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Un motociclista quemó a un agente de tránsito en Guasca por pedirle documentos

El gobernador Jorge Emilio Rey calificó la agresión de inadmisible; el atacante fue capturado y puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación.

Por Redacción de El Hemiciclo·
3 min de lectura
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Un motociclista le prendió fuego a un agente de tránsito en Guasca, Cundinamarca, con una rama envuelta en llamas, porque el uniformado le pidió los documentos de movilidad durante un operativo de control vial. El ataque, registrado en video y difundido ampliamente en redes, dejó al funcionario con quemaduras en las extremidades inferiores. El agresor fue capturado en el sitio y trasladado a la Fiscalía General de la Nación.

Conviene mirar la secuencia completa, no solo el fotograma que se hizo viral. El operativo en Guasca no fue una decisión unilateral de los uniformados: había sido solicitado formalmente por la administración municipal, de modo que existía un mandato institucional detrás del control vial. El conductor se negó a entregar los papeles, extrajo una rama de un árbol, la empapó en una sustancia inflamable y la lanzó contra el funcionario, cuya ropa se prendió de inmediato mientras intentaba sofocar las llamas.

No hubo un instante de arrebato, sino una escalada sostenida. Tras la agresión inicial, el individuo le prendió fuego a su propia motocicleta para impedir que las autoridades ejecutaran el procedimiento legal de inmovilización del vehículo, y luego arremetió físicamente contra los miembros de la Policía Nacional que apoyaban el operativo. Quemar la moto para destruir el objeto de la infracción no es solo violencia contra un servidor público: es un intento, tosco pero elocuente, de borrar la prueba antes de que el Estado ejerza su función más elemental, hacer cumplir una norma de tránsito.

Si algo tan trivial como un comparendo puede desembocar en que un hombre termine ardiendo, cabe preguntarse qué margen le queda a cualquier agente de control en las carreteras del país cuando lo que está en juego es más serio que una moto sin papeles. El agente de tránsito trabaja sin el equipamiento ni el respaldo operativo de la fuerza pública, y depende de que el ciudadano acate voluntariamente una orden rutinaria: la verificación de documentos de movilidad.

Rey: la agresión es "inadmisible"

El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey Ángel, se pronunció el mismo 16 de septiembre a través de su cuenta en la red social X. Calificó de inadmisible la agresión y recordó que el operativo había sido solicitado por la administración municipal, como si la legitimidad del procedimiento necesitara defenderse tanto como la integridad del agente. El mandatario enfatizó que no existe justificación alguna para atentar contra la integridad de quienes salvaguardan la seguridad en las vías del departamento, y anunció acciones jurídicas severas contra el agresor.

Las autoridades confirmaron la captura del responsable en el sitio de los hechos y su traslado inmediato a la Fiscalía General de la Nación, ante la cual deberá responder penalmente por las lesiones causadas y por las afectaciones al orden público derivadas del incendio de su propio vehículo. Todo esto es, en el mejor de los casos, gestión de daños: la justicia obrará con el expediente, pero no borra que un video de un policía en llamas ya circula por el país como advertencia silenciosa a cualquier otro agente que intente hacer su trabajo en una vía secundaria.

La coincidencia temporal incomoda. Mientras el Gobierno de Abelardo de la Espriella reporta 15.401 capturas antidrogas desde el 7 de agosto como bandera de su política de seguridad, un agente de tránsito termina con quemaduras en las piernas por pedir un documento en un municipio de Cundinamarca. Las cifras de la macroseguridad conviven, sin tocarse, con la microviolencia cotidiana que sufre quien hace cumplir el código de tránsito.

Tampoco ayuda que la discusión pública esté, por estos días, concentrada en la disputa por mayorías para el Presupuesto General de la Nación en el Congreso más que en la protección de quienes ejecutan sobre el terreno las decisiones que ese Congreso aprueba. La agresión contra servidores públicos en operativos no es nueva: los ataques a agentes de tránsito y a uniformados durante controles rutinarios se repiten desde hace años en las vías del país, y cada caso reabre el mismo debate sobre la autoridad más básica del Estado.

El expediente seguirá su curso en la Fiscalía, el gobernador seguirá pronunciándose y el video seguirá circulando hasta que otro sustituya la indignación de esta semana. Pero conviene no dejar que la anécdota se apague tan rápido como las llamas que alguien logró sofocar sobre la pierna del funcionario: si un comparendo de tránsito puede terminar en incendio, el problema no es del agente ni de la moto.

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