Willemsen se había declarado culpable en mayo de infringir la Ley de Agua Limpia, la norma federal que regula los vertidos a los cursos de agua estadounidenses y que prohíbe descargar contaminantes sin autorización previa. La ley permite la condena penal por negligencia, sin necesidad de probar intención deliberada de causar el daño: basta la descarga ilegal del contaminante para generar responsabilidad.
Según los documentos judiciales, los hechos se remontan a diciembre de 2022, cuando investigadores descubrieron que desde una balsa de decantación de Heartland Dairy se bombeaba un vertido hacia una zanja cercana conectada a un curso de agua. El análisis posterior determinó que la sustancia contenía estiércol y lixiviado de forraje ensilado con concentraciones elevadas de amoniaco, el compuesto que resultó letal para la fauna del cauce.
El agua contaminada alcanzó el arroyo Little Black Creek, afluente del río Saint Mary's, que a su vez desemboca en el Maumee. Esa red de cursos fluviales interestatales fue precisamente el argumento con el que las agencias federales reclamaron competencia sobre el caso, al tratarse de aguas protegidas por la normativa de Estados Unidos.
Allison Landsman, agente especial al frente del programa de aplicación penal de la Agencia de Protección Ambiental en Ohio, describió el alcance del daño causado por el vertido.
«El acusado supervisó un vertido de aguas residuales cargadas de amoniaco que envenenó el agua durante kilómetros y mató a miles de peces y otros animales acuáticos», declaró Allison Landsman, agente especial del programa de aplicación penal de la Agencia de Protección Ambiental en Ohio.
El fiscal general de Ohio, Andy Wilson, presentó la sentencia como un aviso a las explotaciones que operan cerca de cursos de agua protegidos por la normativa federal.
«Las vías fluviales de Ohio son vitales para nuestras comunidades, nuestra fauna y nuestra economía», afirmó el fiscal general de Ohio, Andy Wilson. «Este caso envía un mensaje claro: quienes contaminen las vías fluviales de Ohio tendrán que rendir cuentas».
La investigación corrió a cargo de la División de Investigación Criminal de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, la Oficina de Investigación Criminal de la Fiscalía General de Ohio y la Unidad de Investigaciones Especiales de la Agencia de Protección Ambiental de Ohio, con el respaldo técnico del Departamento de Recursos Naturales del estado, que evaluó el alcance del daño a la fauna acuática. En España, un patrón similar de daño ambiental rige en casos como el del extécnico de Talgo que denunció el borrado de datos tras el accidente de Angrois, donde la responsabilidad penal se dirime a partir de la prueba técnica recabada en la instrucción.
El fiscal federal David M. Toepfer, del Distrito Norte de Ohio, cerró el caso con una advertencia dirigida a otras explotaciones que operan bajo el mismo marco regulatorio que Heartland Dairy.
«No se tolerarán prácticas empresariales temerarias y negligentes que amenacen el medio ambiente y la fauna de Ohio. Que esta sentencia sirva de recordatorio de que aplicaremos con firmeza las leyes ambientales federales, y quien contribuya a deteriorar la calidad de nuestra tierra, aire y agua será procesado», sostuvo el fiscal federal David M. Toepfer.
