El torneo celebrado en Estados Unidos, México y Canadá en el verano de 2026 ya supuso un salto respecto a ediciones anteriores al incorporar 48 selecciones, doce más que en Catar 2022. Ese formato, aprobado por el Consejo de la FIFA en 2017, había sido objeto de críticas por parte de ligas y sindicatos de jugadores por la saturación del calendario. La nueva propuesta, que llevaría el número de equipos a 64, agravaría esa tensión sobre un calendario que la propia FIFA reconoce cada vez más exigente para los futbolistas.
Según el comunicado filtrado, la FIFA plantea crear una sociedad denominada FIFA Forward Enterprise (FFE), a través de la cual terceros inversores podrían participar con aportaciones mínimas de 20 millones de dólares en un capital único. La entidad llamada a liderar esa estructura sería Thrive Eternal, una firma estadounidense de capital de riesgo fundada por Joshua Kushner, yerno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. De confirmarse ese extremo, Infantino mantendría funciones de supervisión sobre el proyecto sin asumir el cargo de director ejecutivo de la nueva entidad.
La FIFA defiende que su vía de financiación externa es similar a la que ya utilizan otros organismos en distintos deportes, y que resulta necesaria para sostener el crecimiento de sus competiciones, incluida la Copa Intercontinental. En su comunicado, la organización sostiene que «el juego se ha convertido en un valor comercial extraordinario. Queremos que eso continúe porque enaltece todo el juego. Nuestro trabajo consiste en que el resto del fútbol crezca con él», en referencia al reparto de ingresos hacia las federaciones más pequeñas.
El rechazo frontal de la UEFA
La Confederación Europea de Fútbol ha marcado distancia frente al proyecto. Según la posición atribuida a la UEFA, la iniciativa «traspasa una línea de rectores del fútbol que nunca se debería pasar» y la entrada de capital privado sin transparencia sobre quién se beneficia económicamente pondría en riesgo sus competiciones. «El fútbol no es un bien que se pueda negociar (…). Nadie es dueño del fútbol. No le corresponde a la FIFA venderlo así», sostuvo la confederación, que reclamó al resto de federaciones tomarse el asunto «muy en serio».
A esas críticas se sumó Andy Burnham en un mensaje difundido en redes sociales. «Permítanme decirlo muy directamente. El fútbol no pertenece a los inversionistas. Pertenece a la gente que llena las gradas y que está en la línea de banda semana tras semana, llueva o truene», escribió. Y añadió: «La Copa del Mundo no es un producto. Es la mayor competición deportiva del mundo, y nunca fue propiedad de nadie para venderla (…). Una vez que hayas vendido una parte, te habrás vendido. El fútbol pertenece a los aficionados. Siempre ha sido así y siempre lo será».
La FIFA es una asociación sin ánimo de lucro fundada en 1904 que agrupa a 211 federaciones nacionales, más miembros de los que integran la propia ONU. Esa naturaleza jurídica distingue el caso de otras operaciones de capitalización ensayadas por ligas privadas en la última década, cuando fondos soberanos y de capital riesgo entraron en competiciones de distintos deportes en Estados Unidos y Europa. El Mundial no es una liga privada, sino un torneo organizado por una federación internacional cuyos ingresos se redistribuyen hacia sus miembros.
Un antecedente que condiciona el pulso
El precedente más cercano a esta disputa se remonta a 2021, cuando doce grandes clubes europeos intentaron crear la Superliga con respaldo de banca de inversión, un proyecto que la UEFA y la mayoría de federaciones nacionales lograron frenar apelando a la defensa del modelo piramidal del fútbol europeo. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictaminó en diciembre de 2023 que la UEFA y la FIFA habían actuado de forma contraria a la competencia al bloquear ese proyecto sin criterios objetivos, aunque el fallo no obligó a validar la Superliga. Ese antecedente jurídico condiciona ahora la posición de ambos organismos ante cualquier disputa sobre financiación externa.
Desde el punto de vista normativo, cualquier reforma que afecte al formato y a la financiación del Mundial requeriría la aprobación del Congreso de la FIFA, máximo órgano de decisión de la entidad, en el que cada federación nacional dispone de un voto con independencia de su tamaño o peso futbolístico. Ese sistema, heredado de los estatutos fundacionales, otorga en la práctica un poder decisivo a federaciones pequeñas de África, Asia y Oceanía, a las que la FIFA ha cortejado históricamente mediante programas de desarrollo y reparto de fondos.
Las principales ligas europeas, los clubes y los sindicatos de jugadores no habían fijado una posición pública sobre el proyecto concreto en el momento de conocerse la filtración. Esos colectivos ya habían expresado su malestar por la ampliación a 48 selecciones y por el nuevo formato de competición de clubes, y su respuesta dependerá de que la FIFA confirme oficialmente los términos del plan.
El calendario de decisiones es, por ahora, incierto. La FIFA no ha fijado una fecha pública para someter la propuesta a votación en su Congreso, y el propio organismo ha descrito el proyecto como una fase preliminar sujeta a cambios. De avanzar, cualquier ampliación a 64 selecciones para el Mundial de 2030 —cuya organización recae principalmente en España, Portugal y Marruecos, con partidos en Argentina, Paraguay y Uruguay por el centenario del torneo— exigiría decisiones logísticas y de infraestructura que los países anfitriones deberían asumir con apenas cuatro años de margen.
El desenlace dependerá en última instancia de la capacidad de Infantino para sumar apoyos entre las federaciones más pequeñas, beneficiarias potenciales de un mayor reparto de ingresos, frente a la resistencia de la UEFA y de sectores del fútbol europeo que ven en la entrada de capital privado un riesgo para la gobernanza tradicional del deporte. La votación, si llega a producirse, marcaría un punto de inflexión en la forma en que se financia y controla la competición más seguida del planeta.
