Hay algo hipnótico en la contabilidad diaria de un jefe de Estado que administra su comunicación por redes sociales. Cada 24 horas aparece un número nuevo: municiones, proveedores, detonadores eléctricos, galones de crudo destinados a la refinación ilícita. Es el lenguaje de la guerra contra las drogas reducido a inventario de bodega, y funciona, porque el ciudadano promedio asimila mejor un decomiso de 589 kilogramos de marihuana que un balance fiscal o una sentencia de la Corte Constitucional.
El problema no es que estas capturas no hayan ocurrido: no hay razón para dudar del operativo policial en Antioquia y Cundinamarca, coordinado, según el propio mandatario, con la Fiscalía General de la Nación. El problema es la aritmética selectiva. Se anuncian los detonadores incautados, pero no se explica cuántos circulan sin ser detectados; se celebra la caída de un cabecilla, pero no se aclara qué tan rápido la estructura designa reemplazo. En el negocio de los explosivos para minería ilegal, como en el de la cocaína, la vacante gerencial rara vez queda abierta mucho tiempo.
Los Orión, según la versión presidencial, trafican explosivos importados de Chile, Perú y Ecuador, una ruta que, de confirmarse con precisión por las autoridades competentes, hablaría de una logística transnacional más sofisticada que la de un grupo armado local. De La Espriella sostuvo además que la estructura mantiene alianzas con la Jaime Martínez y la Dagoberto Ramos, dos siglas que a esta altura del conflicto colombiano forman parte del catálogo habitual de las bandas herederas de las antiguas autodefensas y disidencias. La pregunta que ninguna cifra responde es si golpear un nodo de la red debilita el sistema o simplemente reordena el organigrama del crimen.
Conviene recordar que anunciar decomisos como métrica de éxito no es nuevo en la historia reciente del país. Desde los años de la política de seguridad democrática hasta los gobiernos que la sucedieron, cada administración ha presentado toneladas de coca incautada y hectáreas erradicadas como termómetro de su gestión antidrogas, mientras los cultivos, según los monitoreos gubernamentales de cada época, se desplazaban de un departamento a otro sin que el área total cediera de manera sostenida. La diferencia hoy es el canal: antes había rueda de prensa en la Casa de Nariño con generales al fondo; ahora hay un hilo en redes.
Ese estilo comunicativo tiene un efecto colateral que merece escrutinio: convierte al presidente en fuente única y permanente de su propio éxito. No hay vocero de oposición que contraste la cifra en el mismo anuncio, no hay debate de control político en el Congreso que exija el desagregado por departamento, ni una verificación independiente que compare esos 15.401 capturados acumulados desde el 7 de agosto con las series históricas de la Policía Nacional. El dato circula sin intermediarios, y en un sistema con órganos de control como la Contraloría o la Procuraduría, eso debería ser la excepción y no la norma.
El mandatario prometió perseguir a Los Orión «dentro y fuera de nuestras fronteras» y advirtió que no tendrán «un minuto de tranquilidad». Es una promesa retóricamente eficaz y jurídicamente ambigua: la persecución transnacional de estructuras criminales exige cooperación judicial con Chile, Perú y Ecuador, tratados de extradición, intercambio de inteligencia entre fiscalías y, eventualmente, la intervención de organismos multilaterales. Nada de eso se resuelve con un mensaje en redes, por contundente que sea el verbo elegido.
Tampoco es menor el episodio paralelo de Los Costeños: 1,7 toneladas de marihuana ocultas en un tractocamión entre Villa Rica, en el Cauca, y Palmira, en el Valle del Cauca, con tres personas capturadas. Es un golpe logístico real, documentado con lugar y ruta, que ilustra cómo el corredor Cauca-Valle sigue siendo una arteria del narcotráfico interno pese a años sucesivos de operativos similares en la misma vía. La reincidencia geográfica del delito, más que la captura puntual, es el dato que debería inquietar a cualquier analista de seguridad.
La paradoja de este parte de guerra cotidiano es que cuantifica el fracaso mientras celebra el éxito. Si en apenas un mes se erradicaron 1.407,3 hectáreas de coca y se decomisaron 71.873 kilogramos de estupefacientes, la cifra —sin comparación con el área total sembrada según los monitoreos de cultivos ilícitos que publican periódicamente los organismos especializados— dice tan poco sobre el tamaño real del problema como afirmar que se apagó un incendio sin mencionar cuántas hectáreas de bosque quedaban en pie.
Nada de esto exige restarle mérito al trabajo operativo de la Policía Nacional y la Fiscalía, que en efecto neutralizaron una célula de tráfico de explosivos con capacidad de abastecer minería ilegal y estructuras armadas. El mérito policial es independiente de la narrativa presidencial que lo envuelve. Lo que corresponde exigir, desde el análisis frío y no desde la sospecha gratuita, es que el relato de la seguridad nacional no dependa exclusivamente de la cuenta de un solo hombre, por más que ese hombre ocupe hoy la Casa de Nariño.
El Congreso dispone de instrumentos para ello: citaciones a debate de control político al ministro de Defensa, solicitudes de informes desagregados y comisiones de seguimiento. Las altas cortes, por su parte, custodian que la persecución del delito no se traduzca en atajos procesales. Y el ciudadano, mientras tanto, sigue esperando el dato que ningún hilo presidencial ofrece: no cuántos detonadores se incautaron ayer, sino cuántos llegan, pese a todo, a su destino.
