La denuncia, difundida este miércoles, traslada al ámbito laboral un conflicto que hasta ahora se había circunscrito a la saturación de los centros sanitarios. Según SATSE, la Administración estaría recurriendo a la prolongación de jornadas del personal de enfermería en lugar de incorporar nuevos efectivos para afrontar el incremento de necesidades asistenciales asociado a la llegada de migrantes a la ciudad.
El sindicato detalla que algunas profesionales estarían siendo requeridas para trabajar en horario de tarde, entre las 17:00 y las 21:00 horas, tras haber completado ya su turno ordinario de mañana. Esta fórmula, sostiene la organización, se estaría empleando como alternativa a la contratación de personal, lo que supondría una sobrecarga acumulada sobre una plantilla que, según denuncia, ya venía trabajando en condiciones de tensión desde hace meses.
Uno de los aspectos que el sindicato considera más preocupantes es el cauce empleado para comunicar esas instrucciones. Según su denuncia, las órdenes para cubrir horarios adicionales o desplazarse a centros distintos de los habituales llegarían en ocasiones por WhatsApp y de forma verbal, sin la comunicación formal por escrito que, a juicio de la organización, debería acompañar cualquier modificación de las condiciones de trabajo.
El marco legal que examinará la Inspección
La Inspección de Trabajo, organismo dependiente del Ministerio de Trabajo y Economía Social, es la autoridad competente para verificar el cumplimiento de la normativa laboral y, en su caso, iniciar actuaciones sancionadoras si constata irregularidades en la gestión de jornadas, horas extraordinarias o movilidad geográfica del personal. El Estatuto de los Trabajadores y el Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud regulan los límites de la jornada ordinaria, las condiciones para las prolongaciones y la exigencia de que determinadas decisiones organizativas queden documentadas por escrito.
El conflicto no surge de forma aislada. SATSE lleva meses advirtiendo del deterioro de las condiciones laborales del personal sanitario en Ceuta. En julio, el sindicato calificó la situación como un «colapso del personal sanitario» y atribuyó buena parte del problema a la precariedad contractual y a la dificultad de la Administración para retener a los profesionales formados en la ciudad.
Según denunciaba entonces la organización, buena parte de las enfermeras y enfermeros nacidos y formados en Ceuta terminan marchándose a la Península o a otros países ante la reiterada oferta de contratos de muy corta duración —en ocasiones de un solo día por necesidades de servicio— frente a las condiciones de mayor estabilidad que encuentran en otros territorios del Sistema Nacional de Salud.
La atención a la población migrante ha sido otro de los frentes señalados por el sindicato. En febrero, SATSE alertó de que una sola enfermera llegaba a atender a cerca de mil residentes en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de Ceuta, denunciando la ausencia de un refuerzo sanitario que, según la organización, debería estar contemplado en las condiciones de contratación del centro.
En mayo, el sindicato reclamó formalmente al Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA), organismo responsable de la asistencia sanitaria pública en Ceuta y Melilla, un incremento de las plantillas de enfermería, fisioterapia y matronas, después de que la escasez de profesionales dejara sin cubrir varias plazas convocadas. SATSE sostiene que las bolsas de contratación en la ciudad se encuentran prácticamente agotadas, lo que dificulta articular refuerzos.
La organización considera que mantener abiertos todos los centros de Atención Primaria sin reforzar las plantillas traslada el coste de la crisis a los propios trabajadores. En su comunicado de julio, SATSE reclamó que, ante episodios de afluencia masiva, se activen protocolos específicos que permitan reorganizar temporalmente la asistencia sin recurrir de forma sistemática a la prolongación de jornadas del personal fijo.
Ni el INGESA ni el Ministerio de Sanidad se han pronunciado públicamente sobre la denuncia presentada ante la Inspección de Trabajo, por lo que no ha podido conocerse la versión de la Administración sobre los hechos descritos por el sindicato ni si se han adoptado medidas para reforzar la plantilla en las últimas semanas.
Ceuta arrastra desde hace años una posición singular dentro del mapa sanitario español por su condición fronteriza y su exposición a episodios recurrentes de presión migratoria. En mayo de 2021, la entrada de miles de personas a nado y por la frontera en apenas dos días obligó a desplegar dispositivos de emergencia sanitaria y humanitaria en la ciudad, un precedente que ilustra la vulnerabilidad de un sistema con plantilla limitada y una población flotante difícil de dimensionar.
La Inspección de Trabajo dispone de un plazo para examinar la denuncia y, en su caso, iniciar actuaciones comprobatorias en los centros afectados, que podrían derivar en requerimientos a la Administración sanitaria o, si se constatan incumplimientos, en la apertura de expediente sancionador. SATSE ha adelantado que continuará reclamando la incorporación de refuerzos y una planificación estable de las plantillas mientras se prolongue la presión asistencial sobre el sistema sanitario ceutí.
