El denominado caso del ático se refiere a la investigación sobre un presunto fraude fiscal y la comisión de delitos societarios atribuidos a Alberto González Amador, pareja de la presidenta, en relación con operaciones inmobiliarias en Madrid. El asunto, que saltó a la esfera pública en 2024, derivó en una crisis que alcanzó de lleno al Gobierno regional al situar el entorno personal de Ayuso en el centro del debate político y mediático durante meses.
La instrucción judicial ha seguido su curso ante los tribunales madrileños, sin que a fecha de hoy conste una resolución firme sobre las imputaciones. El procedimiento se rige por la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que ordena las fases de instrucción, apertura de juicio oral y, en su caso, celebración de vista, un itinerario que en asuntos de naturaleza fiscal y societaria suele prolongarse varios años desde la apertura de diligencias.
Ayuso ha sostenido en sus comparecencias públicas que el asunto pertenece a la esfera privada de su pareja y ha denunciado en varias ocasiones lo que considera una utilización política del caso por parte de sus adversarios. Las defensas de las partes investigadas han reiterado su confianza en el proceso judicial, mientras que desde el PSOE la oposición madrileña ha reclamado en sede parlamentaria explicaciones sobre el caso. Más Madrid, por su parte, ha centrado sus críticas en la política de conciertos con la sanidad privada.
Sanidad: ratios, salarios y la amenaza de paro
El segundo frente es el de las relaciones laborales en la sanidad pública madrileña. Los sindicatos representativos del sector, entre ellos AMYTS para el personal médico y SATSE para enfermería, han mantenido en los últimos cursos reivindicaciones sobre ratios de personal, carga asistencial y actualización salarial, con movilizaciones que en algunos casos han derivado en convocatorias de huelga parcial. Una eventual convocatoria formal de paro dependería de que las negociaciones con la Consejería de Sanidad no avancen.
La Comunidad de Madrid gestiona uno de los sistemas sanitarios públicos con mayor volumen de población atendida del país. Según los informes del Ministerio de Sanidad sobre gasto sanitario público por comunidades autónomas, la región figura entre las de mayor presupuesto absoluto, aunque por debajo de la media nacional en gasto por habitante. Esa brecha ha sido uno de los argumentos recurrentes de los sindicatos en sus negociaciones con la Administración regional.
Desde el Gobierno autonómico se ha respondido de forma reiterada que los indicadores de listas de espera y actividad quirúrgica han mejorado respecto a los peores momentos de la pandemia, sin que las partes coincidan en la lectura de los datos del Servicio Madrileño de Salud. El PSOE ha vinculado esa gestión a lo que considera un deterioro de la atención primaria.
La incógnita electoral y un ciclo de siete años
El tercer cabo suelto es de naturaleza estrictamente electoral: la incógnita sobre si Ayuso volverá a concurrir como candidata a la presidencia de la Comunidad. La presidenta ha evitado hasta ahora pronunciamientos definitivos sobre su continuidad, en un contexto en el que su peso dentro del Partido Popular a escala nacional ha sido objeto de análisis recurrente.
Ayuso fue elegida presidenta por primera vez en 2019, tras una coalición con Ciudadanos y el apoyo parlamentario de Vox. Renovó el cargo en 2021 con mayoría absoluta después del adelanto electoral que ella misma propició, y en 2023 volvió a obtener mayoría absoluta, consolidando un ciclo de siete años que la sitúa entre las dirigentes autonómicas con más tiempo consecutivo en el cargo dentro del PP actual.
Ese recorrido tiene un precedente comparable en la trayectoria de Esperanza Aguirre, que presidió la Comunidad de Madrid entre 2003 y 2012 —casi una década— antes de dar el relevo a Ignacio González. La comparación entre ambos liderazgos ha sido habitual en el debate político madrileño, tanto por la duración en el cargo como por el estilo de gestión frente al Gobierno central.
El calendario institucional prevé que la próxima renovación de la Asamblea de Madrid se produzca conforme a los plazos del Estatuto de Autonomía, que fija mandatos de cuatro años salvo disolución anticipada, un mecanismo que la propia Ayuso ya utilizó en 2021. Esa posibilidad de adelanto vuelve a mencionarse en los círculos políticos madrileños como una herramienta que la presidenta podría considerar según la evolución del calendario nacional y del propio PP.
En paralelo, el Gobierno regional deberá afrontar en los próximos meses la tramitación de los presupuestos autonómicos para el siguiente ejercicio, un trámite que se sustancia en una Asamblea donde el PP cuenta con mayoría absoluta, lo que en principio permite su aprobación sin necesidad de pactos externos.
Los hitos que marcarán este tramo de legislatura son tres: la evolución judicial del caso del ático, cuyo desenlace no tiene fecha fijada; la eventual convocatoria formal de huelga sanitaria en función de la negociación con los sindicatos; y el pronunciamiento de Ayuso sobre su futuro como candidata, que previsiblemente llegará conforme se acerque el final natural del mandato o se concrete la opción de un adelanto electoral.
