La disposición que ampara las devoluciones en caliente se introdujo en 2015, durante el Gobierno de Mariano Rajoy, mediante la modificación de la ley de Extranjería que se tramitó al hilo de la ley de Protección de la Seguridad Ciudadana. Aquella reforma buscaba dar cobertura legal a una práctica que ya se aplicaba de facto en Ceuta y Melilla. Sin embargo, la norma mantenía una laguna que ningún Ejecutivo, ni del PP ni del PSOE, había cerrado desde entonces: qué ocurre cuando una persona entra a nado, sin cruzar ningún elemento físico de separación entre España y Marruecos.
Esa laguna fue precisamente la que aprovechó un ciudadano argelino en un litigio que llegó hasta el Tribunal Supremo, que le dio la razón. La resolución, de alcance limitado a un caso concreto, se difundió sin embargo por redes sociales del norte de Marruecos como si supusiera una vía abierta y segura de entrada a territorio español, lo que, según el relato del material consultado, habría precipitado la avalancha del 30 de julio.
El espigón del Tarajal, el punto por el que se produjo la mayor parte de las entradas, es una escollera que se adentra en el mar solo unos metros. A partir de ahí, quien quiera evitar el control fronterizo únicamente necesita nadar más allá del final de la estructura para alcanzar la orilla ceutí sin cruzar ningún elemento tangible que marque el límite entre ambos países. Ese diseño de infraestructura es el que el Gobierno trata ahora de corregir sin tocar el texto legal.
Al día siguiente de la entrada masiva, el Ejecutivo ordenó la instalación de una barrera de contención de unos 500 metros en las aguas colindantes con el espigón del Tarajal, además de un refuerzo similar en el entorno marítimo de Melilla. La lectura del Gobierno es que, al materializar físicamente el límite fronterizo en el mar, se subsana el vacío detectado por el Supremo sin necesidad de reformar la disposición adicional de la ley de Extranjería ni de aprobar un real decreto.
Las dudas jurídicas sobre la solución de infraestructura
Fuentes jurídicas consultadas cuestionan que la barrera baste para blindar el mecanismo. El argumento central es que una barrera puede ser bordeada, y que bastaría con que una persona alegara ante un juez haber entrado sin cruzar físicamente el nuevo obstáculo para reproducir el mismo litigio que dio la razón al ciudadano argelino. «¿Qué ocurre si alguien que ha cruzado por encima la barrera alega ante un juez que lo ha bordeado? Estaríamos en la misma situación que el argelino que ganó su caso en el Supremo», advirtió una de esas fuentes. La solución más sólida, según ese mismo criterio, pasaría por incorporar «un par de líneas o un párrafo nuevo» a la disposición adicional que contemplara expresamente la entrada marítima.
La vía normativa disponible para una reforma de urgencia sería el real decreto-ley, instrumento previsto en el artículo 86 de la Constitución para casos de extraordinaria y urgente necesidad, que entra en vigor de forma inmediata tras su aprobación en Consejo de Ministros y debe ser convalidado por el Congreso en el plazo de treinta días. «Con un real decreto, esta modificación entraría automáticamente en vigor y tendría los apoyos suficientes en el Congreso para su aprobación en un plazo de un mes. PP y Vox no podrían votar en contra», sostuvo una de las fuentes, en alusión a que ambas formaciones han defendido históricamente el modelo de devoluciones vigente desde 2015.
El obstáculo, según ese mismo relato, no sería político sino de agenda: convocar un Consejo de Ministros extraordinario en pleno agosto, aunque sea por videoconferencia. «Sánchez ha tenido tiempo de sobra pero no quiere reunir al Consejo de Ministros en plenas vacaciones, aunque sea de urgencia y mediante videoconferencia», apuntó otra de las fuentes consultadas. La Presidencia del Gobierno dispone para estos casos de un sistema de comunicaciones cifradas, conocido internamente como malla Bravo, que permite mantener reuniones seguras entre el presidente, los ministerios y las salas de crisis sin desplazamientos físicos.
Voces conocedoras del funcionamiento interno de Presidencia sostienen que no se habrían activado los mecanismos institucionales de gestión de crisis previstos en el ordenamiento, como el Consejo de Seguridad Nacional o el Comité de Situación que depende de él. «¿Cómo es posible que no se haya reunido el Consejo de Seguridad Nacional o el Comité de Situación que está por debajo de él?», cuestionó una de esas fuentes, que apuntó al jefe de Gabinete, Diego Rubio, y alertó de que, si Marruecos no frena la convocatoria por redes del 15 de agosto, «volveremos a tener la misma situación en Ceuta».
La preocupación de estas fuentes se centra precisamente en esa fecha, cuando distintos canales en redes sociales del norte de Marruecos habrían convocado una nueva llamada a cruzar la frontera hacia Ceuta. Si el Gobierno marroquí no frena esa convocatoria y España no ha cerrado antes el resquicio legal detectado por el Supremo, advierten, podría producirse una situación similar a la del 30 de julio en plena temporada alta de tránsito por el Estrecho.
El precedente de 2021 y la posición marroquí
El episodio remite al precedente más comparable por volumen de entradas: la crisis de mayo de 2021, cuando cerca de 10.000 personas accedieron a Ceuta después de que Rabat relajara el control fronterizo, en un contexto de tensión diplomática por la acogida sanitaria en España del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali. Aquella crisis terminó con una recomposición de la relación bilateral y el reforzamiento del control fronterizo marroquí. En esta ocasión, el Gobierno marroquí no ha atribuido públicamente responsabilidad a la convocatoria de las entradas.
El Ministerio del Interior no ha ofrecido, hasta la fecha, una valoración pública detallada sobre la suficiencia jurídica de la barrera instalada en el Tarajal ni sobre un eventual calendario para reformar la disposición adicional de la ley de Extranjería. Tampoco el Ministerio de la Presidencia ha confirmado ni desmentido la existencia de un debate interno sobre la conveniencia de aprobar un real decreto-ley antes del 15 de agosto.
Conviene recordar que la disposición de 2015 fue aprobada con la oposición del PSOE, que llegó a recurrirla ante el Tribunal Constitucional sin lograr su anulación. Que sea ahora un Gobierno socialista el que se resista a modificar esa misma norma, en un contexto de presión desde la derecha parlamentaria para endurecer los controles, ilustra cómo los consensos migratorios tienden a invertirse según quién ocupe el Ejecutivo.
En el plano judicial, cualquier persona que entre en Ceuta o Melilla bordeando la nueva barrera marítima y sea objeto de una devolución en caliente podría, en teoría, recurrir esa decisión ante los tribunales españoles con el mismo argumento que prosperó en el caso del ciudadano argelino. Correspondería entonces a los tribunales pronunciarse sobre si la barrera colma o no el vacío detectado, un proceso que podría prolongarse meses y dejar de nuevo en suspenso la seguridad jurídica del mecanismo de rechazo en frontera. El primer test, sin embargo, llegará antes: el 15 de agosto marcará si la solución de infraestructura del Ejecutivo resiste una nueva convocatoria.
