La Cámara autonómica eligió a los tres senadores por designación autonómica que representarán a Castilla y León en el Senado. El alavés Javier Maroto, del PP, fue elegido por tercera vez pese a estar empadronado en Sotosalbos (Segovia), mientras que el expresidente de la Diputación de Salamanca, Javier Iglesias, inicia su etapa en la Cámara alta también por el PP. Por el PSOE entró la exalcaldesa de Segovia Clara Martín, que será candidata al Ayuntamiento segoviano en las próximas elecciones locales. Los procuradores de Vox optaron por el voto en blanco en ambas votaciones; los candidatos del PP obtuvieron 32 apoyos y la del PSOE, 30.
El nuevo líder del PSOE castellanoleonés, Carlos Martínez, que ya había intervenido en el pleno de investidura de Mañueco, protagonizó su primera sesión de control con tono irónico. Felicitó a los tres senadores, en especial a Maroto, a quien atribuyó haber superado un «test de arraigo» que, según dijo, exigía Vox. También felicitó a Mañueco por tener «un miembro con plaza en la Audiencia Nacional», en alusión al consejero de Industria, Juan Carlos Suárez Quiñones, que ha obtenido plaza de magistrado en la Sala de lo Penal, aunque no la ocupará de momento.
«Enhorabuena, señor Quiñones, después de 15 años en política de la mano del señor Mañueco su carrera judicial sigue progresando (…) olé por la separación de poderes», Carlos Martínez, líder del PSOE de Castilla y León.
Martínez preguntó además a Mañueco «hasta dónde es capaz de llegar» para seguir en el poder, en alusión al acuerdo de gobierno entre PP y Vox. El presidente autonómico respondió que no pactaría con «los herederos de ETA», que no aprobaría «una ley de amnistía para los golpistas» y que tampoco compraría «apoyos de separatistas» con la financiación autonómica, en referencia al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a quien pidió que «asuma su derrota». Martínez replicó reprochándole su actitud durante los incendios de Ávila, cuando —dijo— se convirtió «en el más sanchista» y se amparó en Sánchez para salvar su gestión.
Protocolo de vivienda en Valladolid
El debate derivó hacia las pautas que marca Vox en los gobiernos de los que forma parte. La procuradora socialista Patricia Gómez Urbán puso como ejemplo el Ayuntamiento de Valladolid, gobernado por PP y Vox, donde se ha modificado el protocolo de acceso a vivienda de protección para sustituir la categoría de víctimas de violencia de género por la de víctimas de violencia doméstica. Durante la sesión, integrantes de la Coordinadora de Mujeres que ocupaban la tribuna de invitados fueron expulsados tras desplegar carteles de repulsa por ese cambio.
La vicepresidenta segunda de la Junta, Isabel Blanco, que antes fue consejera de Familia e Igualdad —cartera que ya no da nombre a ninguna consejería tras la reestructuración del Gobierno autonómico—, intervino en respuesta a los reproches socialistas. El cambio en el protocolo de Valladolid se enmarca en la distinción entre violencia de género, definida por la Ley Orgánica 1/2004 como la ejercida sobre la mujer por parte de su pareja o expareja, y la violencia doméstica, categoría más amplia que no acota el vínculo ni el sexo de la víctima.
La renovación de escaños trajo de vuelta a la Cámara a Mariano Veganzones, consejero de Empleo en la pasada legislatura, que se hizo notar entonces por sus improperios contra los sindicatos. Su regreso, junto al de Guilarte y Martínez, completa el grupo parlamentario de Vox en unas Cortes donde el partido es socio de investidura del PP desde el pacto que permitió la reelección de Mañueco, replicado después en ayuntamientos como el de Valladolid, cuyo protocolo de vivienda centró parte del choque de esta primera sesión de control del curso.
