La denominada 'Junta de la Paz' para Gaza, organismo impulsado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en los primeros meses de 2025, contemplaba financiarse mediante donaciones por un valor total de 20.000 millones de dólares —cifra equivalente, según el tipo de cambio vigente en el momento de su anuncio, a aproximadamente 18.500 millones de euros— según la información disponible sobre el proyecto. El organismo fue presentado por la administración Trump como el instrumento central para canalizar la reconstrucción del territorio palestino tras el conflicto iniciado en octubre de 2023.
La cifra objetivo y su arquitectura financiera
El diseño del fondo descansaba sobre un esquema de captación de aportaciones privadas y públicas procedentes de terceros, no sobre partidas del presupuesto federal de Estados Unidos. Este modelo de financiación extraestatal, habitual en fondos de reconstrucción postbélica de carácter multilateral, transfiere la sostenibilidad de la iniciativa a la disposición de donantes internacionales, introduciendo una dependencia estructural respecto de actores que la administración promotora no controla ni puede obligar jurídicamente.
Los 20.000 millones de dólares como objetivo de captación sitúan la ambición declarada del proyecto en una escala comparable a los grandes fondos de reconstrucción activados tras conflictos recientes. El Fondo Fiduciario para la Reconstrucción de Iraq, constituido bajo supervisión del Banco Mundial tras la invasión de 2003, movilizó compromisos iniciales de donantes por valor de unos 13.500 millones de dólares en la Conferencia de Madrid de septiembre de 2003, aunque la brecha entre los compromisos anunciados y los desembolsos efectivos tardó años en cerrarse y nunca lo hizo de forma completa, según registros del propio Banco Mundial.
Precedente: la reconstrucción de Iraq en 2003
Ese antecedente iraquí constituye el punto de comparación más directo para evaluar los riesgos estructurales de la iniciativa de Trump. La Conferencia de Donantes de Madrid de 2003 generó titulares sobre decenas de miles de millones comprometidos, pero organismos como el Banco Mundial y la ONU documentaron en informes posteriores que una parte sustancial de esos compromisos se materializó en plazos muy superiores a los anunciados o bajo condiciones que beneficiaban a las empresas contratistas del país donante antes que a la población iraquí. La credibilidad de cualquier fondo de este tipo se mide, en consecuencia, no por la cifra objetivo sino por los compromisos jurídicamente vinculantes y los calendarios de desembolso efectivamente suscritos.
Estructura jurídica e institucional: lo que no consta
La información disponible en el momento de la publicación no permite precisar la estructura jurídica del organismo, su sede, su composición directiva, el mecanismo de supervisión previsto ni las condiciones de acceso a los fondos por parte de las poblaciones beneficiarias. Estos elementos determinan en la práctica la eficacia y la legitimidad de cualquier fondo de reconstrucción. La administración Trump no ha hecho pública, según la información disponible, la constitución formal del organismo bajo ninguna figura de derecho internacional reconocida, lo que lo distingue de fondos fiduciarios gestionados bajo el paraguas del Banco Mundial o del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
La arquitectura de los fondos de reconstrucción postbélica reconoce dos grandes modalidades. La primera es la gestión multilateral, supervisada por organismos internacionales con mandato propio, auditorías externas y mecanismos de rendición de cuentas ante los Estados miembros donantes. La segunda es la gestión bilateral o ad hoc, impulsada por un Estado o coalición sin ese paraguas institucional, que ofrece mayor agilidad política pero genera más incertidumbre sobre gobernanza, transparencia y trazabilidad de los fondos. La 'Junta de la Paz', tal como ha sido descrita hasta ahora, respondería a este segundo modelo.
Posiciones de las partes y ausencia de réplica documentada
La administración Trump defendió públicamente la iniciativa como un mecanismo de reconstrucción civil destinado a Gaza, enmarcándola en su política de acuerdo para el cese de hostilidades. Ni la Autoridad Palestina, ni Hamas, ni los principales donantes potenciales —entre los que figurarían, según fuentes diplomáticas, países del Golfo Pérsico— han hecho pública, según la información disponible, una posición formal de adhesión o rechazo al organismo con cifras de compromiso concretas. La Unión Europea, que gestiona su propia ayuda a Gaza a través de instrumentos como el Fondo Fiduciario Regional de la UE en Respuesta a la Crisis Siria (modelo de referencia para crisis vecinas), no ha comunicado formalmente su participación en la 'Junta de la Paz'.
Marco normativo aplicable a fondos de reconstrucción de esta naturaleza
Los fondos de reconstrucción de carácter internacional quedan sujetos, cuando operan bajo el paraguas de la ONU o el Banco Mundial, a los estatutos y procedimientos de adquisiciones de esas instituciones, con auditorías del Grupo de Evaluación Independiente. Si operan al margen de ese marco, como podría ser el caso de la 'Junta de la Paz' en su configuración actual, la supervisión recae en el derecho interno del Estado promotor —en este caso, la legislación federal estadounidense sobre ayuda exterior, regulada principalmente por la Foreign Assistance Act de 1961 y sus enmiendas— y en los acuerdos bilaterales que se suscriban con cada donante. La ausencia de un marco multilateral reconocido complica la exigencia de responsabilidades en caso de malversación o desvío de fondos.
El material disponible no permite confirmar qué donantes habrían sido contactados formalmente, qué cantidades habrían comprometido, en qué plazo se preveía alcanzar el objetivo de captación ni cuál es el estado operativo del proyecto desde su lanzamiento en 2025. La ausencia de estos datos impide evaluar el grado de avance real de la iniciativa más allá de su concepción inicial y de la cifra objetivo declarada.
Plazos y variables que determinarán la viabilidad del proyecto
La viabilidad de la 'Junta de la Paz' dependerá, en primer lugar, de la capacidad de la administración Trump para traducir la cifra objetivo en compromisos concretos con calendario de desembolso antes de que concluya su actual mandato en enero de 2029. En segundo lugar, de la definición del marco jurídico e institucional que adopte el organismo, condición necesaria para que grandes donantes institucionales —fondos soberanos del Golfo, Unión Europea, Banco Mundial— puedan adherirse sin riesgo reputacional ni legal. En tercer lugar, de la evolución del propio conflicto en Gaza, variable que condiciona cualquier planificación de reconstrucción sobre el terreno: sin un acuerdo de cese de hostilidades estable y verificable, ningún fondo de reconstrucción de esta envergadura ha logrado históricamente materializar sus compromisos iniciales en desembolsos efectivos. El Hemiciclo seguirá el desarrollo de esta iniciativa a medida que se publiquen datos verificables sobre su estructura, financiación y compromisos de donantes.
