Cadena adelantó que la sanción del alcalde no debería demorarse. Según explicó, el proyecto surtirá "un proceso de unas revisiones finales", pero no anticipó plazos más allá de calcular que el trámite sería "muy rápido". Una vez firmada, la reforma quedará habilitada para regir en Bogotá.
La funcionaria confirmó que varios concejales han anunciado que llevarán la reforma a instancias judiciales una vez sea sancionada. Cadena indicó que la secretaría jurídica distrital ya evaluó los riesgos planteados durante el debate y que el Distrito está preparado para "acompañar los procesos que vengan". La vía usual en estos casos es la demanda de nulidad del acuerdo distrital ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y, en última instancia, el Consejo de Estado.
El punto más discutido de la reforma es la creación de una sobretasa al impuesto predial destinada a financiar el alumbrado público, un servicio que hasta ahora Bogotá no cobraba de forma directa a diferencia de más de 800 municipios del país, según la secretaria de Hacienda. La ley permite dos mecanismos para ese cobro: a través de la factura de energía, el más usado en Colombia, o mediante una sobretasa al predial, opción que eligió el Distrito.
Cadena explicó que el cobro ligado al consumo eléctrico penalizaba a sectores productivos intensivos en energía sin que necesariamente tuvieran mayor capacidad de pago ni se beneficiaran más del servicio. El diseño aprobado exime del pago a los predios de estratos 1, 2 y 3, salvo excepciones de vivienda con avalúos superiores a $1.000 millones, mientras los estratos 4, 5 y 6 asumirán una tarifa de 0,4 por mil.
La secretaria detalló que la reforma contempla un mecanismo de exención para lo que denominó "pobreza oculta": propietarios en estratos 4, 5 y 6 que, al cruzar la información con las bases del Sisbén o los listados distritales de población en exclusión, no cuentan con capacidad de pago. Para ese grupo la tarifa quedará en cero.
Contrato del alumbrado vence en noviembre
Los recursos de la sobretasa llegan en un momento clave para el servicio: el convenio que ha regido el alumbrado público de Bogotá durante 30 años vence a finales de noviembre, y la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) trabaja en la definición del nuevo contrato. Cadena señaló que contar con un proyecto de inversión a diez años con recursos garantizados —en lugar de depender de asignaciones anuales de funcionamiento— permitirá negociar en mejores condiciones para la ciudad.
La funcionaria adelantó que la modernización contempla, en una primera fase, la conversión total de luminarias a tecnología LED en un plazo máximo de dos años, y en una segunda etapa la instalación de un sistema de telegestión que permitiría operar remotamente el alumbrado sin depender de cuadrillas que verifiquen manualmente el estado de cada punto lumínico.
El pulso por las finanzas distritales se inscribe en un momento de tensión fiscal en distintos niveles de gobierno, cuando el propio MinHacienda acusa al gobierno Petro de "gastadera inútil" y viajes de "lagartos y patos". Sobre el destino de los recursos, Cadena sostuvo que la sobretasa garantiza "una negociación mucho mejor para la ciudad" frente al esquema de asignaciones anuales que regía hasta ahora.
