Zavala se dio a conocer por documentar y denunciar públicamente casos de presuntas violaciones a derechos humanos dentro del sistema penitenciario, en un contexto marcado por el régimen de excepción vigente desde marzo de 2022. Esa medida ha supuesto la detención de decenas de miles de personas y ha sido objeto de señalamientos reiterados por parte de organismos de derechos humanos sobre las condiciones carcelarias y los procesos judiciales.
Las organizaciones sociales calificaron la condena de desproporcionada y la vincularon directamente con la labor de denuncia de Zavala, según los cuestionamientos difundidos tras conocerse el fallo. Esas agrupaciones sostienen que el proceso penal en su contra se activó como respuesta a sus señalamientos públicos, más que como resultado de una investigación independiente sobre el delito de estafa agravada que se le imputó.
El Código Penal salvadoreño contempla la estafa agravada como un delito patrimonial, cuya pena oscila según las circunstancias del caso y el monto defraudado. La imposición de una condena de 15 años se ubica en el rango superior de las penas previstas para este tipo de delitos, lo que ha alimentado los cuestionamientos sobre la proporcionalidad del fallo en relación con los hechos imputados.
El caso de Zavala se suma a señalamientos previos de organizaciones que han documentado lo que describen como un patrón de represalias contra defensores, periodistas y activistas críticos con el régimen de excepción. Entre esas voces figura Madres por la Libertad, que rindió tributo en la Catedral por los muertos registrados bajo el régimen de excepción, en un acto que visibilizó el reclamo de familiares sobre fallecimientos ocurridos dentro de centros penitenciarios.
El sistema de justicia salvadoreño ha enfrentado en los últimos años señalamientos sobre la independencia judicial, particularmente desde la destitución y reconfiguración de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en mayo de 2021, por decisión de la Asamblea Legislativa. Organizaciones de derechos humanos han documentado casos en los que defensores y periodistas han sido objeto de procesos penales que, a su juicio, buscan desincentivar la fiscalización sobre la actuación estatal.
El marco procesal salvadoreño contempla recursos de apelación y casación ante instancias superiores para este tipo de condenas penales. El caso se inscribe en un contexto en el que distintas organizaciones han reclamado mayor transparencia sobre las condiciones de reclusión y los procesos judiciales derivados del régimen de excepción, que la Asamblea Legislativa ha prorrogado de forma sucesiva desde su entrada en vigor.