El Instituto Nacional de Estadística (INE) es el organismo encargado de elaborar las cifras oficiales de población a partir de la explotación del padrón municipal, el registro administrativo que contabiliza a quienes residen en España con independencia de su situación legal. Sobre esa base se calcula la población total, que en la última actualización se sitúa en 49,8 millones de personas, de las que 10,2 millones nacieron en el extranjero. Ese contingente equivale a algo más del 20% del total de residentes.
La comparación con las series históricas del propio INE resulta ilustrativa. España rondaba los 40 millones de habitantes a finales de los años noventa, y no fue hasta la primera década de este siglo, coincidiendo con el ciclo migratorio asociado al crecimiento económico previo a la crisis de 2008, cuando la población superó los 45 millones. Tras un estancamiento entre 2012 y 2016, ligado a la salida de inmigrantes y de españoles durante la recesión, la curva volvió a acelerarse a partir de 2017, con la única interrupción del parón provocado por la pandemia en 2020.
El aumento poblacional del último periodo se explica casi en su totalidad por la llegada de personas nacidas fuera de España. Esa proporción superior al 20% sitúa al país entre los europeos con mayor peso de población nacida en el extranjero, por encima de la media de la Unión Europea, que Eurostat cifraba en torno al 13% en sus estadísticas de migración. En paralelo, el número de nacidos en territorio español continúa descendiendo, en línea con una natalidad en mínimos: la tasa de fecundidad se mantiene muy por debajo del umbral de reemplazo generacional de 2,1 hijos por mujer, entre las más bajas del continente junto con las de Italia y Malta.
El desajuste estructural entre nacimientos y defunciones —el saldo vegetativo negativo— se registra de forma ininterrumpida desde 2015, según las series demográficas del INE. La consecuencia es un modelo en el que, sin la aportación migratoria, la población española estaría en retroceso. La Comisión Europea y la OCDE vienen advirtiendo desde hace años de que el envejecimiento y la caída de la natalidad son fenómenos comunes a las economías avanzadas, y de que la inmigración actúa como principal amortiguador frente a la contracción de la población en edad de trabajar.
Efectos sobre la afiliación y el gasto en pensiones
El crecimiento poblacional incide de forma directa sobre el mercado de trabajo y sobre la sostenibilidad del sistema público de pensiones. El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha subrayado que la incorporación de trabajadores extranjeros ha contribuido a sostener el número de cotizantes, en un contexto de progresivo envejecimiento de la población activa nacida en España. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha advertido reiteradamente en sus informes de que la relación entre población activa y pensionistas es uno de los factores determinantes para la sostenibilidad a largo plazo del gasto en pensiones, una de las principales partidas del presupuesto público.
El debate sobre inmigración y demografía no es nuevo en España. Desde la regularización extraordinaria de 2005, aprobada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, hasta las sucesivas reformas de la Ley de Extranjería, el país ha oscilado entre políticas de apertura ligadas a las necesidades del mercado laboral y episodios de tensión vinculados a la gestión de flujos irregulares, especialmente en las rutas de Canarias y el Mediterráneo occidental. Cada oleada demográfica ha reabierto la discusión sobre la capacidad de acogida y el encaje de la inmigración en los servicios públicos.
Posiciones enfrentadas de los grupos parlamentarios
Los partidos con representación en el Congreso mantienen posiciones distintas sobre cómo gestionar este crecimiento. El Gobierno de coalición ha defendido que la inmigración regular resulta necesaria para cubrir sectores con déficit de mano de obra, como la agricultura, la construcción o los cuidados de larga duración, y ha impulsado reformas del reglamento de extranjería orientadas a agilizar la regularización y el arraigo. Desde la oposición, distintas formaciones han reclamado un mayor control de las llegadas irregulares y una gestión más restrictiva, mientras otros grupos han insistido en reforzar las vías legales y seguras como alternativa a las rutas de riesgo.
Las comunidades autónomas, competentes en materia de acogida y servicios sociales, también mantienen posiciones dispares sobre el reparto de menores migrantes no acompañados y sobre la presión que el aumento de población ejerce sobre sanidad, educación y vivienda. El asunto ha llegado a la Conferencia de Presidentes en anteriores ocasiones sin que se alcanzara un acuerdo unánime sobre los criterios de distribución territorial, uno de los puntos de mayor fricción entre el Ejecutivo central y los gobiernos autonómicos.
El INE tiene previsto publicar en los próximos meses una nueva actualización de las Cifras de Población, que permitirá desagregar el dato por comunidades autónomas, nacionalidades de origen y grupos de edad, y confirmar con metodología oficial la magnitud exacta de este máximo histórico. A medio plazo, la discusión sobre cómo compatibilizar el crecimiento poblacional con la sostenibilidad de los servicios públicos y del sistema de pensiones seguirá marcando la agenda política y económica española, en un contexto demográfico que, según los organismos estadísticos, apunta a seguir dependiendo del saldo migratorio para evitar el declive de la población.
