En una entrevista con LA GACETA, García sostuvo que la causa de fondo es lo que denomina «laicismo beligerante», que según su análisis se alimentaría de discursos institucionales. El informe del Observatorio atribuye uno de cada tres ataques contra la libertad religiosa a partidos políticos, con el PSOE y Sumar a la cabeza de esa clasificación.
«Uno de cada tres ataques vienen de parte de los partidos, y los principales partidos políticos que atacan la libertad religiosa en España son PSOE y Sumar, según nuestro Informe, los dos que forman el Gobierno de España», declaró María García, presidenta del Observatorio para la Libertad Religiosa.
El documento detalla que en 2025 se registraron 73 ataques a lugares de culto y símbolos religiosos, un 59% más que en 2024, según los datos del propio Observatorio. Entre los episodios recogidos figura un intento de incendio contra una iglesia en Jerez de la Frontera, donde se introdujeron papeles ardiendo por las rendijas de la puerta, y el asesinato del sacristán Diego Valencia en Algeciras a manos de un agresor de perfil yihadista que también atacó a un sacerdote.
García matizó que la situación actual en España no es comparable a la persecución religiosa de la II República ni a la que sufren comunidades cristianas en África, Asia o América, aunque advirtió de una tendencia al alza en los ataques a cristianos en el conjunto de Europa. La quema de templos e imágenes durante la Segunda República —con miles de iglesias asaltadas entre 1931 y 1936, especialmente en el bienio previo a la Guerra Civil— constituye el precedente histórico de referencia en España en materia de agresiones a la Iglesia católica.
La metodología del Observatorio incluye la revisión de los diarios de sesiones y boletines oficiales del Congreso, el Senado y los parlamentos autonómicos, de donde la entidad extrae expresiones e iniciativas que considera ofensivas hacia las confesiones, incluidas propuestas para retirar la asignatura de religión del sistema educativo. García reconoció un problema de infradenuncia entre las comunidades religiosas afectadas, un fenómeno que, según explicó, aborda de forma recurrente en reuniones con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y con el Ministerio del Interior.
La presidenta del Observatorio defendió que la respuesta cristiana tradicional de «poner la otra mejilla» no está reñida con denunciar profanaciones, pintadas en templos o amenazas por motivos de fe. La entidad reclama además que se mantenga en el Código Penal el delito de ofensa a los sentimientos religiosos, tipificado en el artículo 525, que castiga el escarnio público de dogmas, creencias o ritos de una confesión religiosa.
Las posiciones de la entidad se enmarcan en un debate recurrente sobre el papel de la religión en el espacio público. El PSOE y Sumar han defendido públicamente en el Congreso, en el marco de la tramitación de la reforma educativa, la retirada del carácter evaluable de la asignatura de religión, una medida que ambas formaciones enmarcan en la aconfesionalidad del Estado consagrada en el artículo 16 de la Constitución.
García cerró señalando que la infradenuncia «se está empezando a reducir», aunque insistió en que aún queda «mucho que concienciar» entre las comunidades religiosas, según sus declaraciones a LA GACETA.
