Ben Gvir en el foco de la justicia italiana
Ben Gvir, líder del partido ultranacionalista Otzma Yehudit y titular de la cartera de Seguridad Nacional desde la formación del actual gobierno de coalición en diciembre de 2022, ostenta el mando directo sobre la Policía de Fronteras israelí (Magav), el cuerpo que ejecutó el abordaje de la flotilla. La investigación italiana, según la información, sitúa al ministro en la cadena de mando de las acciones que habrían derivado en el trato degradante de los detenidos, varios de ellos con pasaporte italiano.
La apertura de una investigación preliminar —denominada en el sistema procesal italiano indagini preliminari— no implica la formulación inmediata de cargos, pero obliga al fiscal competente a recabar pruebas, tomar declaración a los perjudicados y evaluar si existen indicios suficientes para solicitar al juez de instrucción (giudice per le indagini preliminari, GIP) la apertura del juicio oral. Este trámite puede extenderse varios meses, aunque la gravedad de los delitos presuntos —secuestro y tortura, ambos previstos en el Código Penal italiano con penas que superan los cinco años de prisión— confiere al expediente carácter prioritario.
Qué ocurrió durante el abordaje de la flotilla
La flotilla a la que se refiere la investigación formaba parte de los sucesivos intentos de organizaciones pro-palestinas de romper el bloqueo naval israelí sobre Gaza, una restricción impuesta por Israel desde 2007 tras la toma del territorio por Hamás y cuya legalidad ha sido cuestionada reiteradamente por la ONU y por organizaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional y Human Rights Watch. Las fuerzas israelíes interceptaron la embarcación en aguas internacionales, procedieron al abordaje y trasladaron a los activistas a territorio israelí, donde permanecieron detenidos durante un período cuya duración exacta está siendo determinada por los investigadores italianos.
Según los testimonios recabados por los fiscales, los ciudadanos italianos habrían sido sometidos a condiciones de detención incompatibles con los estándares establecidos por el Convenio contra la Tortura de la ONU, del que Israel es Estado parte desde 1991, y con el artículo 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que prohíbe de forma absoluta los tratos inhumanos o degradantes. Italia, por su parte, tiene la obligación de investigar y perseguir los delitos cometidos contra sus nacionales con independencia del lugar donde se hayan producido, en virtud del principio de personalidad pasiva recogido en el artículo 10 del Código Penal italiano.
El marco jurídico: jurisdicción universal y responsabilidad del mando
La clave jurídica del caso reside en la posible aplicación de la doctrina de la responsabilidad del mando (command responsibility), un principio consolidado en el derecho penal internacional desde los juicios de Núremberg y codificado posteriormente en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (1998). Conforme a este principio, un superior jerárquico puede ser considerado penalmente responsable de los actos de sus subordinados si sabía o debía saber que se estaban cometiendo crímenes y no adoptó las medidas necesarias para impedirlos o para sancionar a los responsables.
El precedente más relevante en el ámbito europeo reciente es el caso Habré: el ex presidente chadiano Hissène Habré fue condenado en 2016 por el Tribunal Penal Especial para África —con sede en Dakar— precisamente mediante la aplicación de este principio, tras décadas de exilio en Senegal. En el contexto israelí, la Corte Penal Internacional ya emitió en noviembre de 2024 órdenes de arresto contra el primer ministro Netanyahu y el ex ministro de Defensa Yoav Gallant por presuntos crímenes de guerra en Gaza, lo que ilustra el creciente activismo judicial internacional respecto a las acciones del ejecutivo israelí.
Italia no está obligada a remitir el caso a la CPI ni a esperar su resolución: puede ejercer su jurisdicción nacional de forma autónoma. Sin embargo, si los fiscales italianos llegaran a formular cargos y Ben Gvir pisara suelo italiano o el de cualquier otro Estado miembro de la UE, la emisión de una orden europea de detención y entrega (euroorden) podría desencadenar una crisis diplomática de primer orden entre la Unión Europea e Israel.
La posición de Israel y la respuesta del gobierno Netanyahu
El Gobierno israelí no había emitido una respuesta oficial detallada a la investigación italiana en el momento del cierre de esta edición. En el pasado, las autoridades de Tel Aviv han calificado sistemáticamente los abordajes a flotillas como operaciones de seguridad legítimas amparadas en el derecho de bloqueo naval reconocido por el derecho internacional humanitario, invocando en particular la Declaración de San Remo sobre el Derecho Internacional Aplicable a los Conflictos Armados en el Mar (1994). La Marina israelí sostiene que el bloqueo a Gaza tiene como finalidad impedir el contrabando de armamento hacia Hamás.
Ben Gvir, cuyo perfil político se sitúa en la extrema derecha del espectro israelí —fue condenado en Israel por incitación al racismo y apoyo a una organización terrorista en 2007 antes de reorientar su carrera política—, ha hecho de la línea dura en materia de seguridad su principal activo electoral. Fuentes próximas al ministerio han sostenido en el pasado que las actuaciones de la Magav se ajustan estrictamente a los protocolos aprobados por el gabinete de seguridad, lo que, de ser cierto, elevaría la responsabilidad al nivel político más alto.
Antecedentes: el abordaje al Mavi Marmara y sus consecuencias
El caso tiene un precedente histórico directo en el abordaje al Mavi Marmara el 31 de mayo de 2010, cuando comandos israelíes asaltaron la embarcación turca que encabezaba otra flotilla de ayuda a Gaza y mataron a nueve activistas turcos, además de herir a decenas de personas. Aquel episodio provocó la ruptura temporal de relaciones diplomáticas entre Israel y Turquía —no normalizadas hasta 2022—, una misión de investigación del Consejo de Derechos Humanos de la ONU que concluyó que el bloqueo constituía una violación del derecho internacional, y una investigación judicial en España impulsada por la Audiencia Nacional, que llegó a admitir a trámite una querella antes de que la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial de 2014 limitara el alcance de la justicia universal española.
Aquel precedente reveló que las investigaciones judiciales nacionales sobre actuaciones israelíes tendían a naufragar ante la falta de cooperación de Tel Aviv y la complejidad de obtener pruebas. La diferencia sustancial con el caso actual es que los perjudicados son ciudadanos de un Estado miembro de la UE, lo que activa mecanismos de presión diplomática y asistencia consular que no estaban disponibles en el caso turco en la misma medida institucional.
Relaciones Italia-Israel y el impacto diplomático previsible
Italia mantiene relaciones comerciales y de defensa con Israel que complican la gestión política del caso. Según datos del Instituto Nacional de Estadística italiano (ISTAT), el intercambio bilateral de bienes entre ambos países superó los 2.000 millones de euros anuales en los últimos ejercicios disponibles, con un saldo favorable a Italia. El acuerdo de cooperación industrial en materia de defensa, vigente desde los años noventa, incluye transferencias tecnológicas en sectores de doble uso que el Parlamento italiano revisó parcialmente en 2024 ante la presión de grupos pacifistas.
El gobierno de Giorgia Meloni, cuya posición respecto al conflicto en Gaza ha oscilado entre el apoyo al derecho de autodefensa israelí y el llamamiento a la protección de civiles, se encuentra ante una disyuntiva: respaldar abiertamente la actuación de la fiscalía —constitucionalmente independiente del ejecutivo en Italia— implicaría una tensión diplomática con Tel Aviv en un momento de alta sensibilidad; ignorarla o intentar neutralizarla podría provocar una crisis interna con los sectores de la coalición más críticos con Israel y con la oposición de centroizquierda. La Constitución italiana garantiza la independencia de la magistratura (artículo 104), por lo que el gobierno carece de instrumentos legales para frenar la instrucción.
Próximos pasos: plazos e hitos del procedimiento
La fiscalía competente —presumiblemente la de Roma, dada la naturaleza de los hechos y la residencia de algunos de los perjudicados— deberá concluir la fase de investigación preliminar y decidir si solicita al GIP el archivo o la apertura de juicio. Si se formula acusación formal contra Ben Gvir, la cuestión de la inmunidad funcional de un ministro en activo de un Estado no miembro de la UE pasará a ser el eje del debate jurídico: el derecho internacional consuetudinario reconoce inmunidades a los jefes de Estado y de Gobierno en ejercicio, pero la doctrina sobre ministros de cartera es menos clara, como ilustró el caso Pinochet en 1998 o las propias deliberaciones del Tribunal Internacional de Justicia en el asunto República Democrática del Congo c. Bélgica (2002). Ese fallo del TIJ, conocido como el caso de la Orden de Arresto, estableció que los ministros de Asuntos Exteriores en ejercicio gozan de inmunidad ante jurisdicciones extranjeras, pero dejó abierta la cuestión para otros ministros. Los próximos meses determinarán si la causa avanza hacia ese umbral inédito o queda bloqueada en los laberintos del derecho internacional.
