La mañana de este viernes, elementos de la Policía Estatal adscritos a la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana de Oaxaca intervinieron las oficinas administrativas del IEEPO, en un operativo que precedió a la salida del funcionario. Las oficinas centrales del instituto quedaron bajo resguardo policial mientras se documentaba la situación de la nómina cuestionada.
Montero Pérez es considerado el jefe político de Miguel Sánchez Altamirano, presidente municipal de Juchitán de Zaragoza, a quien un juez dictó prisión preventiva por el delito de extorsión agravada y otros delitos que atentan contra la seguridad del Estado. El edil permanece recluido mientras la Fiscalía de Oaxaca solicita al juez federal vincularlo a proceso junto con otro imputado identificado como "La Parka", audiencia que continúa.
La relación entre ambos —uno al frente de una dependencia estatal, otro del ayuntamiento— habría derivado en la colocación de personal municipal juchiteco dentro de la nómina del instituto educativo, de acuerdo con la información revelada. El IEEPO administra la política educativa de la entidad con recursos federales transferidos y opera una de las nóminas magisteriales más numerosas del país, un rubro que ha sido escenario recurrente de irregularidades administrativas en distintos estados.
El caso se ubica en la región del Istmo de Tehuantepec, zona estratégica entre el Golfo de México y el océano Pacífico y sede del Corredor Interoceánico impulsado por el gobierno federal, donde las autoridades oaxaqueñas han señalado presuntos vínculos entre estructuras municipales y el crimen organizado. La detención de Sánchez Altamirano se enmarca en esa línea de indagatorias sobre autoridades locales.
El manejo irregular de nóminas en el sector educativo oaxaqueño tiene antecedentes de peso: entre 2013 y 2015, la federalización del pago de la nómina magisterial a través del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa (FONE) buscó precisamente centralizar y depurar plazas ante los reiterados señalamientos de plazas fantasma y comisionados sin funciones frente a grupo en la entidad. El escrutinio sobre la nómina del IEEPO retoma esa vieja discusión sobre el control del gasto educativo estatal.
El señalamiento sobre nóminas infladas y plazas sin sustento no es exclusivo del ámbito educativo: la fiscalización de recursos públicos y la modernización de trámites institucionales atraviesan otros ámbitos de la administración, como se ha discutido a propósito de la Ley de Economía Digital y su impacto en la digitalización de procesos.
Hasta el momento, el gobierno de Oaxaca no ha oficializado la renuncia del titular del IEEPO ni ha informado quién asumirá el cargo al frente de la dependencia, encargada de la política educativa en la entidad. La Fiscalía de Oaxaca, en tanto, continúa con la audiencia para determinar la vinculación a proceso del edil de Juchitán.