El PNV ha condicionado públicamente la continuidad de la legislatura a que el Gobierno de Pedro Sánchez presente como mínimo los Presupuestos Generales del Estado de 2026, al tiempo que su portavoz parlamentario, Aitor Esteban, ha reconocido que existe una negociación en curso entre ambas partes. La advertencia llega cuando España acumula tres ejercicios consecutivos prorrogando las cuentas públicas de 2023, una situación sin precedentes en la democracia reciente, y en la misma semana en que el Ministerio de Hacienda ha iniciado una ronda de contactos técnicos con grupos parlamentarios.
La presión nacionalista vasca
Esteban ha sido explícito: sin Presupuestos no hay legislatura. La afirmación no es retórica. El PNV forma parte del bloque de investidura que en su momento respaldó la reelección de Sánchez como presidente del Gobierno, y ese apoyo —según ha recordado el propio Esteban— estuvo acompañado de compromisos presupuestarios concretos que, a juicio del partido jeltzale, aún no se han materializado. La exigencia convierte la elaboración de las cuentas públicas en una condición de supervivencia política para el Ejecutivo, más allá de su dimensión técnica o económica.
Por qué importa: la prórroga como regla, no como excepción
Que España lleve tres años sin unos Presupuestos propios aprobados no es un dato menor. La Constitución española establece que el Gobierno debe presentar el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado antes del 1 de octubre del año anterior al ejercicio correspondiente. Cuando las Cámaras no aprueban las cuentas en plazo, la legislación prevé la prórroga automática del presupuesto vigente. Lo que en origen fue concebido como mecanismo de emergencia se ha convertido, en el ciclo político actual, en el modo habitual de gestionar las finanzas públicas del Estado. Las implicaciones son estructurales: la Administración no puede ejecutar nuevas inversiones no contempladas en las cuentas prorrogadas, los ministerios operan con techos de gasto congelados y la capacidad del Parlamento para fiscalizar la política económica del Ejecutivo queda severamente mermada.
El PP y el reproche al decreto-ley
Desde la oposición, el Partido Popular ha elevado la crítica a un plano más amplio. Los populares denuncian lo que denominan un «estado de excepción legislativo», en referencia a la acumulación de decretos-ley por parte del Gobierno para suplir la ausencia de iniciativa legislativa ordinaria. El decreto-ley es un instrumento constitucional previsto para casos de extraordinaria y urgente necesidad, y su uso reiterado como sustituto de la actividad parlamentaria normal ha sido objeto de debate jurídico y político recurrente en España. El Congreso de los Diputados debe convalidar o derogar cada decreto-ley en el plazo de treinta días, lo que convierte ese trámite en un termómetro constante de las mayorías parlamentarias del Ejecutivo.
Hacienda mueve ficha
En el proceso presupuestario español, los contactos técnicos previos a la presentación formal del proyecto suelen servir para tantear la viabilidad de acuerdos, identificar líneas rojas y construir los consensos mínimos necesarios para que un texto pueda prosperar en el Congreso. Que esa ronda arranque ahora confirma, al menos, que el Gobierno no ha descartado el intento, aunque la distancia entre abrir conversaciones y cerrar un acuerdo parlamentario suficiente ha demostrado ser, en esta legislatura, muy difícil de recorrer.
Precedente y aritmética parlamentaria
El fracaso en la aprobación de los Presupuestos de 2024 y 2025 tiene un denominador común: la ausencia de una mayoría estable en el Congreso de los Diputados. El bloque de investidura que permitió la reelección de Sánchez está integrado por partidos con agendas y prioridades divergentes, lo que complica la construcción de acuerdos sobre un texto tan transversal como las cuentas del Estado. En sistemas parlamentarios comparados, la incapacidad sostenida para aprobar presupuestos ha desembocado históricamente en convocatorias electorales anticipadas o en gobiernos en minoría con capacidad de gestión pero sin músculo legislativo real. España se encuentra técnicamente ante esa segunda situación.
Qué exige el PNV y qué implica
La posición del PNV introduce una variable de calendario: la exigencia no se limita a que haya Presupuestos en abstracto, sino a que el Gobierno los presente «como mínimo» para el ejercicio 2026. Eso significa que el partido vasco descarta ya implícitamente recuperar las cuentas de años anteriores y sitúa el horizonte negociador en el próximo ciclo presupuestario. El reconocimiento explícito de que hay una negociación en marcha sugiere que el PNV no ha abandonado la mesa, pero la publicidad de la advertencia indica también que considera necesario aumentar la presión para obtener resultados concretos.
El horizonte: presupuesto o crisis
El escenario que se abre en las próximas semanas tiene dos desenlaces posibles y pocos términos medios. Si Hacienda y los socios parlamentarios logran acordar un marco de negociación que desemboque en la presentación formal de un proyecto de Presupuestos, el Gobierno habría superado uno de los mayores obstáculos de la legislatura. Si los contactos técnicos no fructifican o el PNV endurece su posición, la presión sobre la mayoría de investidura se intensificará en otoño, cuando el calendario parlamentario y el político confluyen con mayor fuerza. En cualquier caso, la cuenta atrás ha comenzado a correr de forma visible.
