La oleada de secuestros habría comenzado el 15 de mayo de 2026, cuando decenas de escolares fueron capturados en Mussa, en el área de gobierno local de Askira-Uba. El 29 de junio, otro ataque contra una escuela de Lassa se saldó con el secuestro de estudiantes que realizaban exámenes en ese momento, además de la muerte de un profesor durante el asalto.
Según Premium Times, la responsable de Educación del área de Askira-Uba, Fasuma Askira, confirmó que 57 escuelas primarias habían dejado de funcionar por la inseguridad y que alrededor de 80 estudiantes secuestrados en los ataques de mayo y junio seguían en paradero desconocido a comienzos de septiembre.
En el caso de Lassa, Associated Press informó de que los atacantes se llevaron a 25 alumnas, 11 alumnos y varios profesores durante la celebración de los exámenes. Las autoridades de Borno desplegaron una operación para localizar a los secuestrados, aunque ningún grupo reivindicó la acción de forma inmediata. Tanto Boko Haram como su escisión, el Estado Islámico de África Occidental (ISWAP), operan en la región y mantienen un largo historial de secuestros masivos contra escolares.
Los secuestrados proceden mayoritariamente de comunidades cristianas y los ataques formarían parte de una campaña de presión para forzar conversiones al islam. En localidades próximas como Ngoshe, miembros de Boko Haram habrían planteado a la población la disyuntiva de convertirse o afrontar nuevos ataques, según líderes comunitarios citados en la investigación de Truth Nigeria.
El patrón recuerda al secuestro de 276 niñas en Chibok, también en el estado de Borno, en abril de 2014, un episodio que desató la campaña internacional #BringBackOurGirls; más de una década después, decenas de aquellas estudiantes nunca regresaron. Boko Haram emplea desde entonces los asaltos a escuelas como arma de guerra y fuente de rescates en el noreste nigeriano.
La prolongación del cautiverio ha provocado protestas de los familiares. El 22 de septiembre, padres y representantes de las comunidades de Mussa y Lassa dieron al Gobierno federal un plazo de seis días para conseguir la liberación de los menores, con la amenaza de trasladar sus protestas hasta la residencia presidencial en Abuja. Los familiares denunciaron que sus hijos llevaban entonces más de cuatro meses desaparecidos.
El Gobierno y las fuerzas de seguridad nigerianas sostienen que continúan los trabajos para localizar y liberar a los secuestrados.
«El Gobierno ha recibido un vídeo de prueba de vida de algunos de los estudiantes capturados y las autoridades están colaborando con los servicios de seguridad para conseguir su liberación», aseguró en julio el comisionado de Educación de Borno, Abba Wakilbe.
Casi cuatro meses después de aquella confirmación, y con el plazo fijado por los familiares ya vencido, ningún organismo ha anunciado la liberación de los menores ni de las mujeres secuestradas en Mussa y Lassa.
