El viaje de Sánchez a China —el tercero desde que es presidente del Gobierno— tiene este año un componente extra que no tenía en 2018 ni en 2024: ocurre en el instante exacto en el que la administración Trump ha reactivado su agenda proteccionista y acaba de anunciar una tregua de 90 días en algunos aranceles a productos tecnológicos chinos. España, y con ella la Unión Europea, se mueven por un tablero en el que cada gesto pesa.
El acuerdo alcanzado no es un tratado internacional, sino una declaración conjunta. Pero en ella aparecen tres compromisos concretos que merecen subrayarse. El primero, la reactivación de los encuentros bilaterales anuales entre los ministros de Economía y el Ministro de Comercio chino. El segundo, la creación de un grupo de trabajo específico sobre semiconductores, energías renovables y coche eléctrico. Y el tercero, el más llamativo, un compromiso de Xi para 'facilitar el acceso' de empresas españolas al mercado chino en sectores estratégicos.
Sánchez, por su parte, ha asumido dos contraprestaciones públicas. La primera, pedir en la UE que el debate sobre los aranceles al coche eléctrico chino incorpore la voz del sector industrial del sur de Europa, donde España tiene intereses evidentes. La segunda, reivindicar un papel 'de puente' en las relaciones transatlánticas en un momento en el que Bruselas y Washington apenas se hablan con fluidez. 'España y China estamos en el lado correcto de la historia', ha dicho Xi en sus declaraciones previas, una frase que Moncloa ha evitado repetir literalmente pero que ha dejado correr.
La reacción en Bruselas ha sido mezcla de interés y prudencia. La Comisión Europea reconoce que los pactos bilaterales con China son 'compatibles' con la agenda común, siempre que no contradigan las decisiones del Consejo en materia arancelaria. Francia, que todavía digiere el impacto de los aranceles sobre sus vinos, observa con recelo. Alemania, en cambio, agradece cualquier gesto que calme a Pekín mientras sus fabricantes de coches se juegan el futuro.
Dentro del propio Gobierno español, el viaje ha generado ruidos internos que pocos se atreven a verbalizar. Sumar había pedido que la delegación incluyese una agenda explícita sobre derechos humanos y libertades públicas en el Tíbet, Xinjiang y Hong Kong. Moncloa optó por incluir una mención genérica a 'los valores compartidos del multilateralismo'. Fuentes del partido de Yolanda Díaz admiten 'cierto malestar', pero evitan abrir un frente a las puertas de la campaña andaluza.
El otro gesto diplomático que dejará huella es la mención de Sánchez a León XIV. El presidente ha recordado ante Xi que será 'un honor' recibir al nuevo Papa en España dentro de unas semanas, con motivo del viaje previsto entre el 6 y el 12 de junio. La frase tiene un punto casi litúrgico: mezcla la geopolítica comercial con el soft power religioso. Y con ella Sánchez cierra un círculo: presumir simultáneamente de buena relación con Pekín, con el Vaticano y con Bruselas. Todo a la vez.
A efectos prácticos, el impacto inmediato del acuerdo se notará en las próximas semanas en forma de misiones comerciales. El Ministerio de Economía prepara ya una delegación de empresas españolas que viajará a Pekín en mayo con el aval del ICEX. Las cifras que maneja el Gobierno hablan de contratos por un valor potencial de 4.500 millones de euros, aunque la mayoría son cartas de intenciones. En diplomacia económica, el verdadero éxito se mide despacio.
Pero conviene subrayar una pregunta incómoda que este viaje deja abierta: ¿puede España jugar de manera creíble el papel de puente entre dos colosos cuando cada uno de ellos quiere arrastrarla a su órbita? La historia reciente dice que los equilibrios funcionan hasta que uno de los dos lados aprieta. Y los aranceles son, precisamente, una forma educada de apretar.
