Conviene detenerse en el verbo elegido por Lara: «heredamos». Es el verbo predilecto de todo gobierno entrante, y Colombia no es la excepción. «Heredamos una situación fiscal difícil. La enfrentaremos juntos. Vamos a ordenar las cuentas y equilibrar finanzas», afirmó el ministro. Cada administración que llega a la Casa de Nariño encuentra, invariablemente, un escenario peor del que dejó su antecesora, al menos en el relato oficial. Y no por repetido deja de tener parte de verdad: los desequilibrios estructurales del gasto público colombiano —pensiones, salud, transferencias territoriales— no se resuelven en un cuatrienio. Pero el libreto tampoco exime al Gobierno de mostrar, con cifras y no solo con adjetivos, en qué consiste exactamente esa herencia.
Lo que sí ofreció el ministro fue un horizonte: reducir de manera significativa el peso del servicio de la deuda sobre el presupuesto a partir de 2028. Es una promesa razonable en su lógica —menos intereses, más margen para gasto social e inversión— pero también, por definición, una promesa que no se puede verificar hoy. 2028 queda lo suficientemente lejos como para que ninguna bancada opositora exija cuentas de inmediato, y lo suficientemente cerca como para sonar creíble en un debate de comisión. Es el punto óptimo de toda proyección fiscal gubernamental: ambicioso pero difuso.
La particularidad de este episodio no está en lo que dijo el ministro, sino en lo que no necesitó decir. Que el Gobierno tenga «capacidad de hacer» en el Congreso no es, en sí mismo, noticia: es la descripción de la función básica de cualquier coalición con mayorías. Lo notable es que haya que anunciarlo, como quien despliega un cartel de tranquilidad justo cuando el «nerviosismo» —palabra textual de Lara— empieza a instalarse. «Frente al nerviosismo, quiero ser claro: este Gobierno tiene capacidad de hacer en el Congreso», sostuvo. Cuando un ministro sale a decir que no hay de qué preocuparse, suele ser porque alguien, en algún lado, ya empezó a preocuparse.
El trámite presupuestal tiene reglas claras, fijadas en la Constitución de 1991 y desarrolladas por el Estatuto Orgánico del Presupuesto: el proyecto debe radicarse antes del 29 de julio de cada año, discutirse en las comisiones económicas conjuntas del Senado y la Cámara de Representantes, y aprobarse antes del 20 de octubre. Si el Congreso no lo aprueba en ese plazo, rige el artículo 348 de la Carta, que faculta al Gobierno para expedir el presupuesto por decreto con base en el proyecto presentado. Esa cláusula, pensada como garantía de gobernabilidad, ha sido en más de una ocasión motivo de tensión entre las ramas, porque desplaza el debate parlamentario hacia una simple ratificación de lo decidido en Palacio.
La historia reciente ofrece precedentes sobre lo que ocurre cuando la armonía de las comisiones se rompe camino a la plenaria. El gobierno de Iván Duque enfrentó en 2021 un estallido social que tuvo como detonante una reforma tributaria ligada a las necesidades del presupuesto; el de Gustavo Petro transitó buena parte de su mandato lidiando con la tensión entre un gasto social ambicioso y unos ingresos fiscales que no siempre lo acompañaron. En ambos casos, las sesiones iniciales de comisión también se describieron, en su momento, como constructivas. La experiencia colombiana enseña que la temperatura real de un debate presupuestal no se mide en la primera sesión, sino en la última, cuando se negocian los artículos que de verdad duelen: los recortes, los nuevos tributos o el nivel de endeudamiento autorizado.
Ahí es donde el discurso de la coalición amplia se pone a prueba. Lara atribuyó la «capacidad de hacer» del Gobierno a una combinación de mayorías legislativas y relaciones «transparentes» entre las ramas del poder. Es una descripción optimista de algo que, en la práctica parlamentaria colombiana, suele ser más prosaico: negociación de auxilios regionales, de nombramientos y de proyectos de interés particular para cada bancada. Nada de esto es ilegítimo —es la esencia de la construcción de mayorías en una democracia presidencialista con Congreso fragmentado—, pero llamarlo «transparencia» es, como mínimo, un ejercicio de generosidad semántica.
Falta, además, un dato que el ministro no mencionó y que resulta central para evaluar la solidez del trámite: el monto exacto que se está discutiendo, su comparación con el presupuesto vigente y la magnitud del déficit que se busca financiar. Sin esas cifras sobre la mesa pública, el debate se reduce a un ejercicio de clima político —«sesión armónica», «bases firmes»— que dice mucho del ambiente en la sala y poco de la salud real de las finanzas del Estado. El Banco de la República y la Contraloría General de la República disponen de los indicadores para contrastar ese relato; será tarea del propio Congreso, y de la opinión pública, exigir que esas cifras acompañen cada anuncio de armonía.
Tampoco puede perderse de vista que las comisiones económicas conjuntas —donde se libra esta primera batalla— no son la última palabra. El proyecto deberá surtir su trámite en las plenarias de Senado y Cámara, donde las bancadas de oposición tendrán oportunidad de proponer modificaciones, y donde cualquier ponente puede convertirse en el actor que decida hundir o salvar un artículo clave. La verdadera prueba de la coalición gubernamental no se mide por el tono de una rueda de prensa ministerial, sino por los votos que efectivamente se materialicen en cada plenaria.
Hay, finalmente, una lectura de fondo que trasciende este episodio: todo gobierno que llega al poder en Colombia hereda un país con necesidades de gasto que superan su capacidad de recaudo, una característica estructural del fisco nacional que ningún ministro, por hábil que sea en la retórica de comisión, resuelve con un comunicado optimista. La verdadera noticia, cuando llegue, no será que la sesión fue armónica. Será el número final que quede escrito en el articulado, y la forma en que ese número se sostenga —o no— frente a una deuda pública que no atiende a comunicados de prensa.
Mientras tanto, el calendario legislativo marcha con su propia inercia: quedan semanas de debate antes del plazo constitucional del 20 de octubre, y en ese trayecto se sabrá si la «capacidad de hacer» invocada por Lara se traduce en un presupuesto aprobado con el respaldo genuino del Congreso, o si termina, como ha ocurrido antes en la historia reciente del país, resuelta por la vía del decreto presidencial que la Constitución reserva para los desacuerdos irreconciliables.
