De los 7,5 millones de comparendos bajo revisión, 5.832.906 debían revocarse de oficio por no haber sido pagados todavía. Los otros 1.582.398, los que sí fueron cancelados, son el núcleo del reclamo: ciudadanos que pagaron sanciones que, según las propias autoridades de tránsito, no debieron existir y cuyo dinero tendría que devolvérseles. Las sanciones anunciadas contra los organismos podrían superar los $2,1 billones, el doble de lo recaudado.
Cali concentra cerca de 2,7 millones de comparendos bajo revisión; le siguen Medellín con 717.000, Bogotá con 294.000 y Barranquilla con 131.000, según las cifras divulgadas por las autoridades. El patrón atraviesa las principales ciudades del país, no un organismo aislado.
Cámaras sin autorización desde 2024
El abogado Ricardo Ruge, que representa a más de 400 ciudadanos afectados y lleva cerca de una década documentando presuntas irregularidades en el sistema de movilidad, aseguró en entrevista con la revista Semana que hay dispositivos operando sin las habilitaciones correspondientes.
«Encontramos que el 35 por ciento de las cámaras de fotodetección no están autorizadas por la Agencia Nacional de Seguridad Vial», afirmó el abogado Ricardo Ruge.
Como ejemplo, relató el caso de Barranquilla, en la calle 46 con carrera 100, donde según su investigación opera una cámara sin autorización desde 2024. «Quiere decir que todos los comparendos que se hayan impuesto de 2024 a la fecha son irregulares», sostuvo Ruge, que insistió en que los conductores verifiquen la habilitación del dispositivo que les impuso la sanción. Añadió que Bogotá, Cali y Barranquilla han presentado controversias por la señalización de los dispositivos y por la calibración periódica.
El negocio detrás del Simit
La discusión no termina con la revocatoria. El dinero cobrado se administra a través del Sistema Integrado de Información sobre Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito (Simit), a cargo de la Federación Colombiana de Municipios, que recibe el 10 por ciento de cada multa pagada para financiar el funcionamiento del sistema. Ruge radicó ante la Fiscalía General de la Nación una denuncia de 49 hechos con cerca de 1.200 folios de soportes, en la que advierte presuntas irregularidades en la contratación y destinación de esos dineros: «Más del 50 por ciento de los recursos del Simit los ejecuta una empresa que se llama Dicitec».
El episodio que cita corresponde a un contrato por $25.290 millones del que Dicitec habría trasladado $17.432 millones a otra compañía mediante subcontratación, dejando una diferencia de $7.858 millones como margen de intermediación. «¿Cuál fue el aporte que hizo Dicitec? ¿Cuál fue la función que cumplió con esa transacción?», preguntó el abogado. La denuncia relaciona negocios por más de $167.000 millones y posibles delitos como interés indebido en la celebración de contratos, contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado, hipótesis que la Fiscalía deberá verificar y no responsabilidades penales establecidas.
A esto se suma el fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca del 4 de septiembre de 2026, que ordenó restituir a municipios y distritos $84.752 millones por excedentes financieros y rendimientos de multas que, según el fallo, el Simit se habría apropiado de manera, al parecer, irregular. No es el mismo paquete del billón de las fotomultas, pero ambos asuntos abren interrogantes sobre el manejo del dinero que ingresa al sistema de tránsito.
El escándalo llegó a la Casa de Nariño: el presidente Abelardo De La Espriella pidió revisar el funcionamiento de los sistemas de fotodetección y frenar los posibles abusos contra los conductores. El mismo mandatario anunció en días recientes capturas en operativos de seguridad por la red social X. Los primeros resultados de la revisión oficial, según las autoridades, confirmaron dispositivos que no cumplirían las condiciones para operar, una corrección que llega después de que 7,5 millones de comparendos ya recorrieran el sistema.