El propio martes, el Consejo de Ministros tiene previsto aprobar un decreto-ley con medidas para atajar la crisis habitacional. Su convalidación exigirá el respaldo de otros grupos en el Congreso dentro de los 30 días siguientes a su publicación, tal como establece el artículo 86 de la Constitución para los decretos-leyes. El Gobierno negocia ya los apoyos necesarios, en un contexto de tensión sostenida por los precios del alquiler y la compra: según el Índice de Precios de Vivienda del Instituto Nacional de Estadística, las tasas interanuales de crecimiento se han mantenido en los últimos trimestres por encima de la media de la eurozona que publica Eurostat.
Uno de los frentes que Barbero señala como urgente es la reformulación del registro de la jornada laboral, obligatorio desde 2019 tras el Real Decreto-ley 8/2019. La portavoz de Sumar sostuvo que el sistema actual permite "trampas" y "amenazas" por parte de algunas empresas, que recurrirían a horas extraordinarias no declaradas ni retribuidas para "robar" a la clase trabajadora, lo que en su opinión deriva en "competencia desleal" frente a las compañías que sí cumplen la normativa vigente.
A diferencia de otras medidas, esta reforma no requeriría tramitación parlamentaria, ya que se articularía mediante un desarrollo reglamentario impulsado desde el Ministerio de Trabajo y Economía Social, que dirige Yolanda Díaz. El obstáculo, sin embargo, no estaría en la oposición, sino dentro del propio Ejecutivo de coalición: tanto el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, con Carlos Cuerpo al frente, como el de Transformación Digital y Función Pública, de Óscar López —ambos socialistas—, han trasladado reservas sobre la propuesta.
Desde Trabajo se insiste en mantener dos ejes irrenunciables: que el registro horario sea digital, para dificultar su manipulación, y que resulte accesible para la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, encargada de verificar el cumplimiento de la normativa. Ante el bloqueo, Sumar no aventura una fecha de aprobación en Consejo de Ministros.
La prestación por crianza y el pulso presupuestario
La segunda prioridad señalada por Sumar es la puesta en marcha de una prestación universal por crianza, concebida como herramienta central contra la pobreza infantil. Según la Encuesta de Condiciones de Vida del INE, España mantiene tasas de riesgo de pobreza o exclusión social infantil superiores a la media de la Unión Europea que publica Eurostat, un diagnóstico que comparten formaciones de distinto signo en el arco parlamentario, aunque no siempre coincidan en las soluciones.
El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, dirigido por Pablo Bustinduy, pretende incorporar esta prestación a los Presupuestos Generales del Estado, cuya negociación se retomará tras el parón veraniego. Fuentes de ese departamento sostienen que la medida contaría "ahora mismo" con un "grandísimo" respaldo social y político, y se muestran optimistas: "Saldrá adelante". Barbero, por su parte, aseveró que la iniciativa "tiene que venir al Congreso y la tenemos que aprobar" antes del cierre de la legislatura.
La discusión sobre unas nuevas cuentas públicas no es menor: España arrastra la prórroga de presupuestos aprobados en ejercicios anteriores, una circunstancia que en la práctica reciente ya se dio en etapas finales de otras legislaturas marcadas por mayorías fragmentadas. El precedente más citado es la falta de acuerdo presupuestario que precipitó la repetición electoral de 2019, cuando el Ejecutivo no logró sacar adelante sus cuentas en el Congreso.
De la libertad de expresión a la ley mordaza
El tercer eje afecta a la reforma del Código Penal en materia de libertad de expresión. La semana pasada, el pleno del Congreso rechazó las enmiendas a la totalidad presentadas por el Partido Popular y Vox contra la proposición de ley impulsada por Sumar junto al PSOE, que plantea derogar los delitos de injurias a la Corona y de ofensas a los sentimientos religiosos, recogidos en los artículos 490.3 y 525 del Código Penal. La norma conserva recorrido parlamentario por delante, con el trámite de enmiendas parciales, su paso por comisión, la votación final en el pleno y la posterior tramitación en el Senado.
Durante el debate, PP y Vox defendieron que la reforma debilitaría la protección penal de instituciones y creencias, mientras que los grupos promotores sostienen que ambos delitos resultan incompatibles con los estándares de libertad de expresión fijados por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en distintas sentencias sobre la materia.
El cuarto asunto pendiente es la reforma de la Ley Orgánica 4/2015, de protección de la seguridad ciudadana, conocida popularmente como "ley mordaza", aprobada durante el Gobierno de Mariano Rajoy y contestada desde entonces por buena parte de la izquierda parlamentaria y por organizaciones de derechos civiles. Una propuesta de reforma ya fue compromiso del Ejecutivo de coalición en la legislatura anterior, pero decayó en su tramitación por discrepancias con Esquerra Republicana de Catalunya, sin completar su recorrido en el Congreso.
Sumar retoma ahora ese objetivo con la intención de reabrir la negociación antes de que la legislatura toque a su fin. El precedente reciente invita a la cautela sobre los plazos: la experiencia de la pasada legislatura evidencia que este tipo de reformas dependen de equilibrios parlamentarios frágiles y de la disposición de formaciones nacionalistas e independentistas, cuyo apoyo resulta habitualmente imprescindible para aprobar legislación orgánica, que requiere mayoría absoluta.
Con el calendario político prácticamente detenido hasta finales de agosto, ninguna de las cuatro prioridades tiene garantizada su aprobación antes del fin de una legislatura cuya fecha de conclusión no está fijada oficialmente. La reanudación de la actividad parlamentaria en septiembre, con la negociación presupuestaria como principal cita, marcará el examen de la capacidad del Gobierno y sus socios para sacar adelante una agenda que se agota en un contexto de mayorías cada vez más ajustadas.
