además de daños en el mobiliario. En algún caso, según el informe, un menor llegó a fugarse de un centro hospitalario tras arrancarse las vías durante una atención médica.
El texto describe también agresiones sufridas por profesionales de los centros. Menciona el caso de una trabajadora social que tuvo que ser trasladada a Urgencias tras un fuerte ataque de ansiedad, y de otras educadoras que resultaron con golpes, arañazos y contusiones en distintos incidentes. Una de las reyertas descritas requirió la movilización de once trabajadores para separar a los implicados, con al menos un empleado golpeado en la cabeza, de acuerdo con el relato del informe.
Entre los episodios recogidos figuran detenciones practicadas por la Policía fuera de los centros. El documento apunta que dos menores fueron arrestados por presuntos robos a viandantes, con la intervención de teléfonos móviles, una cadena de oro y dinero en efectivo. Uno de ellos volvió a ser detenido al día siguiente, acusado de asaltar a una mujer de 90 años. Ambos regresaron al centro tras pasar por dependencias policiales, donde posteriormente se registraron nuevas fugas y consumo de marihuana, según la misma fuente.
Uno de los sucesos de mayor gravedad descritos tuvo lugar en el centro CAIIMA, donde varios menores sustrajeron cuchillos de la cocina y protagonizaron horas después una revuelta con amenazas al personal, desperfectos materiales y advertencias de incendiar las instalaciones. Al día siguiente, cinco menores agredieron en grupo a otro interno, que tuvo que ser hospitalizado con policontusiones. El Gobierno de Aragón optó por dispersar a los implicados entre distintos centros, aunque dos de ellos lograron huir y fueron localizados diez días después en Vitoria, según el documento.
El coste y la revisión del sistema de acogida
La Consejería, adscrita a la Vicepresidencia autonómica en manos de VOX tras el pacto de gobierno con el PP en Aragón, ha vinculado la publicación del informe a su política de revisión del sistema de acogida, dentro de la cual ya eliminó la denominada «paga semanal» que percibían los menores tutelados, una partida que el departamento cifró en unos 180.000 euros anuales. El Ejecutivo autonómico sostiene que el gasto medio por menor supera los 5.000 euros mensuales, cifra que atribuye a los costes de manutención, personal educativo, atención sanitaria y gestión de los centros y que incorpora al balance económico del sistema.
La atención a los menores extranjeros no acompañados es una competencia autonómica en virtud de la Ley Orgánica 1/1996 de Protección Jurídica del Menor y de la normativa de extranjería, que atribuye a las comunidades la tutela cuando un menor se encuentra en situación de desamparo. Ese marco convierte a los gobiernos regionales en responsables directos de la financiación y gestión de los centros, y ha sido en los últimos años foco de fricción entre administraciones autonómicas y el Gobierno central en torno al reparto de la carga.
El Ejecutivo autonómico no ha facilitado hasta el momento el informe completo ni datos desagregados que permitan contrastar de forma independiente el número total de incidentes, su gravedad relativa o el porcentaje de menores implicados sobre el conjunto de la población acogida en la comunidad. Las entidades sociales que gestionan parte de estos centros y los sindicatos del sector no han remitido de momento una valoración pública detallada sobre el contenido del documento; en ocasiones anteriores han reclamado más recursos humanos y formación especializada para el personal educativo, y han advertido de que la saturación de plazas y la falta de protocolos de derivación agravan los conflictos internos.
El debate sobre los menores extranjeros no acompañados no es nuevo en España. En 2006, con la llamada «crisis de los cayucos», y de nuevo a comienzos de la pasada década, comunidades como Canarias y las ciudades autónomas denunciaron la saturación de sus sistemas de acogida por la llegada de menores migrantes, lo que derivó en sucesivas reformas de la normativa de extranjería y en mecanismos de reparto territorial que nunca han estado exentos de polémica entre gobiernos autonómicos de distinto signo.
El pulso por el reparto territorial
La reforma estatal aprobada en 2025 para la reubicación obligatoria de menores tutelados entre comunidades autónomas, que pretendía aliviar la presión sobre los territorios con mayor número de llegadas, ha sido cuestionada por varios gobiernos regionales del PP y VOX, que han recurrido distintos aspectos de la norma ante el Tribunal Constitucional, mientras que comunidades gobernadas por el PSOE la han respaldado como herramienta de solidaridad territorial. El Defensor del Pueblo y diversas ONG especializadas en infancia han insistido en anteriores informes en la necesidad de reforzar la atención psicológica y educativa de estos menores, muchos de los cuales llegan tras experiencias de violencia o travesías migratorias de alto riesgo.
La difusión de este tipo de informes por administraciones gobernadas por VOX se enmarca en la línea del partido, que ha situado la gestión de la inmigración irregular y de los menores no acompañados entre los ejes centrales de su discurso desde su entrada en varios gobiernos autonómicos a raíz de las elecciones de 2023, con medidas similares adoptadas o anunciadas en otras comunidades.
A partir de ahora, el foco se sitúa en si la Consejería aragonesa hace público el informe completo con datos verificables y en si el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones u otras administraciones responden con cifras propias sobre incidentes en los centros de menores no acompañados. En paralelo, sigue pendiente de resolución el recorrido de los recursos presentados ante el Tribunal Constitucional contra el mecanismo estatal de reubicación de menores entre comunidades autónomas.
