Los detalles disponibles son escuetos: los tres jóvenes fueron sorprendidos por un ataque armado cuya autoría no ha trascendido. La coincidencia temporal y geográfica con la muerte de Tacoronte ha situado de nuevo el foco sobre la seguridad en Morelos, estado colindante con Ciudad de México cuya economía depende en buena medida del turismo y la agricultura, y escenario en la última década de episodios recurrentes de violencia vinculados a disputas territoriales entre grupos criminales.
El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, organismo que centraliza las estadísticas delictivas en México, sitúa a Morelos entre los estados con tasas de homicidio doloso por encima de la media nacional en determinados periodos. Analistas de seguridad atribuyen de forma reiterada la violencia armada de la zona a la disputa por rutas de trasiego y a la extorsión, dos fenómenos que han acompañado la expansión del crimen organizado en el centro del país.
El asesinato de Claudia Tacoronte, ocurrido dos semanas antes, había activado la atención de las autoridades consulares españolas, que mantienen protocolos de asistencia a ciudadanos españoles en México. No consta que exista relación entre ambos casos más allá de la coincidencia de fechas y territorio. El gobierno estatal de Morelos y la Fiscalía General de la entidad no han detallado públicamente las líneas de investigación del ataque del sábado.
La violencia contra estudiantes no es un fenómeno aislado en algunas regiones de México. La desaparición de 43 normalistas en Iguala, en el vecino estado de Guerrero, en septiembre de 2014, marcó un antes y un después en la percepción internacional sobre los riesgos que enfrenta la población estudiantil en zonas con alta presencia de grupos armados, un caso que sigue sin esclarecerse por completo pese a las sucesivas comisiones de investigación abiertas por el Estado mexicano.
Los sucesos de Morelos se enmarcan en la actividad consular ordinaria del Ministerio de Asuntos Exteriores español, que activa protocolos de asistencia ante hechos que puedan afectar a la comunidad española en el extranjero. La atención a la exposición de los ciudadanos a contextos de violencia fuera de las fronteras convive con otros episodios recientes de la política migratoria: Interior devolvió a 23 sudaneses a Marruecos desde Ceuta pese a proceder de un país en guerra, un asunto de naturaleza distinta pero que también gira sobre la seguridad de personas frente a la violencia.
Por ahora, ni las autoridades mexicanas han identificado a los responsables ni ha trascendido el móvil del ataque que costó la vida a los dos adolescentes y dejó a un tercero herido la noche del sábado en Morelos.
