La legisladora del Partido Verde Ecologista de México sustenta el planteamiento en cifras de la Comisión Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), que señala que 2.7 millones de adultos mayores enfrentan a diario el desamparo y la indiferencia de sus familias y de la sociedad. Ese dato funciona como eje de la exposición de motivos del documento.
La iniciativa no fija una pena única: contempla agravantes que elevarían las sanciones hasta en una mitad cuando la víctima presente discapacidad física, mental, intelectual o sensorial, enfermedad crónica, condición de dependencia o movilidad reducida. También aumentaría el castigo si el abandono ocurre en hospitales, centros de atención médica, instituciones de asistencia social, establecimientos de cuidado o la vía pública, espacios donde la exposición de la víctima resulta mayor.
El texto turnado a comisiones endurece la responsabilidad penal cuando quien abandona es ascendiente, descendiente, cónyuge, concubina o concubinario, o bien la persona tutora o responsable de hecho del cuidado del adulto mayor. La propuesta también castiga con mayor severidad los casos en que el abandono busque evadir obligaciones alimentarias, asistenciales o de cuidado, una figura que amplía el tipo penal más allá del abandono físico inmediato.
Cuando el abandono derive en lesiones que pongan en riesgo la vida de la víctima, produzcan una afectación permanente en su salud o agraven de forma significativa una condición médica previa, la iniciativa fija una pena de seis a diez años de prisión y multa de 600 a mil veces el valor diario de la UMA. Si sobreviene la muerte del adulto mayor a consecuencia del abandono, la condena propuesta sube a un rango de diez a quince años de prisión, con multa de mil a mil 500 veces el valor diario de la unidad de referencia.
En la exposición de motivos, Chedraui Peralta plantea que el abandono de personas mayores trasciende la falta de recursos materiales o económicos.
"Es una forma de violencia estructural y relacional que se manifiesta en múltiples dimensiones, como la negligencia en la atención médica y alimentaria, el despojo patrimonial y, en los casos más extremos, el abandono físico en hospitales, asilos o incluso en la vía pública", sostiene la diputada Alejandra Chedraui Peralta en el documento turnado a la Comisión de Justicia.
La reforma seguiría el procedimiento legislativo ordinario: como iniciativa turnada a comisión, debe ser dictaminada por la Comisión de Justicia antes de someterse al pleno de la Cámara de Diputados y, en su caso, al Senado. El endurecimiento de tipos penales para proteger a grupos vulnerables tiene antecedentes recientes en San Lázaro, como la reforma de 2012 que tipificó el feminicidio en el Código Penal Federal, incorporado como delito autónomo con penas de 40 a 60 años de prisión.
El planteamiento se suma a la agenda de la LXVI Legislatura en un periodo que ha concentrado la atención en temas de seguridad, como el refuerzo del operativo en Mazatlán con mil 800 elementos de la Sspc, Marina y Defensa. El destino de la propuesta sobre adultos mayores dependerá del dictamen que emita la Comisión de Justicia de San Lázaro.