La cadena con sede en Palma de Mallorca fue una de las primeras firmas extranjeras en instalarse en Cuba tras la apertura parcial al capital exterior impulsada por el Gobierno de la isla a comienzos de los años noventa, en el contexto del llamado Período Especial que siguió al colapso de la Unión Soviética. Desde entonces, Meliá mantuvo una posición destacada en el segmento hotelero cubano, operando establecimientos en Varadero, La Habana y otros enclaves turísticos bajo fórmulas de gestión compartida con empresas estatales del país.
Ese modelo de alianza obligatoria con el Estado cubano —una exigencia legal para cualquier inversor extranjero en el sector— permitió a Meliá disfrutar durante tres décadas de incentivos fiscales, ventajas de localización y prioridad sobre el suelo en los enclaves más codiciados, condiciones difíciles de replicar en otros mercados del Caribe. Pese a la proyección internacional de las playas cubanas, la coyuntura política siempre dificultó la implantación de firmas privadas y extranjeras, que solo podían operar aliadas con compañías estatales.
Un repliegue forzado por la energía y las sanciones
El deterioro de las condiciones para operar en la isla se aceleró en los últimos años por la combinación de varios factores. Los cortes energéticos recurrentes, derivados del colapso del sistema eléctrico nacional, han afectado directamente a la operativa hotelera. A ello se suma el endurecimiento de las sanciones estadounidenses, un objetivo declarado del secretario de Estado, Marco Rubio, dentro de la política exterior de la Administración de Donald Trump hacia La Habana, orientada a forzar un giro económico en la isla.
El escenario se agravó de forma decisiva, según el material recogido en el análisis, tras la detención de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero, que provocó el fin del suministro petrolero venezolano a Cuba. Ese flujo de crudo subvencionado había funcionado durante más de dos décadas como salvavidas energético en el marco de los acuerdos de cooperación bilateral iniciados por los Gobiernos de Fidel Castro y Hugo Chávez. Su pérdida ha intensificado el colapso del sistema eléctrico cubano y golpeado con especial dureza a un sector turístico ya debilitado.
Renta 4 estima que el coste directo de abandonar Cuba para Meliá se sitúa cerca de los 78 millones de euros, cifra que la firma vincula al cese de operaciones tras más de tres décadas en el país. La casa de análisis subrayó, no obstante, que excluyendo ese impacto puntual, los resultados de la compañía muestran una evolución operativa favorable en un trimestre con comparativa exigente. «Los resultados se han visto afectados por el cese de operaciones en Cuba, tras más de tres décadas en la isla, algo ya anunciado por Meliá. Excluyendo dicho impacto, los datos muestran una buena evolución operativa», señaló la firma, que apuntó como factores el cierre del Meliá Don Pepe —con reapertura prevista para octubre de 2026— y la recuperación todavía incompleta de reservas del Paradisus Cancún, reabierto en abril.
Según la misma valoración, Meliá va encaminada a cumplir sus objetivos de 2026, con crecimiento tanto en propiedad hotelera como en volumen de reservas fuera del mercado cubano. La compañía había reorientado en los últimos ejercicios buena parte de su estrategia de expansión hacia otros destinos del Caribe y el Mediterráneo, reduciendo su dependencia relativa de un mercado que, aun siendo singular, arrastraba desde hacía años limitaciones estructurales derivadas del control estatal sobre la economía cubana.
La salida de Meliá no es un caso aislado dentro del tejido empresarial español vinculado a Cuba. Aerolíneas como Iberia o World2Fly han reducido de forma progresiva sus operaciones hacia la isla en los últimos años, hasta el punto de que Air Europa es, según la información disponible, la única compañía española que mantiene conexiones regulares entre España y Cuba. Este repliegue conjunto refleja el deterioro generalizado de las condiciones para hacer negocios en un país que durante décadas fue destino prioritario de la inversión hispana en el Caribe.
El marco del embargo y quién ocupa el hueco
El embargo estadounidense sobre Cuba, vigente desde 1962 con distintos grados de intensidad según la Administración de turno en Washington, ha sido históricamente el principal condicionante para cualquier empresa extranjera que operase en la isla, al exponerla a la ley Helms-Burton de 1996, que permite reclamaciones judiciales en Estados Unidos contra compañías que se beneficien de propiedades expropiadas tras la revolución de 1959. El endurecimiento reactivado por la Administración Trump ha añadido presión adicional sobre las firmas extranjeras con presencia en Cuba, entre ellas las españolas.
Los analistas advierten del espacio que podrían pasar a ocupar gigantes estadounidenses como Hilton, Marriott, Wyndham o Hyatt en caso de una futura flexibilización de las relaciones entre Washington y La Habana. De momento, sin embargo, no hay indicios de que ese escenario esté próximo, dada la persistencia del bloqueo diplomático y comercial entre ambos países, por lo que, de regresar en un escenario futuro, las cadenas españolas tendrían que competir en segmentos más ajustados.
El Gobierno cubano no se ha pronunciado públicamente sobre el anuncio en los términos recogidos por el análisis de Renta 4, y Meliá tampoco ha ofrecido, según la información disponible, un desglose adicional sobre el calendario de cierre de sus establecimientos ni sobre el destino de los trabajadores cubanos empleados en sus hoteles. La compañía ya había anunciado con anterioridad su intención de cesar operaciones en el país, por lo que el impacto contable recogido en los resultados no constituye una sorpresa para el mercado, según la propia firma de análisis.
La retirada de Meliá cierra un ciclo de tres décadas que comenzó como una apuesta pionera del capital español en un mercado cerrado y termina en medio de uno de los peores colapsos energéticos y económicos registrados en Cuba desde el Período Especial de los años noventa. Para el sector turístico español, el episodio confirma una tendencia de repliegue que, salvo cambios sustanciales en el marco de sanciones y en la situación interna cubana, apunta a consolidarse a medio plazo.
