El reparto acordado contempla hasta 15.000 dosis de vacuna triple vírica —contra sarampión, rubéola y parotiditis— y otras 10.000 de la combinada frente a difteria-tétanos, varicela y polio. Las dosis se canalizan a través del mecanismo estatal de solidaridad entre comunidades, el instrumento previsto para que las autonomías compartan recursos sanitarios en situaciones de tensión asistencial que afectan a un territorio concreto. Según el acuerdo, «Ceuta contará con las vacunas necesarias de prevención de potenciales enfermedades mediante vacunación, tanto para personas ceutíes no vacunadas como en personas migrantes».
Fuentes del Ministerio que dirige Mónica García subrayaron que la medida tiene un carácter estrictamente preventivo. «Aunque la situación no es una emergencia de salud pública, hay que trabajar en prevención», señalaron, y añadieron que la prioridad inmediata pasa por «garantizar unas condiciones dignas para las personas migrantes». El Ejecutivo ha calificado de «crisis humanitaria» la situación en la ciudad autónoma, saturada por la llegada de migrantes en las últimas semanas.
La vacunación de personas migrantes recién llegadas a territorio español se rige por el calendario común del Sistema Nacional de Salud, que garantiza el acceso a la inmunización con independencia de la situación administrativa de la persona, en aplicación del principio de universalidad recogido en la Ley 33/2011 General de Salud Pública. Desde el punto de vista epidemiológico, enfermedades como el sarampión o la difteria pueden reaparecer en poblaciones con coberturas de vacunación desiguales, como ocurre entre colectivos procedentes de países con calendarios de vacunación incompletos; la vacunación de rescate es en estos contextos una medida estándar, sin que implique necesariamente la existencia de un brote activo.
Del terreno sanitario al político
La reunión de la Comisión de Salud Pública no estuvo exenta de tensión. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, acusó a la ministra de convocar el encuentro «de manera chantajista», al considerar que el Gobierno plantea la colaboración autonómica en términos de «o accedes a lo que se te va pidiendo o no quieres colaborar». La queja de Ayuso se suma a las críticas de otros gobiernos autonómicos del Partido Popular, que han cuestionado el procedimiento de convocatoria y reparto de las dosis.
El debate sanitario se ha entrelazado con el político. El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, pidió el domingo al Gobierno que «estudie muy bien la posibilidad de decretar el confinamiento por razones de salud pública» ante lo que describió como conocimiento de «enfermedades infectocontagiosas» entre la población migrante llegada a Ceuta.
La ministra de Sanidad respondió calificando la propuesta de «injustificada» y advirtiendo de que un confinamiento «podría ser contraproducente». La normativa española permite decretar medidas de aislamiento o confinamiento por motivos sanitarios al amparo de la Ley Orgánica 3/1986 de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, aunque su aplicación exige acreditar un riesgo real para la salud colectiva, algo que el Ministerio niega que concurra en este caso.
La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, acusó a Feijóo de «generar angustia y miedo» con sus declaraciones. «Lo que sí es contagioso es la xenofobia», afirmó, en una respuesta que refleja la división entre el Gobierno y el principal partido de la oposición sobre cómo abordar la situación en la ciudad autónoma.
El precedente más cercano a este tipo de refuerzos de vacunación se remonta a la crisis migratoria de Ceuta de mayo de 2021, cuando la llegada de varios miles de personas en pocas horas desde Marruecos obligó a las autoridades sanitarias a reforzar la inmunización en los centros de acogida, sin que se llegara a decretar entonces ningún confinamiento por motivos de salud pública. La ciudad autónoma dispone de una capacidad limitada de acogida y de infraestructura sanitaria propia.
El mecanismo de solidaridad interterritorial no tiene carácter vinculante en todos sus extremos, lo que ha generado en el pasado fricciones similares en el reparto de recursos sanitarios, como ocurrió durante la pandemia de covid-19 con la distribución de vacunas y material de protección. Las comunidades que discrepan del reparto, además de Madrid, no han detallado hasta el momento si recurrirán el acuerdo de la Comisión de Salud Pública o si finalmente aportarán las dosis comprometidas.
A partir de ahora, el foco se traslada a la ejecución material del envío de las 25.000 dosis a Ceuta y al ritmo de vacunación en los centros de acogida, así como a la evolución del debate político sobre el confinamiento planteado por Feijóo, que el Gobierno ha descartado por el momento. Sanidad no ha fijado un calendario público para completar la campaña ni ha aportado cifras oficiales sobre casos confirmados de las enfermedades mencionadas entre la población migrante.
