El acuerdo de gobierno suscrito por el PP y Vox el 2 de julio de 2026 dedica su punto 14, titulado 'Leyes ideológicas', a fijar el compromiso de ambos partidos de renunciar 'expresamente a todo intento de imprimir cualquier sesgo ideológico o condicionar el libre pensamiento y juicio de los ciudadanos' y a 'revisar, y, en su caso, derogar, cualquier disposición normativa, ente, organismo, subvenciones o ayudas públicas' que se demuestren 'superfluos o ineficientes'. El texto no menciona expresamente el área de violencia de género, pero Vox ha señalado en reiteradas ocasiones esa política pública como ejemplo de gasto que considera innecesario, y ha empleado con frecuencia el término 'chiringuitos' para referirse a la red de organismos, observatorios y unidades de atención desarrollada por las administraciones españolas en el último medio siglo.
Qué hacen las unidades que cambian de manos
Las unidades de valoración integral de violencia de género son equipos multidisciplinares —con personal médico, psicólogo, trabajador social y jurídico— que emiten informes técnicos sobre el riesgo que corre una víctima y sobre las medidas de protección que deberían adoptarse. Esos informes resultan determinantes para que jueces y fiscales dicten órdenes de alejamiento, retiradas de custodia o medidas cautelares. En Andalucía dependen de la consejería competente en la materia y trabajan de forma coordinada con los juzgados de violencia sobre la mujer, la Fiscalía y las fuerzas de seguridad.
El reparto tras la firma del pacto otorgó a Vox una vicepresidencia con responsabilidades en turismo, desregulación normativa, justicia y administración local, según la composición del Gobierno andaluz conocida el 2 de julio. La ubicación exacta de las unidades de valoración dentro del organigrama resultante no se conocía entonces y solo se ha hecho pública tras culminarse la organización interna de cada departamento, que las sitúa bajo la gestión del área asignada al partido que lidera en Andalucía Manuel Gavira.
El marco jurídico e institucional que vertebra la respuesta del Estado ante esta violencia arranca de la Ley Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, aprobada durante el primer Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Esa norma creó los juzgados especializados, las unidades de valoración forense y los servicios de asistencia social a las víctimas. Vox ha defendido en el Congreso y en los parlamentos autonómicos su sustitución por una legislación que aborde la violencia doméstica sin distinción de sexo del agresor o la víctima, una posición que contrasta con la del PP, el PSOE, Sumar y el resto de fuerzas, que han mantenido el consenso sobre el marco vigente.
El reparto competencial autonómico permite a la Junta organizar libremente sus consejerías y asignar las unidades administrativas dentro de cada departamento, siempre respetando la legislación básica estatal sobre violencia de género y el marco de coordinación con la Administración de Justicia, que depende del Ministerio de Justicia y del Consejo General del Poder Judicial. En la práctica, aunque la gestión política y presupuestaria de las unidades recaiga en el área asignada a Vox, los criterios técnicos de valoración del riesgo siguen sujetos a protocolos estatales y a la supervisión judicial en cada caso concreto.
España registró en 2024 más de 195.000 denuncias por violencia de género, según la Estadística de Violencia Doméstica y de Género del Instituto Nacional de Estadística, y Andalucía figura como la comunidad autónoma con mayor número absoluto de casos, dato coherente con su peso demográfico dentro del conjunto nacional. El Observatorio contra la Violencia de Género del Consejo General del Poder Judicial contabiliza anualmente las víctimas mortales por violencia de pareja o expareja, un indicador que sitúa a España, según los datos de Eurostat, en una posición intermedia dentro de la Unión Europea en tasas de feminicidio por habitante.
El precedente más citado por las asociaciones del sector es el retroceso de los servicios de igualdad en administraciones gobernadas con apoyo de Vox desde 2019, empezando por la eliminación de la concejalía de Igualdad en el Ayuntamiento de Madrid tras el pacto entre PP y Vox de ese año, y siguiendo por la retirada de subvenciones a organizaciones feministas en localidades de la Comunidad Valenciana o Castilla y León tras los acuerdos de 2023. En ninguno de esos casos, sin embargo, se había producido hasta ahora la asignación directa de la gestión de unidades técnicas de valoración de riesgo a un área encabezada por Vox.
Colectivos como la Federación de Mujeres Progresistas o el Lobby Europeo de Mujeres han reclamado en el pasado que la gestión de estos servicios quede al margen de cualquier negociación de gobierno, al tratarse de una política derivada de compromisos internacionales de España, entre ellos el Convenio de Estambul, ratificado en 2014, que obliga a los Estados firmantes a garantizar servicios especializados de apoyo a las víctimas con independencia de los cambios de gobierno. Vox ha reclamado en varias ocasiones la salida de España de ese convenio, algo que no se ha producido y que correspondería en cualquier caso al Gobierno central, no a las comunidades autónomas.
La consejería competente de la Junta, que ha venido gestionando tradicionalmente estas unidades, no ha ofrecido hasta el momento una explicación pública detallada sobre los motivos y el alcance del cambio organizativo, ni ha precisado si la reasignación afecta a la totalidad de las unidades presentes en las ocho provincias andaluzas o solo a una parte de su estructura. Tampoco se ha aclarado si el cambio implica modificaciones en los protocolos de actuación o en el personal técnico de estos equipos.
El Ministerio de Igualdad, dirigido por Ana Redondo desde noviembre de 2023, ha defendido en el pasado la necesidad de blindar frente a los cambios de gobierno la estructura institucional creada por la Ley Orgánica 1/2004, si bien no ha realizado por el momento declaraciones específicas sobre el nuevo reparto competencial en Andalucía. La Junta, gobernada por el PP en solitario desde 2019 hasta las últimas elecciones autonómicas, no había alterado hasta ahora la estructura de atención a víctimas heredada de gobiernos socialistas anteriores.
La oposición parlamentaria, con el PSOE-A como principal grupo opositor en el Parlamento de Andalucía, ha anunciado su intención de solicitar explicaciones al Gobierno autonómico sobre el alcance de la medida en la próxima sesión de control, prevista para después del periodo vacacional parlamentario, que en Andalucía se extiende habitualmente hasta septiembre. Los grupos de la oposición podrán además registrar preguntas escritas y solicitar la comparecencia de los responsables del área para conocer el detalle del cambio organizativo y sus efectos sobre la atención a las víctimas.
